El Estado presupuestó ¢360.000 millones para pagar consultorías y servicios en el 2011 en todos los órganos del Gobierno Central y sus instituciones, lo que implica un aumento del 47% respecto de lo presupuestado en el 2007.
La cifra se distribuye en los planes de gastos de 138 instituciones de toda la Administración Pública, que incluyen ministerios y entes descentralizados.
Los fondos se destinarán para el pago de servicios que puede ir desde la contratación de seguridad privada hasta el mantenimiento y desarrollo de sistemas informáticos.
Así lo evidencia información que recopiló la Contraloría General de la República (CGR) como parte del programa de planeamiento de presupuestos institucionales para el 2011.
En el 2007, el Gobierno presupuestó ¢173.700 millones, que actualizados con base en la inflación, equivalen a ¢245.000 millones de hoy. Para los siguientes tres años, el gasto siguió creciendo y no fue hasta el 2011 que se frenó, pero sin disminuir.
Para el 2008, el presupuesto destinado al pago de consultorías y servicios alcanzó la cifra de ¢238.300 millones de la época, lo que representan ¢309.000 millones de hoy. Esto significó un aumento del 26%.
En el 2008 y el 2009 el crecimiento en comparación con el 2007 fue del 42% y 46%, respectivamente.
Servicios y consultorías. El pago de servicios a personas físicas y jurídicas fuera del Estado se encuentra en la partida de “Servicios de Gestión y Apoyo”.
La información está recopilada y disponible en la página web de la Contraloría ( www.cgr.go.cr ), y forma parte del programa “Sistema de información sobre planes y presupuestos públicos”.
Jaime Mora, coordinador de ese programa en la entidad fiscalizadora, explicó que los rubros son aprobados por la Contraloría porque se adaptan a las normas diseñadas por el Ministerio de Hacienda.
Según esas reglas, las labores de gestión y apoyo “están constituidas por los gastos de servicios profesionales, técnicos y misceláneos, con personas físicas o jurídicas” para realizar trabajos específicos de acuerdo con el manual de presupuestos públicos del Ministerio.
“Se incluyen en este grupo los conceptos de consultorías y honorarios que comprenden la contratación transitoria para la prestación de servicios técnicos, profesionales y otros”, señala el documento guía de Hacienda.
El pago de estos servicios se divide en siete grupos, a saber: servicios médicos, servicios jurídicos, servicios de ciencias económicas y sociales, servicios de desarrollo de sistemas informáticos, servicios generales y “otros servicios de gestión y apoyo”.
Los gastos en servicios pagados a terceros por el Estado son abundantes. Por ejemplo, los ¢38.354 millones pagados por servicios médicos y de laboratorio contratados a terceros, en su mayoría (¢33.922 millones) por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Otro de los rubros es el que destina ¢50.000 millones al pago de asesorías y servicios para el desarrollo de sistemas informáticos.
En el área de “servicios jurídicos”, las contrataciones programadas fuera de la planilla del Estado tienen un contenido económico de ¢6.746 millones.
El rubro más alto es el de “Otros servicios de gestión y apoyo”, para el que se destinan ¢87.850 millones.
Los datos sirvieron de base a la denuncia del diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Luis Fishman, para exigir un recorte de gastos al Poder Ejecutivo, y evitar la reforma fiscal que presentó ante la Asamblea Legislativa.
Fishman cuestionó el uso de estos recursos, cuando el Estado y sus instituciones los pueden proveer.
Con esta partida, las entidades públicas se aseguran el pago de servicios muy variados. Entre ellos están el mensajero de la empresa privada que les deja correspondencia, hasta el lavado de los carros.
Para los representantes de instituciones públicas sobran argumentos para defender los gastos.
Mario Rivera Turcios, gerente general Banco de Costa Rica, consideró que estos recursos son necesarios para la contratación de auditores externos para el conglomerado del banco.
En su criterio, estas erogaciones están planteadas en función de las necesidades que el Estado no puede proveer por su propia cuenta.
Asimismo, defendió el pago de consultorías técnicas de carácter regulatorio que por ley deben ser implementadas por la entidad.
En el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), su vocero, Elbert Durán, recalcó que la apertura del mercado de las telecomunicaciones, obligó a un aumento en rubros de consultorías.
Mientras, en el Instituto Nacional de Seguros (INS), su presidente, Guillermo Constenla, insiste en que la entidad debe reforzarse de cara a la apertura del mercado en que compite su representada.
FUENTE: www.nacion.com