El gobierno mendocino está en alerta y para evitar futuras complicaciones y usurpaciones, se ordenó custodiar 10 barrios que se encuentran en avanzado estado de ejecución.
Las tomas en Villa Soldati y Lugano en Buenos Aires, entre otras, y especialmente el episodio que se desató con unas 150 familias indigentes que viven en el barrio Santa Rita, en el distrito San Roque, en Maipú que pretenden un terreno para edificar, terminó por encender la luz de alerta en el Ejecutivo.
Desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se les ordenó a las empresas constructoras que refuercen la vigilancia con mayor seguridad privada. En tanto desde el Ministerio de Seguridad colaborarán duplicando los recorridos de las patrullas policiales.
Diez barrios ubicados en áreas relativamente complicadas de Luján, Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras son los que mantienen en vela a los funcionarios del IPV por estos días.
El tema llegó a las más altas esferas de Gobierno y ayer fue puesto a consideración en la reunión de Gabinete.
Carmelo Simó presidente del IPV sostuvo que "en forma preventiva se ha decidido solicitarles a las empresas constructoras que tienen barrios en ejecución, que refuercen la custodia para evitar posibles intentos de usurpaciones. Además se ha contratado desde el IPV, para algunos barrios que están en zonas complicadas un servicio especial de la policía de Mendoza".
Es que, los barrios se encuentran en la etapa final de construcción y desde el organismo estatal, prevén evitar que se entorpezca la ejecución ya que, en algunos casos, la entrega está prevista para las fiestas de fin de año.
"Los barrios están con un avance importante, en la mayoría con los techos colocados y no queremos que se interrumpa el proceso de ejecución y que no se vea alterado la marcha que deben tener", explicó el titular del IPV.
Mientras tanto, desde el ministerio que conduce Carlos Aranda se intensificarán y mantendrán los patrullajes durante las 24 horas al mismo tiempo que las empresas deberán recurrir a contratar más vigilancia privada.
En referencia al conflicto desatado en Maipú, Simó expresó: "La comunidad tiene que tener en cuenta que no se tiene que transformar en delincuente, no tiene que cometer un delito para acceder a la vivienda. El mecanismo es a través de la organización de la comunidad".
El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza se mostró consciente de que el proceso en la provincia para acceder a la casa propia mediante la organización social en entidades intermedias puede llevar tiempo pero "es el camino"; si no "daríamos un muy mal mensaje a esos vecinos que se organizan si hoy dejáramos de atenderlos para darle una solución a quienes se juntan y quieren un terreno", indicó.
"La sociedad mendocina trabaja diferente al resto del país", subrayó Simó.
FUENTE: www.losandes.com.ar