Dos testigos relacionados a la industria de seguridad privada, que testificaron ayer en el juicio que se celebra contra el senador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo por soborno y conspiración, afirmaron que fueron mantenidos a oscuras con relación a los dos proyectos importantes para su industria que se discutían en el Senado.
Estas afirmaciones son relevantes en el sentido de que la fiscalía federal sostiene que los coacusados Martínez y Bravo se confabularon para trabajar dos proyectos de ley en tiempo récord y a espaldas de la industria que afectaba.
Esos dos proyectos fueron una nueva Ley de Detectives Privados y un código de acceso a los centros comerciales.
Martínez y Bravo están acusados porque el primero supuestamente le aceptó al segundo un viaje a Las Vegas, a cambio de trato favorable a esos dos proyectos de su interés. Martínez también enfrenta un cargo de obstrucción a la justicia.
Tarde ayer, el testigo Néstor Medina, hasta el año pasado gerente general de Loomis Fargo, una empresa de transporte de valores, indicó que en la compañía no se enteraron sobre la discusión del proyecto de los detectives privados hasta que llegó a la Cámara, tras ser aprobado en el Senado.
Medina dijo que este proyecto hubiera sacado del mercado a Loomis Fargo y hubiera dejado en el aire una valiosísima cartera de $10 millones en contratos, ya que se contemplaba que el Principal Oficial Ejecutivo de cada compañía de seguridad necesitaba tener una licencia de detective privado otorgada en Puerto Rico.
En el caso de Loomis Fargo, el principal oficial ejecutivo vive en Suecia.
Bravo habló por su cuenta
En la mañana Miguel Portilla, presidente de Capitol Security, aseguró que con la aprobación del proyecto, Ranger American -su competencia y propiedad de Bravo- se quedaría con el mercado de los camiones blindados, sacando de carrera en la Isla a Loomis Fargo y Brinks.
Sin embargo, a preguntas del abogado David Chesnoff, reconoció que saldrían del mercado las compañías “que no cumplían con la ley”.
Ayer en sala, Portilla indicó que ni él ni la Asociación de Empresarios de Compañías de Seguridad autorizaron a Bravo a que hablara a nombre de estos en las vistas senatoriales, aunque reconoció que el borrador del proyecto de detectives privados se confeccionó entre varios empresarios de la industria.
Mientras, el abogado de Martínez, Abbe Lowell, llevó a Portilla a reconocer que el proyecto de los detectives privados implicaba mayores gastos para las compañías de seguridad.
Negocio amenazado
Lowell presentó como exhibit un proyecto de ley por el representante Sevego Colberg, hijo, sometido en el 2004 en que se recoge a grandes rasgos el proyecto que luego fue radicado un año después por Martínez.
En 2005, dijo Portilla, Brinks, Loomis Fargo y Ranger American eran las compañías que trabajaban con el intercambio de valores. En ese entonces, ni Brinks ni Loomis Fargo cumplían con la ley.
¿Cómo se afectaban con la ley?, preguntó el fiscal Peter Koski. “Tendrían que cerrar”, contestó Portilla, quien agregó que Bravo se hubiera quedado con el monopolio del negocio de camiones blindados.
Luego, Portilla reconoció que favorecía la medida y que le beneficiaría a él también.
¿Había alguna razón para oponerse?, le preguntó el abogado de Bravo, David Chesnoff. “Ninguna”, contestó Portilla. Agregó que su objetivo y el de Bravo era “eliminar” las compañías que no cumplían con la ley.
FUENTE: www.elnuevodia.com