De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional, México tiene una calificación de 3.1 sobre 10 en cuanto a transparencia se refiere. Ocupa el lugar 98 de 178 países y queda como una de las naciones con la peor garantía de derecho a la información en los últimos 10 años.
Durante auscultaciones al respecto, la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard, criticó la demora de la Cámara de Diputados para dictaminar la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Transparencia; es deuda de los legisladores con la sociedad, con la propia transparencia y con la rendición de cuentas.
En entrevista exclusiva para El Punto Crítico acerca de la renuencia de gran parte del segmento oficial a cumplir dicha norma, el analista político Virgilio Caballero considera que “la clase política ya se dio cuenta de que se les fue la mano con esta ley, y debemos atenernos a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de organismos ciudadanos”.
Aunque la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sugiere que ésta contribuye a la consolidación de un país democrático, mediante el cual se blindan los derechos de la ciudadanía al conocimiento de las acciones de quienes gobiernan, aún es cuestionable la transparencia y el suministro de información, e incluso insuficiente, para los especialistas en el tema.
Según el IFAI, de 2003 a la fecha se han recibido 669 mil 151 solicitudes de información de las diferentes instancias federales. No se dio respuesta a 71 mil 455, poco más del 10 por ciento, so pretexto de quedar falta de pago o de respuesta al requerimiento de información adicional.
Las cinco entidades gubernamentales con más negativa porque “se trata de información clasificada”, o por “protección de información confidencial”, son Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con mil 990 negativas; Servicio de Administración Tributaria (SAT) con mil 770: Procuraduría General de la República (PGR) 973 solicitudes sin respuesta; Secretaría de la Función Pública ha eludido 901 peticiones de información, y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se ha negado a responder 741 solicitudes, lo que equivale al 31 por ciento del total recibido
El derecho de los ciudadanos a acceder a cualquier información pública es trascendental porque mediante ella se plantea la aplicación de métodos de control sobre los bienes, recursos y obligaciones de la administración pública, es un aspecto esencial de la democracia participativa.
A pesar de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada, el 11 de junio de 2002, “Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal”, existen dependencias o entidades gubernamentales que se han negado a acatarla.
Las resoluciones de los órganos de transparencia en México deben ser definitivas e inatacables, refiere el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, en el informe que entregó al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de este organismo.
En el documento propuso, además, asegurar que las resoluciones de esos órganos no sean desafiadas por autoridades; preservar los avances en materia de acceso a la información, y dotar de autonomía constitucional a los órganos de transparencia a efecto de que puedan desarrollar sus funciones de promoción y vigilancia sobre todos los sujetos obligados por la legislación en la materia.
Por cuanto la entrevista con el analista político Virgilio Caballero, éste advierte que “son más de 4 o 5 instituciones las que se están negando descaradamente a informar lo que los ciudadanos solicitan saber. Parece que la clase política ya se dio cuenta de que se les fue la mano con esta ley”.
Como ejemplo de esta violación a los fundamentos de transparencia encontramos por ejemplo –dice--, que la Procuraduría General de la República se ha negado a informar no sólo a la ciudanía, sino a los legisladores, respecto de cuáles delitos tienen mayor incidencia en el país; en qué regiones se detiene a más criminales. En fin, todo lo relativo a información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo; detalles de sentencias y sentenciados.
“La PGR no da información sobre detenidos ni sobre crímenes, ni sobre persecución al narco, ni sobre extinción de dominio de los bienes de los criminales y muchos temas más. Simplemente dicen no tener la información” señala Caballero, con el argumento de que “es reservada a las instituciones y cuerpos de seguridad del país”.
Virgilio Caballero recuerda que solicitar información de las entidades de gobierno “es algo que debemos ejercer con conciencia y urgencia. Tiene que ver con el derecho de los mexicanos, utilizando la ley de transparencia, a que no se nos oculte información clave, información en el manejo de los recursos públicos y la manera de gobernar de nuestros representantes”.
No obstante reconoce “las grandes dificultades que nos encontramos para ejercer este derecho”.
Acceso total a la información
Al ocuparse del mismo tema, el senador Adolfo Toledo Infanzón del PRI, pidió incluir entre los principios que rigen la actuación de las instituciones de seguridad pública, el de transparencia, pues “se busca promover que la actuación de las instituciones de seguridad pública del país, pueda ser dada a conocer al público y al escrutinio de la sociedad; colocar la información gubernamental en la vitrina pública, para que la gente pueda revisarla, analizarla y en su caso, usarla como mecanismo de sanción a quienes no garanticen la seguridad de los gobernados”.
Por su parte, Francisco Herrera León, también senador priista, reconoce que en el país “sigue imperando marcada opacidad en el ámbito gubernamental”, por lo que es necesario replantear como tema prioritario en la agenda del Estado, el fortalecimiento del actual sistema de transparencia y rendición de cuentas.
Al presentar una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para tipificar como delito grave el incumplimiento en la entrega de información pública, Herrera León subraya que es obligación de los servidores públicos responder a las solicitudes y rendir cuentas.
“Es importante abatir este incumplimiento, para poder fortalecer nuestro sistema de transparencia y acceso a la información. Así se erradicaría la impunidad en la rendición de cuentas de las entidades gubernamentales y se garantizaría a los ciudadanos el derecho inalienable de conocer la verdad”, agrega.
deuda de legisladores en la materia
La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard, afirma que en materia de transparencia persiste una deuda de los legisladores y asegura que el retraso en las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados para la aprobación de las necesarias reformas a la Ley Federal de Transparencia son muestra de la deuda con el acceso a la información, con la propia transparencia y con la rendición de cuentas.
“Es importante que el legislador dé señales claras e indubitables a favor de la transparencia”, refirió a unos días de concluirse el periodo ordinario de sesiones, al tiempo que reconoció la existencia de “resistencias” de ciertos sectores del gobierno y algunos legisladores particularmente del PRI, para que las reformas a la Ley Federal de Transparencia fueran aprobadas.
Peschard aseguró que reformar este ordenamiento jurídico otorgaría sin duda mayor consistencia no sólo en cuanto al acceso a la información, sino también a la Protección de Datos Personales en el sector público. “Nos permitiría hacer más público lo público”, dijo, y remarcó que el IFAI seguirá insistiendo para obtener todas las herramientas legales para avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas.
Agregado: Información del IFAI
Dependencia o Entidad Negativas Porcentaje
Instituto Mexicano del Seguro Social 1,990 2%
Servicio de Administración Tributaria 1,760 17%
Procuraduría General de la República 973 7%
Secretaría de la Función Pública 901 6%
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 741 31%
Secretaría de Relaciones Exteriores 401 5%
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 395 3%
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 395 2%
Banco Nacional de Obras y Servicios 382 22%
FUENTE: www.elpuntocritico.com