Reconocimiento al GDF por seguridad para el turismo

Por acciones como la videovigilancia, los módulos de información y la inversión en equipamiento, lo que brinda seguridad a visitantes, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) será galardonado en la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en Madrid, España.

Este premio será un reconocmiento a la gestión del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y será recibido por el secretario de Turismo local, Alejandro Rojas, quien, como miembro del GDF, aludirá a los logros obtenidos.

Destacan en la capital los logros en materia de seguridad mediante el programa de videocámaras, de las que hay más de 13 mil instaladas en toda la urbe

FUENTE:El Sol de México

Las cámaras fueron la clave

El intendente de Tigre, Sergio Massa, aseguró ayer que tanto el trabajo de videovigilancia del municipio como el de la SIDE fueron clave para el fiscal, que investiga el asesinato de la maestra Silvia Prigent. Massa fue criticado por el ahora ex abogado del viudo Daniel Sfeir por reunirse con los familiares de Prigent excluyendo a su marido. Sin mencionar esos dichos, ayer aclaró: “No quiero hacer una condena previa a la que tiene que hacer la Justicia. Sí puedo asegurar que voy a estar al lado de la familia y colaborando con la Justicia”.

“Cuando el material de las cámaras tome estado público, ustedes van a poder ver las contradicciones de Sfeir. A mí no me interesa entrar en polémica. Me interesa que la familia de Silvia encuentre justicia y paz”, dijo ayer el intendente. Las diecinueve cámaras de control de tránsito de los municipios de Tigre y San Fernando fueron clave para la investigación, según reconocieron desde la fiscalía. “Hay elementos contundentes para esclarecer el crimen”, aseguró ayer Massa

FUENTE:Página 12

Direccionamiento en un contrato para la seguridad de Bogotá?
Fondo bajo vigilancia I

Durante los últimos meses, la Contraloría Distrital ha redoblado sus auditorías al Fondo de Vigilancia de la ciudad y ahora comienza a ver resultados. La fiscal Viviane Morales ya fue notificada

En octubre y noviembre del año pasado llegaron al despacho de la entonces alcaldesa encargada, Clara López, dos documentos firmados por Mario Solano, contralor de Bogotá. Las dos comunicaciones tenían como referencia la misma entidad: el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito (FVS). Las dos compartían una misma palabra: “Riesgo”. Una hablaba de un contrato de $13 mil millones; la otra, de $4.400 millones.

Con un presupuesto de $1,2 billones durante los últimos cuatro años, el FVS provee a las entidades de seguridad en la ciudad —tanto militares como policiales— parte de la infraestructura y los recursos necesarios para sus labores.

Los dos contratos auditados —uno para la compra de cámaras de vigilancia a la firma Verytel y el otro para la contratación del mantenimiento de los carros de la entidad con la firma Auto Express Morato— formaban parte de una larga lista de contratos firmados por el FVS, que durante los últimos meses se han convertido en el centro de una exhaustiva investigación por parte de los auditores de la Contraloría, que trabajan desde hace semanas en una pequeña oficina en el interior del lugar, rodeados de carpetas y procesos licitatorios, en donde les es restringida la entrada al resto de funcionarios de la entidad.

La advertencia de noviembre suscitó un crudo cruce de cartas entre el contralor y Mauricio Solano, gerente del Fondo. El segundo le recriminaba al primero la ausencia del sustento técnico de su informe y ponía en duda la legalidad de sus procedimientos; el primero le alegaba el sustento de los operativos y ratificaba que actuaba en la norma. Dentro del Fondo se comenzó a hablar de una guerra política en contra del director de la entidad; dentro de la Contraloría, se hablaba de papeles desaparecidos y obstrucción a los procesos de auditoría.

La pelea por los dos contratos quedó de ese tamaño. Pero las auditorías no cesaron. De hecho, mientras que en el primer semestre de 2011 el entonces contralor Miguel Ángel Moralesrussi —hoy detenido y enjuiciado por el escándalo del cartel de la contratación— realizó sólo una auditoría al Fondo de Vigilancia, la llegada del contralor Mario Solano al ente de control multiplicó el seguimiento, hasta el punto que hoy tiene bajo la lupa más de una decena de contratos firmados en los últimos dos años por una institución que tiene en sus manos la compra y el mantenimiento de los recursos para la seguridad de los bogotanos.

Y ya hay un hallazgo. Uno que, según fuentes del ente de control, le fue entregado hace dos semanas directamente a la fiscal general, Viviane Morales.

El 28 de diciembre de 2010, el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, en el marco de sus proyectos de prevención de conflictos y delitos urbanos, contrató al empresario Mario Pino para que proveyera los servicios de logística de los eventos masivos organizados por el Fondo. Vallas de contención, alquiler de escenarios, luces, personal, camisetas, entre otros elementos, quedaron a cargo de la empresa, en un contrato adjudicado por $1.394 millones.

La carpeta del contrato Pino reposa hoy en la pequeña oficina que ha montado la Contraloría en las entrañas del Fondo. A primera vista, los auditores, según un informe preliminar al que tuvo acceso este diario, encontraron que las propuestas presentadas por las tres empresas licitantes (Fundación Periódico Sxii, Target Medios y Mario Pino Producción y Organización de Eventos) habían incurrido en “valores elevados y duplicidad en el costo de algunas actividades”. En otras palabras, parecía como si, presuntamente, las propuestas allí presentadas se hubieran modificado irregularmente para hacerlas menos competitivas.

Sorprendidos ante este descubrimiento, los investigadores se dirigieron a mediados de diciembre del año pasado a las dos empresas que perdieron la licitación. En Target Medios su gerente, José Antonio Jiménez, admitió haber remitido la cotización “con los respectivos valores para dicha oferta”.

En Sxii, en cambio, los auditores se encontraron con una sorpresa aún mayor. Patricia Cerón, su representante legal, negó haber suscrito las cotizaciones que figuraban en el proceso licitatorio, admitió que esa era su papelería y aseguró que esta “es fácil de copiar”. “Estoy totalmente sorprendida con esta información”, le dijo ese martes 13 de diciembre a los miembros del Comité Técnico de la Contraloría que la visitaron.

¿Direccionó el Fondo de Vigilancia el contrato? ¿Quién y en qué circunstancias tergiversó los precios de las cotizaciones y falsificó la papelería de un licitante? ¿Tenía conocimiento de esta situación el gerente del Fondo, Mauricio Solano?

El Espectador intentó hablar con el funcionario, pero éste se abstuvo de pronunciarse, argumentando que lo hará cuando la Contraloría lo notifique formalmente del hallazgo.

El tema es relevante, pues en manos de los entes de control está determinar si este presunto delito es sólo un caso aislado o un ejemplo de un esquema sistemático como el del cartel de la contratación de la malla vial o como el que recién se comienza a conocer en el caso del sector salud.

Al respecto, el secretario de Gobierno de la nueva administración, Antonio Navarro Wolff, le aseguró a este diario hace una semana que la nueva administración “ejercerá todos los controles sobre el funcionamiento y la contratación (del Fondo de Seguridad y Vigilancia)”.

Entre tanto, el hallazgo de la Contraloría entrará a formar parte, como pudo confirmar El Espectador, del expediente que en la Fiscalía General se ha abierto en contra de los 17 concejales investigados por la contratación en la ciudad.

* Espere mañana: “Los curiosos contratos”

Algunas cifras del Fondo

$170 mil millones es el presupuesto con el que contará la entidad durante 2012, recursos que fueron aprobados por la administración pasada.

$1,2 billones es el presupuesto con el que contó el Fondo durante todo el cuatrenio del exalcalde Samuel Moreno Rojas.

27 es el número de empleados de planta con el que cuenta el Fondo de Vigilancia y Seguridad. Se estima que los contratistas son 445.

19 auditorías ha realizado la Contraloría al Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito en los últimos seis meses, según cifras de esta última entidad.

FUENTE:ElEspectador.com

Deberán participar autoridades escolares y padres de familia en la colocación de cámaras de videovigilancia: José Herrera Chávez

Se espera un reporte sobre los centros escolares y las áreas de mayor incidencia delictiva.

Este año, se deberá poner en marcha el proyecto de colocación de cámaras de videovigilancia en las escuelas, en el cual deberán participar las autoridades educativas y los padres de familia. Así lo afirmó el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, José Herrera Chávez, quien admitió que en esta ocasión se habrá de seguir una estrategia que garantice la efectividad del uso de dichos dispositivos.

No obstante que el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Felipe Sedano Reynoso, señaló en su momento que no tenía conocimiento de este plan y afirmó que el organismo no cuenta con recursos económicos para esto, Herrera Chávez aseveró que se cumplirá con el programa que fue dado a conocer en la reciente reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública por parte del gobernador del estado, Marco Antonio Adame Castillo.

Dijo que se espera que haya disposición de las autoridades educativas para que pudieran dar un informe sobre los centros escolares y las áreas de mayor incidencia delictiva.

Consideró que el proyecto tiene que ser elaborado por completo y en este proceso se deberán proponer algunas mejoras para eliminar fallas como las ocurridas en el programa piloto que se puso en operación en Morelos en secundarias hace unos años, en el que incluso algunas de las cámaras fueron robadas.

Herrera Chávez expresó que naturalmente se trata de una empresa muy amplia, pues incluye a miles de estudiantes y por tanto es necesaria una actitud de cooperación de padres de familia y de las propias escuelas, directivos y maestros.

Explicó que se requiere de establecer métodos o mecánicas homogéneas de operar, es decir, que los maestros sepan cómo reaccionar para que avisen cuando detecten alguna conducta ilícita.

El secretario técnico comentó que para que se destinen recursos se requiere de un proyecto bien consolidado, por lo que están en pláticas, porque tiene que concatenarse una acción bien coordinada entre las diversas instancias oficiales, en una estrategia elemental.

Expuso que se necesita establecer una mesa de trabajo y proponer las medidas que a cada uno correspondan conforme con sus atribuciones y obligaciones.

Aunque dijo desconocer el programa piloto anterior, destacó que en este proyecto no se puede pensar en sólo colocar las cámaras y ya –no obstante que incluso su simple existencia o presencia puede inhibir el delito--, sino que se tiene que colocar las cámaras en sitios estratégicos, con cajas o jaulas que protejan a las cámaras para que no se las roben y en general afirmó que es cuestión de sentido común sentarse y diseñar la manera de operar. Dejó en claro que lo ideal para esto es la participación ciudadana. Esto no se va a solucionar hasta que surja la preocupación en cada hogar, hasta que surja la preocupación de dónde están sus hijos y qué están haciendo, y planteó que habría mayor interés y cuidado, así como exactitud a la hora de emitir datos, si son los padres de familia quienes encabezan esta estrategia

FUENTE:Unión de Morelos