La tercera sesión del Concejo Deliberante se llevó a cabo el jueves y sin dudas el tema más relevante de los Asuntos Entrados Legislativos fue el presentado por el concejal Horacio Lorenzo, del bloque Unión por Villegas.

Se trata de un proyecto de comunicación referido a los hechos ocurridos en la madrugada del 17 de abril en inmediaciones del local de fiestas "Don Pedro", en el momento en que se celebraba un cumpleaños de 15.

El escrito enumera entre las consideraciones que "el supuesto responsable de la seguridad habría agredido, golpeado y arrojado gas pimienta o similar sobre la cara de varios menores de edad, alguno de los cuales debió ser atendido en el Hospital municipal, y que el Gobierno local debe velar por la seguridad de los vecinos".

En este marco solicita a la Estación de Policía brindar un informe sobre los hechos denunciados, al Ministerio Público Fiscal Departamental que indique la radicación de la causa y la existencia de antecedentes del imputado sobre hechos similares.

También pide a la dirección del Hospital que haga un informe sobre atención de menores en la citada madrugada por lesiones o afecciones sufridas por productos químicos, y al Ejecutivo que elabore otro, detallado, sobre los servicios de seguridad prestados actualmente al municipio por Carlos Monterrosa, con la documentación respaldatoria correspondiente.

Al tratarse el tema en la sesión, el Frente para la Victoria expuso su despacho. Consideró que "el proyecto presentado carece de sensatez, es totalmente parcial la información, confunde las funciones y sólo enumera supuestos. Que no corresponde a este Cuerpo la función de investigar hechos ocurridos en ámbitos privados, ya que todo edil puede recurrir a la Justicia. Que este Cuerpo reclama y pide a los padres el mayor control y acompañamiento a sus hijos en el desarrollo de actividades de diversión y esparcimiento, bregando por la seguridad de saber con quién están, donde permanecen hasta altas horas de la noche, qué consumen, en qué condiciones y con quién regresan a casa".

Como así también que "es menester llamar fuertemente la atención de los padres sobre los excesos de las llamadas "previas", excesos que se verifican en el ámbito privado de los domicilios bajo la responsabilidad de padres que no asumen adecuadamente el rol de vigilancia, protección y control que les es propio".

Ante esta respuesta, Lorenzo sostuvo que "lo que alegan no es sorpresa. El proyecto original busca poner sobre debate lo que para ustedes carece de sensatez. Dicen que no le corresponde al Concejo Deliberante hablar de seguridad cuando el artículo 25 indica lo contrario. No saben la ley y quieren ser concejales. Le tiran la responsabilidad a los padres, es una vergüenza. Este es un reclamo de la sociedad y no podemos hacer oídos sordos. Dejen de esconder la mugre debajo de la alfombra".

Además, el concejal aclaró que ?lo ocurrido fue en la vía pública y no dentro del local, por lo que desconocen los hechos"; y enumeró las facultades que requiere el Ministerio de Seguridad de la Provincia a quienes brindan servicios de seguridad privada. En este sentido destacó que "el accionar de las agencias deberá adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva que entrañe violencia física o moral contra las personas".

También la norma prevé que "el personal de seguridad sólo podrá prestar servicios previa habilitación de la Autoridad de Aplicación e integrados bajo relación de dependencia con empresas de seguridad constituidas en los términos de la Ley"; y que "solamente podrán utilizar los medios materiales y técnicos autorizados y homologados por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de manera que se garantice su eficacia y se evite la producción de cualquier tipo de daños o perjuicios a terceros o se ponga en peligro la seguridad pública, pero los aerosoles de gas pimienta no están aprobados".

"La seguridad debe contener, no combatir ejerciendo violencia. Necesitamos saber si esta empresa está habilitada por el Ministerio de Seguridad y hacen los cursos de capacitación anuales necesarios. Que se haga un seguimiento de la cuestión, que no se encubra", expresó Lorenzo.

Por su parte, la concejal Cristina Rodríguez (UCR) expuso información reunida por el bloque que integra. "Son dos órdenes de compra. En una el proveedor es Carlos Osvaldo Monterrosa, y por servicio de vigilancia y custodia con 8 agentes en un evento el monto fue de 24 mil pesos. Durante el 2010 facturó $ 208.000. La segunda es de Nancy Velázquez, que en el 2010 facturó $ 116.000. Con esto queremos decir que es obligación de quienes contratan un servicio saber que tienen todo en regla. Los vecinos se sintieron confiados y pensaron que esta empresa tiene todos los papeles en regla porque el municipio también la contrata. Además, hay que tener en cuenta que es considerada una infracción grave utilizar servicios de seguridad no aprobados por el Ministerio de Seguridad, y que usen materiales prohibidos".

En tanto, la concejal Laura Carelli (Frente para la Victoria) mencionó algunos datos curiosos, como "que un aerosol de gas pimienta puede estar en cualquier cartera femenina por una cuestión de seguridad", que "el envase tiene un costo de 40 pesos y que sólo tiene efectos lacrimógenos temporarios", lo que se contrapone a lo dicho por Lorenzo sobre "consecuencias cancerígenas a largo plazo, la posibilidad de causar paros cardiorrespiratorios y otras secuelas aún no determinadas".

Y reiteró enfáticamente que "aquí se violó la Ley de Seguridad, porque un agente no puede causar daño a las personas y ustedes (por el oficialismo) quieren ocultarlo y pasarle toda la responsabilidad a los padres. Este hombre no es Caperucita Roja, ocupémonos del caso para evitar un mal mayor porque se excedió cuando tenía que acudir a la policía".

Luego de la discusión llegaba la hora de la votación. Pero antes de eso hubo otro enfrentamiento. Fue entre el concejal David Labarta (Unión PRO) y el presidente del Cuerpo Legislativo, Ernesto Segretín, porque el legislador de la minoría no pudo expresar su opinión sobre el tema. Esto derivó más en expresiones exageradas que en debate sobre los asuntos legislativos en cuestión.

Finalmente, el proyecto original pasó a Archivo al imponerse el despacho del Frente para la Victoria por el voto de sus concejales (Daniela Vicente, Daniel Chiesa, Valeria Iglesias, Marcelo Betanzo, Laura Carelli, Fernando Zelaya y Olga Casado), con la adhesión de la concejal Rita Handorf, del monobloque Peronismo Vecinal. La oposición, integrada por Cristina Rodríguez y Gustavo Santillán (UCR), David Labarta (Unión PRO) y Horacio Lorenzo (Unión por Villegas), votaron por la aprobación de la presentación hecha por este último. En tanto, estuvo ausente Mariela Schiavi, del MID.

Pero no todo terminó allí, ya que al término de la sesión se generaron más disturbios. Fue cuando Labarta intimó a Segretín a pedirle disculpas a la gente que lo acompaña políticamente, "porque en la reunión de comisión del martes los trató de energúmenos", a lo que el presidente del Cuerpo Legislativo respondió que "muchas veces he tenido que pedir perdón a la comunidad por mis errores. En este caso no tengo nada de que arrepentirme, porque mi concepto fue que está mal que el presidente traiga patotas al Concejo, como lo estaría que cualquiera lo haga".

Esto hizo que el grupo de personas que trabaja con el concejal de Unión PRO, y que estaba presente, reaccionara en su defensa: "no somos ningunos patoteros", se escuchó en el recinto.

FUENTE: www.diarioactualidad.com