Extraña paradoja. El gobierno porteño había puesto todas sus fichas en ser el principal polo de reacción al Plan de Seguridad Integral impulsado por la ministra Nilda Garré.

Ya se sabe que el puntapié inicial de dicha maniobra consistió en prolongar la deuda crónica por los servicios adicionales de la Policía Federal en la Ciudad, para después convertir el corte de esa prestación en un hecho mediático. La jugada parecía una genialidad, ya que posibilitaba un beneficio adicional: el fabuloso negocio que supone contratar vigilancia privada por el triple de la suma que el gobierno del PRO no le pagaba a la Federal.

El eje del asunto es una licitación que incluye entre sus objetivos el enriquecimiento de los propios funcionarios. Pero algo falló. La operación puso al descubierto un sistema de coimas y retornos del que no son ajenas autoridades claves de esa cartera. Ello, de manera irremediable, empezó a llevar a la gestión del ministro Guillermo Montenegro a una crisis de imprevisibles consecuencias.

La teoría del eterno retorno. En su edición del 15 de abril, Miradas al Sur dio cuenta de un extraño encuentro celebrado el 5 de ese mes en una confitería situada casi en la esquina de las avenidas Cabildo y Juramento, del barrio de Belgrano.

Allí, dos hombres intercambiaban frivolidades mientras compartían un café. Uno de ellos era nada menos que el subsecretario de Seguridad Urbana, Matías Molinero; el otro, gerente de una agencia de seguridad. Éste, de pronto, extendió hacia el funcionario un sobre color madera. En su interior había unos 250 billetes de 100 pesos. Era nada menos que el diezmo que cada empresa del ramo debe abonar en concepto de comisión mensual para extender en el tiempo sus contratos con el Gobierno de la Ciudad. Tras dicho trámite, Molinero se retiró para ir a pie hacia su domicilio, ubicado a dos cuadras y media, en la calle Mariscal Sucre al 2300.

Una fuente vinculada a la Cámara que agrupa a las agencias de seguridad, y otras dos perteneciantes al Gobierno porteño dan crédito a esta versión.
Al día siguiente de hacerse pública semejante circunstancia, en los principales despachos del Ministerio de Seguridad el aire se podía cortar con una navaja.

Con la camisa arremangada y la carótida latiéndole en el cuello, Montenegro prendió el décimo cigarrillo de la mañana, y soltó:
– El Talibán se tiene que ir.
Así es como todos en el edificio de la avenida Patricios llaman, a sus espaldas, a Molinero, en razón a su temperamento áspero y conflictivo.
–Vos sabés que hay que esperar –dijo la mujer sentada frente a él.

Se trataba de su asesora de imagen y amiga, Alejandra Rafuls, quien circula en esa cartera como una jefa de gabinete en la sombra.
Montenegro asintió con un leve cabeceo, mientras encendía otro cigarrillo; entonces se hundió en sus cavilaciones. En ese preciso instante, quedó fijada la fecha de vencimiento de Molinero; su eyección –según aseguró una fuente del PRO a este semanario– será oficializada el lunes 11 de julio, al día siguiente de las elecciones en la Ciudad.

La señora Rafuls, escrutando de soslayo al ministro, se llamó a silencio. Ocurre que la puja entre ambos hombres la tenía a maltraer. Lo cierto es que ellos habían vivido tiempos más felices. Molinero había llegado a la función pública gracias a Montenegro, tras haber sido su secretario y hombre de confianza en el Juzgado Federal N° 7.

Sin embargo, la relación entre ellos se fue enfriando a pasos acelerados. Montenegro no tardó en advertir en Molinero la intención de esmerilar su poder. Y éste percibía que el otro no lo tomaba en cuenta ni en sus decisiones más simples. La tirantez de esa situación lo volcó hacia la línea interna liderada por Horacio Rodríguez Larreta. Y el jefe de Gabinete le encomendaría una misión crucial: ejercer una suerte de comisariato político sobre Montenegro. Desde esa época, el ministro era consciente de que su segundo se había convertido en una bomba de tiempo.

Y tal vez ahora recordara cuando, al solicitarle su dimisión al fugaz jefe de la Policía Metropolitana Jorge Fino Palacios, éste lo amenazó con revelar presuntos pedidos de dinero a las agencias de seguridad por parte de Molinero. En ese momento, el asunto no pasó a mayores. Ahora, en cambio, era dIstinto. Y, entre dientes, repitió:
– El Talibán se tiene que ir.

Cabe consignar que éste, junto con el jefe de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad, Rodolfo Ventura, y el titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones, Edgardo Cenzón, son precisamente los encargados de cerrar tratos con tales agencias. Y la consultora Rafuls, junto a su marido, el ex funcionario alfonsinista Jorge Gándara, oficia como denominador común entre todos los personajes de esta trama. De allí su agobio ante el cariz de los acontecimientos.

Actores de reparto. Montenegro fue una excepción en el fuero Penal Económico. Era el único juez federal que había contratado a una asesora de imágen. Ésta, desde luego, no era otra que la Rafuls. El juez llegó a ella por desesperación: cuando explotó el caso Skanska, los teléfonos de su despacho en Comodoro Py no pararon de sonar. Y sintió que la presión de los medios era insostenible. Ella, amiga suya desde hacia años, le ofreció que uno de sus hombres se ocupara de lidiar con la prensa. La tarea recayó en el consultor senior, Carlos Lucido.

Montenegro suspendió el vínculo con los medios e instaló un portero eléctrico en su juzgado para mantener alejados a los periodistas. Para el contacto, estaba la gente de Rafuls. En un reportaje concedido en octubre de 2007 al semanario Perfil, Montenegro diría de ella: “Es una de mis mejores amigas. Además, es madrina de uno de mis hijos. También soy amigo de su esposo, Jorge, Hasta fuimos juntos de vacaciones”. Esta mujer afable, pero enérgica, tuvo entre sus clientes a personalidades tan disímiles como el ex ex jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, el polémico directos del Pami, Víctor Alderete y Juan José Zanola.

Ventura, por su parte, entraría en escena en septiembre de 2009, luego de que Molinero lograra el desplazamiento de su antecesor, el ex policía federal Alejandro Nóbile, quien mostraba una escasa predisposición en anudar negocios con el subsecretario de Seguridad Urbana. El nombre de su reemplazante le fue sugerido al ministro por la propia Rafuls, quien además tiene un gran ascendente sobre Cenzón.

Éste es una figura crucial de la gestión del PRO; hasta fines del año pasado estuvo a cargo de las compras y contrataciones del gobierno porteño y, en la actualidad, sigue manejando esas cuestiones de manera informal, además de hacerse cargo del manejo de la Secretaría de Comunicación Social -y de su jugoso presupuesto publicitario-, a raíz del suicidio de su jefe, Gregorio Centurión. En resumidas cuentas, el cuarteto que integran Molinero, Ventura, Cenzón y Rafuls es algo así como una usina generadora de excelentes negocios, como el contrato anudado con los empresarios Daniel Hadad y Mario Montoto para equipar con tecnología de punta al Ministerio de Seguridad.

La influyente Rafuls también es la madrina política de otro funcionario: el ex agente de la Side, Jorge Silva, a cargo de la Dirección de Seguridad Privada. Hay que aclarar que, mientras la dependencia comandada por Ventura se dedica a la contratación de agencias privadas, la de Silva está abocada a su control. En ello, justamente, subyace la animositad entre ambos. Es que, por caso, la empresa Briefing SA -conchabada para vigilar el Hospital Piñero- tras haber tributado el cánon correspondiente a los funcionarios afines a Ventura, terminó con una multa -hecha por los inspectores de Silva- debido a que tenía ocho de cada diez empleados en negro. Según dicen en el Ministerio, su máximo jefe se esforzó en las últimas semanas por establecer un precario equilibrio entre aquellas rivalidades para no malograr el devenir de la ya mencionada licitación.

Este asunto involucra un contrato de unos 528 millones de pesos –en concepto de cuatro años– para cubrir 330 edificios públicos de la Ciudad con personal de seguridad privada y tecnología de prevención del delito. Se trata, a todas luces, de un presupuesto tres veces mayor al que pagaba a la Policía Federal por esa misma prestación, ya que éste ahora involucrará 11 millones de pesos mensuales, cuando los adicionales apenas costaban unos 3,5 millones.

Sin embargo, las agencias que desde el inicio de la gestión encabezada por Ventura mantienen contratos con la Ciudad –y que cubren los espacios antes vigilados por efectivos de la Federal– son la ya mencionada Briefing, y otras nueve, a saber: Comahue, Líderes Consultores de Seguridad, Prenaval Seguridad, Road Seguridad, Tech Security, Verini Securiti y Yusión. No obstante, a las prestaciones brindadas por este verdadero ejército de vigiladores, el propio Molinaro justificó la anunciada licitación con las siguientes palabras: “Con ella queremos que el sistema sea más eficiente y que combine la vigilancia física con la electrónica, para abaratar los costos y mejorar los servicios”.

Aunque el resultado de la licitación aún no ha sido comunicada oficialmente, Miradas al Sur pudo confirmar que las empresas adjudicadas son Líderes SRL, Briefing, Comahue y Murata SA. Los negociadores del acuerdo entre la Ciudad y esas empresas fueron Ventura y el ejecutivo de Murata, Roberto Raglewski.

Éste es nada menos que un ex jefe de Drogas Peligrosas de la Federal, involucrado en dos presuntos robos consumados por personal a su cargo en el transcurso de sendos operativos. Y con anterioridad, estando al frente de la comisaría 45ª, fue acusado de un caso de gatillo fácil, además de recibir un balazo disparado por su propia esposa debido a una presunción de infidelidad. Lo que se dice, seguridad garantizada.

FUENTE: www.online-911.com