puede dar al material obtenido en el ámbito provincial.
Si bien existía consenso entre los legisladores de todos los bloques en apoyar el proyecto elaborado por el justicialista Diego Lara, la situación de los sistemas que ya están instalados en algunos municipios fue el punto de discordia que retardó su tratamiento.
La participación del ministro de Gobierno, Adán Bahl, y del jefe de la Policía, Héctor Massuh, junto a Lara y los presidentes de los bloques del Frente Para la Victoria y del Frente Entrerriano Federal, Juan Navarro y Fabián Flores, logró destrabar el tema y se alcanzó una redacción que conforma también a los intendentes, que inicialmente se oponían a la sanción de la norma.
Ahora, en un contexto en el que se considera necesaria la regulación de los cada vez más difundidos sistemas de videovigilancia, se estima que el proyecto logrará rápidamente la sanción definitiva.
Los sistemas municipales
El proyecto que se tratará en el recinto señala que todo sistema de captación de imágenes deberá inscribirse en un registro que a tal efecto habilitará la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Gobierno. También señala que el Estado Provincial, como asimismo los municipios o comunas, no podrán delegar la prestación del servicio de videovigilancia en los espacios públicos.
Respecto de los sistemas de captación existentes al momento de la entrada en vigencia de la ley en municipios y comunas, se señala que deberán contar con la respectiva aprobación, adecuándose a las disposiciones de la ley en un plazo no mayor de un año contado a partir de su entrada en vigencia.
Otros aspectos
En otro orden, el proyecto indica que la ley regula en la provincia la instalación y utilización de videocámaras y/o sistemas de captación de imágenes para tomar y grabar imágenes en la vía pública, en lugares públicos o de acceso público y su posterior tratamiento con el objeto de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos y la prevención de delitos y faltas de cualquier naturaleza. Pero debe hacerlo sin poner en riesgo las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.
El “tratamiento” de las imágenes comprende la captación, grabación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, incluida la emisión, reproducción y tratamiento de los datos personales relacionados con aquellas.
Se indica claramente que las cámaras, videocámaras y cualquier otro medio técnico análogo solo podrán utilizarse para el mantenimiento y preservación de la seguridad ciudadana y que en su uso deberá tener una razonable proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación al honor, a la imagen, a la intimidad y a la privacidad de las personas, de conformidad con la legislación vigente.
Entre otros aspectos, se señala que el tratamiento de imágenes de personas físicas obtenidas en lugares públicos será lícito cuando los sistemas que se utilicen cuenten con la autorización previa de la autoridad de aplicación, y que toda la información obtenida tendrá carácter absolutamente confidencial y solo podrá ser requerida por magistrados, fiscales o defensores que investiguen causas contravencionales o penales.
No se podrán instalar ni utilizar videocámaras para captar imágenes del interior de propiedades privadas. Igualmente quedará prohibido registrar datos personales o sensibles en archivos, registros o bancos que no reúnan las condiciones técnicas de integridad y seguridad necesarias. También se prohíbe utilizar los mecanismos para a la obtención de imágenes que revelen el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual de las personas.
Será público el registro de los sistemas de videovigilancia en funcionamiento y las cámaras no podrán captar audio, entre otros aspectos.
El recorrido del proyecto
El proyecto de regulación de los sistemas de videovigilancia ingresó en Diputados en febrero y fue remitido a la Comisión de Legislación General.
El 9 de abril el jefe de la Policía de Entre Ríos, Héctor Massuh, concurrió a la reunión de Legislación General de la Cámara para debatir los alcances del proyecto. El titular de la Policía provincial, que fue acompañado por el asesor Jorge Luján, manifestó su conformidad con el proyecto.
Un par de semanas después la comisión había logrado un acuerdo en torno al dictamen a producir, que se suponía, sería por unanimidad.
Sin embargo, el planteo de algunos intendentes en disconformidad con lo que pasaría con los mecanismos que algunos municipios ya tienen en funcionamiento demoró casi cuatro meses el tratamiento de la norma.
En ese período, el proyecto recibió el apoyo de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, que incluso invitó a Lara a disertar en las jornadas sobre Nuevas Tecnologías en Seguridad Pública y Privada, desarrolladas en Capital Federal.