En el país, las autoridades no solo tienen problemas para controlar el armamento de las agencias de seguridad, sino también a los guardias que las manipulan. Al tema de las 1,731 armas perdidas por las empresas de seguridad en los últimos dos años y las 1,991 armas extraviadas por policías también se suma el problema que la mayoría de vigilantes en el país no están autorizados para ejercer su labor, peor aún, no han pasado los exámenes que garanticen su salud mental y su capacidad para manejar armas de fuego.

Según las estadísticas de la División de Registros y Control de Servicios Privados de Seguridad, de la PNC, el 60% de los 25,055 empleados que poseen las agencias privadas no ha recibido el curso de adiestramiento de la academia policial, por lo cual no están autorizados para ejercer la vigilancia.

“Cuando nosotros hacemos las inspecciones a las empresas normalmente oscilan entre un 50% y 60% de los empleados que no tienen el curso”, señaló el comisionado Raúl Ortiz Mancía, jefe de la división encargada de registrar y controlar a las empresas de seguridad privada. Empresarios consultados dicen que la ley manda al cierre de las empresas; sin embargo, la PNC lo que hace es mandar un reporte al director de la institución, Carlos Ascencio.

Al no enviar a sus empleados durante un mes al curso de la academia policial, los dueños de las empresas incumplen el artículo 20 de la Ley de Servicios Privados de Seguridad que los rige, el cual establece que los aspirantes a vigilantes que no aprueben el curso de capacitación referido (en la ANSP) no podrán desempeñarse como agente de seguridad privada. El incumplimiento de este requisito es considerado por la ley como una falta grave.

Sigifredo Ochoa Gómez, gerente general de la empresa de seguridad privada Grupo Los Seis, consideró que la responsabilidad de cumplir o no con los requisitos planteados en la ley es compartida entre los empresarios y la PNC, la cual es la encargada de supervisar y sancionar el legal y correcto funcionamiento de las agencias.

“La ley le da facultad al director de la PNC para que cese a las empresas que no cumplen”, señaló Ochoa Gómez (ver entrevista).

El paso de los aspirantes por la ANSP para convertirse en vigilantes fue establecido en la ley que entró en vigor hace nueve años, aunque los diputados de la Asamblea Legislativa otorgaron un año de prórroga para ese requisito.

Pero eso no es todo, según el comisionado Ortiz Mancía si un vigilante no ha pasado por el curso de la academia policial significa que tampoco ha aprobado la prueba psicotécnica. “Ese es otro tema delicado. Estas personas están sometidas a un estrés grave, o sea al estar ahí durante –porque tiene que ver con las horas de trabajo– las condiciones. Cuando se les evalúa en la academia estas personas no pasan la prueba psicotécnica y por eso no pueden ir al curso, pero las empresas ahí los tiene”, manifestó el jefe policial.

A pesar de las solicitudes realizadas durante dos semanas a la dirección de la ANSP, para conocer el promedio mensual de aspirantes a guardias de seguridad que realizan cursos en la academia policial, la información no fue proporcionada.

Tampoco se dieron detalles sobre las temáticas abordadas en el curso de preparación para los vigilantes, ni en qué consiste la prueba psicotécnica que realizan previo al curso. Fuentes de la academia policial que prefirieron no ser identificadas señalan que en la prueba psicotécnica se mide la personalidad y su habilidad y lógica mental, con la cual se detectan problemas psicológicos del personal a contratar, y por lo tanto no apto para ser vigilantes.

En los últimos meses, al menos dos vigilantes de empresas de seguridad privada se han visto involucrados en hechos confusos en los que han manipulado sus armas de equipo y disparado contra personas a las que han matado. Óscar Armando Morán Godínez fue uno de ellos. Él era vigilante de una empresa privada asignado al resguardo de un restaurante. El 31 de diciembre pasado disparó contra un cliente que esperaba dos pavos horneados en el establecimiento comercial, al argumentar que era un ladrón que intentaba asaltar el establecimiento.

El hombre fue recluido en un centro penal acusado de homicidio agravado. La jefa del departamento de psiquiatría del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Ana Cecilia Cardoza, consideró, tras conocer el hecho, la posibilidad de que el vigilante padezca de un trastorno psiquiátrico que le provocara una ruptura con la realidad, para ello es necesario un examen previo.

Aunque el artículo 20 de la referida ley establece como requisito para los aspirantes de vigilantes una certificación médica que confirme su buen estado de salud mental y en condiciones físicas aceptables para la función que desempeñará. “Los vigilantes en efecto presentan una constancia de salud mental al inicio del proceso pero firmada por un médico general, no por un especialista en la materia, además debería de ser periódica”, dijo Ortiz Mancía.

Para el oficial, esto debería de ser modificado en la ley para evitar que continúen las armas en manos de personas que no están aptas para ello.

FUENTE: www.laprensagrafica.com