Así, los artículos 14, 16 y 18 recogen el planteo del jefe municipal, donde ya funciona un mecanismo con 36 cámaras.
Allí se señala que el Estado provincial y los municipios o comunas “no podrán delegar la prestación del servicio de videovigilancia en los espacios públicos”, y que los sistemas de captación existentes al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley en los municipios “deberán contar con la respectiva aprobación conforme lo dispone el artículo 16, adecuándose a las disposiciones de esta ley, en un plazo no mayor de un año contado a partir de su entrada en vigencia”. De ese modo, los municipios podrán seguir manejando estos mecanismos.
Las otras modificaciones al proyecto original consistieron en la reducción de un año a seis meses la obligatoriedad de conservar las imágenes captadas por las cámaras, debido al costo del mantenimiento por un mayor tiempo y su relativa conveniencia; y a la obligatoriedad de informar “por medio de colocación de carteles gráficos que especifiquen, de manera clara y permanente, el emplazamiento en los lugares públicos o de acceso público” de los sistemas de videovigilancia.
Al momento de defender el proyecto, Lara destacó que es necesario contar con un marco regulatorio. “Las cámaras ya están en los espacios públicos y es nuestro deber regular la toma de imagen de los ciudadanos (...) Es fundamental ponerle límites al poder del Estado en cuanto a la administración de esas imágenes...”, indicó.
Luego se refirió a la necesaria consideración de cómo el mecanismo “puede afectar los derechos fundamentales de las personas...” Y añadió: “La ley tiene que preservar la intimidad de los ciudadanos. Todos los sistemas deben prever que no se afecte el derecho de intimidad (…) Esta va a ser una ley más garantista y completa que otras leyes que hay en otras provincias”, aseguró. “Me queda la tranquilidad de que el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía de Entre Ríos, va a ser garante de la aplicación de esta ley”, agregó.
Lara también recordó que el tratamiento de la ley se destrabó por una gestión del gobernador, Sergio Urribarri .
Finalmente insistió en el criterio de “razonabilidad que debe haber entre el mecanismo de prevención y los derechos afectados”. Indicó que la norma considera la posibilidad de que los ciudadanos reclamen cuando se vea vulnerada su intimidad y que también se garantiza la confidencialidad en el tratamiento de las imágenes captadas.
La ausencia de Allende
La presidencia de la sesión de ayer estuvo a cargo del diputado paranaense y militante de La Cámpora Pablo Mendoza, quien reemplazó al titular del cuerpo, el gremialista José Allende. En el recinto circularon numerosas versiones sobre las razones del faltazo, e incluso se habló del enojo de Allende con colaboradores cercanos al gobernador Sergio Urribarri que cumplen funciones en el cuerpo, pero nada de esto fue confirmado.
Lo que sí trascendió fue una reunión informal del bloque donde se cuestionó duramente al titular de la Cámara. Los pocos que lo defendieron explicaron que en realidad Allende “es presidente, pero no maneja la caja, por lo que mucho no puede hacer”.