Buscan Congreso y empresarios de seguridad privada que los circuitos de video-vigilancia sirvan de prueba en actos delictivos juzgados, pero con la garantía de resguardar la integridad de particulares.
El presidente de la Junta Política y de Gobierno, Luis Miguel Ramírez Romero, y el representante de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, Alejandro Dorantes Rodríguez, realizaron la primera mesa de análisis de la iniciativa.
El objetivo del trabajo colegiado es que la iniciativa sea conocida por los empresarios de seguridad privada, por estar directamente involucrados con el proyecto de regulación de las cámaras de video como prueba de cargo de un delito, y que se atiendan las necesidades que éstos consideren.
Una de las observaciones de la iniciativa privada es precisamente que la seguridad, tanto de los operadores de las cámaras de videovigilancia como de los particulares que contratan los servicios, esté garantizada, sin riesgos de que sean objeto de represalias por presuntos delincuentes o sus familiares por proporcionar la grabación que documenta un ilícito.
El diputado panista precisó que el proyecto comprende la regulación integral de los circuitos cerrados de vigilancia con la finalidad de que las víctimas de delitos puedan exigir a las empresas que los operan los videos, para presentarlos ante un juzgador.
Pero también contempla modificaciones a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, para que las grabaciones sean aceptadas como pruebas de cargo en la investigación de un delito.
El diputado Ramírez Romero agregó que las adecuaciones legales no podrían alcanzar a aquellas instituciones o empresas que se norman por ordenamientos federales, como es el caso de los bancos, pero sí sus afueras o sitios cercanos, por lo que las videocámaras instaladas ahí podrían ser fuente de registros para ser ofrecidos como prueba.
Dijo que los cambios a la legislación que fueron discutidos en esta mesa de análisis comprenden también inducir que las empresas privadas morelenses deban tener preferencia a ser contratadas para prestar servicios, por sobre aquellas que provienen de otras entidades del país, lo que redundaría en un apoyo a la problemática local del empleo y también en beneficio de la economía de nuestro estado.
FUENTE: www.diariodemorelos.com