Lo anterior ha favorecido el desarrollo de numerosas empresas ?patito? en este rubro, creadas al vapor y al margen de los registros oficiales que no siguen los procedimientos de evaluación requeridos para la contratación de su personal, por lo que en tales casos este tipo de negocios representan no sólo un bajo nivel de la calidad en el servicio, sino un riesgo para la seguridad de los contratantes.

Al no tener una fiscalización seria de los antecedentes de sus trabajadores, muchas de estas empresas frecuentemente terminan reclutando a personas que probablemente cuentan con antecedentes penales o han cometido algún delito en sus comunidades de origen, por lo que una vez que están en servicio muchos se prestan a ser comparsas de la delincuencia, o a participar directamente en ilícitos que tienen que ver con el robo, el secuestro y hasta el homicidio de gente a la que en teoría protegen.

De acuerdo a datos del Departamento de Supervisión de Empresas de Seguridad Privada, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), actualmente existen en Ciudad Juárez un total de 4 mil 325 agentes de seguridad privada registrados, que constituyen menos de la mitad de las alrededor de 10 mil posiciones que constituyen el universo laboral de la ciudad en este rubro, según datos de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Ciudad Juárez A. C.

Este personal está integrado en un total de 223 empresas, de las cuales 173 están en funciones mientras que el resto está en proceso de supervisión para determinar si cuentan con los elementos requeridos para su regularización, la renovación de su licencia, o bien determinar si ya no existen para proceder a su baja definitiva del padrón.

Los datos muestran un incremento en el número de empresas de seguridad privada de casi un 22.5 por ciento y de más de un 50 por ciento de personas dedicadas a esta actividad en los últimos tres años, pues de acuerdo a datos de 2008 la entonces Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) tenía registrado un total de 174 empresas en la ciudad, de las cuales 125 estaban en regla y el resto en proceso de certificación o renovación de sus licencias, además de que entonces no se tenía un padrón claro del número de empleados, por lo que extraoficialmente se hablaba de un número que variaba entre 5 mil y 7 mil vigilantes privados, con poco más de 2 mil agentes registrados.

Como dato duro, la Confederación Nacional de Empresarios en Seguridad Privada (Conespri) señala que en el país el 76 por ciento del personal de vigilancia privada labora de manera ilegal.

Los datos de la SSPM contabilizan la existencia de 113 fraccionamientos y 115 empresas maquiladoras que cuentan con la vigilancia de un total de 142 y 733 guardias de seguridad respectivamente, además de que Seguridad Pública Municipal reportó la existencia de 370 guardias que no pertenecen a ninguna de las empresas de seguridad privada existentes y que laboran directamente para 38 empresas comerciales de la ciudad.

Mientras que a nivel local el coordinador de la fracción del PAN en el Cabildo, Sergio Madero, considera que la legislación vigente es obsoleta y debe ser actualizada por estar diseñada para operar en condiciones normales y no en las condiciones de violencia ?atípica? que se vive actualmente en la ciudad, a nivel federal instancias como el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), que aglutina a alrededor de 300 empresas en todo el país, denuncia grandes deficiencias en la legislación que hacen que el sector sea considerado un foco rojo.

Alejandro Desfassiaux, presidente de dicho organismo manifiesta que los esfuerzos han sido insuficientes y mal enfocados, toda vez que mientras que existe una sobrerregulación para quienes sí están debidamente registrados a nivel federal, en lo referente a estados y municipios hay una laxa regulación, con el hecho además de que la autoridad federal no tiene ningún poder para poner el orden sin la anuencia de estados y municipios.

Para Desfassiaux, esto implica que en muchas entidades absolutamente nadie controla a las empresas que trabajan sin permiso, por lo cual están a sus anchas, operando bajo un ?efecto cucaracha? por un tiempo en un municipio, para desaparecer y trasladarse a otro lugar en cuanto las condiciones se vuelven desfavorables.

"Un guardia de seguridad privada debe cubrir toda una serie de requerimientos que las autoridades nos exigen como empresarios del ramo, lo que nos obliga a contratar gente con estudios mínimos de secundaria, cartilla militar, carta de no antecedentes penales, pruebas médicas que incluyen la prueba del antidoping", comentó ?Héctor? un empresario del ramo que solicitó el resguardo de sus datos por mantener una postura crítica ante la reciente competencia que están representando algunos militares y policías federales que están aprovechando su posición para ofrecer servicios privados, según señaló.

El empresario también denunció la existencia de empresas fantasma que aprovechando el boom de la violencia aparecen de la noche a la mañana sin contar con domicilios establecidos, que no garantizan contar con guardias debidamente certificados, y que al representar más un riesgo que una garantía sólo están contribuyendo "a desacreditar el oficio, afectando a las empresas que sí estamos tratando de cumplir con el reglamento", según indicó.

Al tiempo que invitó a la ciudadanía a cerciorarse de que la empresa de seguridad a la que se pretenda contratar sea alguna de las que forma parte de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Ciudad Juárez A. C., y a no guiarse por lo bajo de los precios –una táctica desleal utilizada por las empresas ?golondrinas? para ganar la clientela a las empresas establecidas–, el empresario expuso que los prospectos deben cumplir con requisitos como contar con acta de nacimiento, acta de matrimonio en caso de ser casado, cartas de recomendación, solicitud de trabajo que incluye huellas dactilares y comprobantes de capacitación, entre otros.

Cabe señalar que de acuerdo a ?Héctor?, la experiencia no es un requisito indispensable para la contratación, pues actualmente hay empresas que le apuestan más a la gente nueva pero con ganas de aprender y trabajar, dado que en este oficio hay mucha que ya está maleada, y el hecho de contratarla, por mucho que sepa de esta labor, ya representa un riesgo.

Lorenzo Xavier Aldrete Bernal, integrante de la Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad Privada, es reiterativo en señalar que no existe la transparencia necesaria por parte de los consejos administrativos de las empresas de seguridad privada que prestan servicio en todo el país, lo que implica que no se puede establecer con la debida certeza el origen legal de sus capitales, lo que conlleva el riesgo de que en muchos casos estas empresas estén vinculadas con actividades ligadas al narcotráfico.

Ante la falta de una reglamentación actualizada y la falta de acciones de gobierno que permitan un mayor control de las empresas que ofrecen el servicio de seguridad privada, Gustavo Madero Villanueva, coordinador de la fracción panista del Cabildo, manifiesta como lo más recomendable que el ciudadano que busca contratar este servicio hable primero a Seguridad Pública Municipal a fin de cerciorarse si la empresa está o no registrada en el padrón, ya que es uno de los aspectos que le pueden dar certeza respecto a la calidad del servicio que está contratando.

Las actividades de las empresas de seguridad privada son fiscalizadas por las tres instancias de gobierno, y se rigen por la Ley Federal de Seguridad Privada publicada el 6 de julio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación –cuya última reforma se publicó el 27 de enero de 2011–, así como por el Reglamento de Seguridad Privada del Estado de Chihuahua publicado en el Periódico Oficial No 76, del 23 de septiembre de 1995.

La Ley Federal de Seguridad Privada regula las actividades de las empresas que tienen actividades en dos o más estados del país, dejando a cada entidad la responsabilidad inherente a las que funcionan en el interior de cada estado, no obstante lo cual en su artículo 7, establece los elementos de coordinación con las instancias estatales y municipales en el cumplimiento de los ordenamientos federales en materia de seguridad pública.

Por su parte el Reglamento de Seguridad Privada del Estado de Chihuahua contempla el funcionamiento de cuerpos de vigilancia complementarios que funcionen bajo la normatividad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con sujeción a las normas que el propio Estado expida, lo que significa una labor de supervisión directa y coordinada de ambas instancias, algo en lo que sin embargo, ambas instancias están fallando.

FUENTE: nortedigital.mx