El procurador adjunto para los Derechos Humanos, Salvador Menéndez, responsabilizó ayer a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) por avalar a miles de agentes de seguridad privada sin capacitación ni evaluación para hacer su trabajo.

Menéndez recomendó a la PNC suspender a empresas por el tiempo que tarden en cumplir requisitos del personal de seguridad.

“No hay un control suficientemente estricto, primero, sobre las armas que han sido designadas a estas empresas de seguridad privada, que entiendo yo son más de 200 (empresas), y sobre que el perfil de las personas que manejan estas armas no es el más adecuado, no solamente en términos físicos, sino también en salud mental”.

Para Menéndez, la capacitación o adiestramiento para agentes de seguridad privada no es el mejor o simplemente no existe. “Ese tema no ha sido priorizado”, dijo.

La consecuencia es que, para este funcionario, hay una puerta abierta más para que vigilantes no calificados actúen fuera de la ley.

“Tenemos vigilantes que no solo han estado involucrados en tráfico de armamento, también en otras actividades delictivas. Vimos dolorosos y dramáticos acontecimientos hace unas semanas en que hay participación directa de agentes de seguridad privada en secuestros y homicidios”, recordó el procurador adjunto.

El llamado de Menéndez es a “aplicar la ley”, porque, aseguró, la ley determina controles y supervisión estrictos de todas las armas de estas empresas de seguridad privada y su personal. “Supimos que el cierre de una agencia de seguridad significó el extravío de una alta cantidad de armas. Eso no puede ser”, reclamó.

El procurador titular, Óscar Luna, ya había advertido antes sobre controlar con más rigidez a las empresas de seguridad privada, al personal y las armas. Menéndez reconoció: “LA PRENSA GRÁFICA ha sido muy acuciosa en este tipo de periodismo investigativo en cuanto a establecer que hay una muy liberal y profusa circulación de armas sin el debido control, muchas de ellas ilegales, y lo peor de todo: mucho personal de seguridad sin el perfil físico ni mental para este trabajo”.

Apegarse a la ley significa que debe suspenderse temporalmente una agencia de seguridad hasta que el personal cumpla todos los requisitos que se establecen, dijo Menéndez. “Más de 225 agencias de seguridad significan en realidad un ejército privado, es un grupo equivalente a una planta policial. Debe ser controlado”, dijo.

La Policía no reacciona ante esta situación que la compromete. Tampoco la academia. El jueves se solicitó una entrevista con el director, Jaime Ventura, pero la petición se rechazó. El director de la Policía, Carlos Ascencio, solo apunta que no deja abrir más empresas que incumplen requisitos.

El servicio público de seguridad es esencial y ha sido extendido a lo privado. “Eso está bien”, reconoció Menéndez. “Pero el Estado tiene la obligación de controlar y supervisar eficazmente cómo se presta ese servicio. La Policía tiene que intervenir, es la responsable de controlar”, comentó.