Es de suponer que si el agente de la PMT atacado por un guardaespaldas de la hija de Otto Pérez Molina logra sobrevivir, la acusación será intento de asesinato y las autoridades seguirán el caso hasta sus últimas consecuencias. Este hecho tan desfavorable e inoportuno para la campaña del candidato de la mano dura coloca nuevamente en el tapete el tema de la seguridad privada, la cual en Guatemala ya tiene antecedentes nefastos de abuso y violaciones a la ley por parte de los integrantes de estos grupos armados

Es importante recordar que las empresas dedicadas a proporcionar servicios de seguridad han sido integradas, en su mayoría, por elementos que pertenecieron al Ejército y fueron desmovilizados después de la Firma de la Paz. Estas personas no solo tienen entrenamiento en lucha contrainsurgente, sino muchos de ellos pasaron por la escuela de kaibiles, altamente especializada para el combate en situaciones extremas, pero no para tratar con la sociedad civil.

El suceso que involucra a un elemento de seguridad de la hija del candidato se ha transformado muy rápidamente en una ola de descalificación por ser éste, precisamente, el político más identificado con las medidas represivas practicadas durante su pasado castrense y las promesas de mano dura que jalonan toda su campaña proselitista.

Sin embargo, los demás candidatos —especialmente Arzú— harían bien en cuidarse de lanzar acusaciones, porque todos ellos circulan por las calles de la ciudad y por el país rodeados de individuos tanto o más violentos que Luis Corado, el energúmeno que le disparó a un policía de tránsito obviamente desarmado.

Ejemplos de abuso de los elementos de seguridad privada de empresarios, narcotraficantes, políticos y funcionarios hay de sobra. Lo que se debería discutir de inmediato no es si Pérez Molina es corresponsable del hecho, sino cómo prevenir y evitar que sucesos así se repitan a diario por la prepotencia de quienes adoptan como propios los aires de poder de sus patrones.

Guatemala no necesita más sangre inocente y esta campaña ya la ha derramado en abundancia. Lo correcto, en estos momentos, sería un acuerdo serio, con iniciativa de ley incluida, que regule de una vez por todas a las empresas de seguridad que, en lugar de ceñirse a los límites que marcan la ley y los derechos humanos, arrasan con ellos con la certeza de gozar de impunidad gracias a la influencia de quienes los contratan.

Esta iniciativa debería surgir de quienes hoy, en una carrera frenética por el poder, solo han demostrado mediocridad, falta de liderazgo y una insaciable sed de poder. Quizás así convenzan a una ciudadanía hastiada de que existe alguna esperanza de rehabilitación política para este sufrido país.

FUENTE: www.prensalibre.com