La asamblea del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), analizará si procede o no recursos de inconstitucionalidad a la Ley Temporal de Seguridad Poblacional y Ley de Eficiencia en los Ingresos y Gasto Público, luego de un análisis de parte de sus miembros.

El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, manifestó ayer que “la junta directiva del Cohep se reunirá hoy de emergencia y tomará algunas decisiones respecto a las dos leyes que se aprobaron recientemente en el Congreso Nacional”.

Agregó que “son dos leyes distintas, son dos circunstancias diferentes, como les mencioné la semana pasada, los dos decretos están condenados a ser declarados inconstitucionales, sin embargo nadie se opone a que deba mejorarse la seguridad en el país, pero debieron haberlo hecho conforme a lo que establecen las leyes”.

De acuerdo al representante empresarial, aún no se sabe qué pasará este día cuando los miembros del Cohep analicen las últimas determinaciones del CN, aunque la decisión no ha sido tomada, no se descarta que en la reunión se decida interponer los recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

“No puedo decirles qué decisión se va a tomar en la reunión, sólo les estoy diciendo lo que se percibió de los documentos (leyes), los impactos que van a tener no sólo en el sector privado, si no en la población en general y preferimos que sea mañana (hoy) en la sesión convocada para las 2:30 de la tarde, donde se tomarán las decisiones del sector privado, respecto a las dos leyes”, apuntó.

LEYES SON INCONSTITUCIONALES

Para Urtecho, tanto la Ley Temporal de Seguridad Poblacional y Ley de Eficiencia en los Ingresos y Gasto Público son inconstitucionales, sin embargo pidió se escuche el planteamiento de la junta directiva del organismo empresarial.

“Yo puedo estar hablando aquí, pero la junta directiva es la encargada de emitir la disposición oficial para que sea publicada”, recalcó.

Detalló que “no se puede decir si el sector empresarial está molesto o no, lo que sí podemos decir es que el sector privado llevó varias posiciones, se dijo que no se iba a dañar a la población, que todo lo que se obtuviera de esos fondos debía ser para el combate de la inseguridad, manejado en un solo fideicomiso y ahora con la aprobación de las dos leyes, lo que menos se habló en ellas es de seguridad”.

NO HAY PLAN

De acuerdo a Urtecho, “el decreto no especifica si va a servir para que los ciudadanos y empresas ya no paguen seguridad privada, si las calles estarán más seguras, si aumentará el número de policías, ya que un plan de seguridad no fue presentado”.

Sobre el pago que realiza actualmente la empresa privada, el representante del Cohep declaró que existe un documento al respecto, el cual será presentado este día a la junta directiva del Cohep para que sea analizado y decidió no adelantar los datos que se reflejan en el mismo.

CUESTIONAMIENTOS

Para los miembros del Cohep, existen varios cuestionamientos en relación a la aprobación de las leyes, que demuestran que el gobierno no está tomando las mejores decisiones para el país.

“El gobierno está demostrando que es ineficiente en el manejo del presupuesto, porque están estableciendo que van a trasladar el 25 por ciento de lo no ejecutado a un fideicomiso, en lugar de decir vamos a dejarlo en una caja única y esos fondos van a ser manejados por el Presidente, sin ningún tipo de control, sin embargo sólo en tasa de seguridad se estableció una comisión con tres personas, pero en lo otro en cuanto al manejo de actividades sociales, nadie va a tener vigilancia sobre esos fondos”, indicó.

IMPACTO ECONÓMICO

Del mismo modo, Urtecho puntualizó que en estos momentos se ha nominado una comisión que estudia el impacto económico que tendrán las leyes recientemente aprobadas por el CN.

“En este momento el equipo técnico del Cohep está elaborando los impactos por cada rubro y la forma en que afectará a la sociedad. Adelantamos que son dos impactos, uno a las empresas e inversión extranjeras sobre este impuesto y el otro el impacto que va a tener en la población de manera directa”.

“Ellos le llamaron tasa, pero en realidad no es una tasa y terminaron utilizando los mecanismos de una ley subsiguiente, para el manejo de otro fondo para el manejo de actividades sociales, donde lo único que ha demostrado el gobierno es que es ineficiente en la ejecución del presupuesto de la República y van a manejar por la vía directa todos los fondos que sean recaudados”, amplió.

Urtecho dijo que “eran 1,500 millones para el proyecto de seguridad, pero uno de los impactos más grandes es el que se va a manejar con las instituciones financieras, sólo allí se esperan 1,200 millones de lempiras de recaudación anual, luego está el impacto con las comidas rápidas, con el 5 por ciento en las minerías, cuando debieron ser más responsables en aprobar primero la Ley de Minería y establecer un porcentaje de seguridad de manera permanente, propuesta hecha por el sector minero”.

Para el dirigente empresarial, la recaudación de impuestos a través de las dos leyes, excederá los 3,000 millones de lempiras anuales, equivalentes a 15,000 millones de lempiras en los cinco años que tendrá de vigencia la ley, aseguró.

“El sector privado había propuesto que todo eso que se pretende recaudar se vaya para seguridad sin excepción alguna, sin embargo se llamaron al silencio, no se le pidió una opinión a la industria minera considerando que hay que atraer la inversión de ese rubro al país, porque a mayor inversión mayor tributo y esa fue la propuesta del sector privado”.

Urtecho pidió se revise si en el debate de la tasa de seguridad, existieron opiniones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también se le otorgaron facultades a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), las cuales no debió tener, sino que los jueces, a quienes nunca se les escuchó su opinión sobre la reforma al Código Tributario, igualmente en el Código Procesal Penal, donde la opinión debió ser de la CSJ.

“Todas esas cosas hay que verlas, estamos en un Estado de Derecho, nadie tiene que molestarse, deben ser tolerantes con la opinión ajena los que dirigen el país, ya que creyendo que tienen la mayoría en el CN, no quiere decir que no van a escuchar a los sectores”, concluyó.

FUENTE: www.latribuna.hn