En las calles de Cúcuta se ha vuelto costumbre observar, a cualquier hora del día, personas que con un chaleco que lleva impreso en su espalda la palabra ‘seguridad’, ofrecen el servicio de vigilancia a residencias, locales comerciales, barrios y sitios públicos.

Agrupados en cooperativas que ofrecen ‘servicios generales’, estos vigilantes informales se han tomado los barrios y la zona céntrica de la ciudad, llegando incluso a presionar a los habitantes y propietarios de los locales para que paguen una cuota que se hace efectiva semanal, quincenal o mensualmente. 

El coronel Óscar López Ortiz, Comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, anunció que en la ciudad existe una gran cantidad de vigilantes ilegales, especialmente en las comunas 3, 4, 6 y 8. 

“Estas personas prestan un servicio aparente de vigilancia privada, pero en realidad esta es una actividad ilegal, ya que no son empresas legalmente constituidas para tal fin”. 

Los vigilantes informales, de los cuales este año han sido asesinados 7 y 13 más han resultado heridos en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, logran recaudar hasta $4 millones y medio cada semana, sólo en la zona que va de las calles 2 hasta la 6 entre avenidas 7 y 8.

“Por labores de inteligencia hemos logrado identificar que estas personas recaudan una gran cantidad de dinero a través de la exigencia de unas cuotas que les hacen a sus supuestos clientes”, señaló el coronel López Ortiz.

Según la Policía Nacional, muchos de los llamados vigilantes informales  se han prestado para cometer delitos, e incluso, no descartan la posibilidad de que algunas de estas cooperativas de vigilancia informal escondan tras de sí a miembros de bandas criminales que son utilizados para ejercer control territorial en zonas que les son estratégicas para sus actividades ilícitas.

“Por lo que hemos podido establecer, algunos de estos celadores y empresas ilegales se han dedicado al cobro de dinero en las residencias y sectores comerciales, en donde la gente se ve obligada a pagarles lo que les exijan por el temor a las represalias que puedan tener contra sus casas o negocios”, sostuvo el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Según el coronel López Ortiz, “este fenómeno atenta contra el patrimonio de los ciudadanos y en algunos casos incluso se estaría fraguando el delito de extorsión”.

Además, “le hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para que no pague estos servicios y denuncie si existen presiones de algunos de estos vigilantes informales para que les paguen las cuotas exigidas”.  

Empresas fachadas

La Policía Nacional tiene claro que estas empresas de vigilancia ilegal hacen parte de una organización que al parecer, por los informes de inteligencia que actualmente están adelantando, se encuentra liderada desde la cárcel por un antiguo miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

“Ya estamos estableciendo su plena identidad e individualizando a más de 300 personas que se dedican a este servicio de vigilancia informal lideradas por él; también estamos detrás de su estructura y la forma en que proceden en su organización”, indicó el coronel López Ortiz. 

A las autoridades les preocupa que estas estructuras ilegales estén captando grandes sumas de dinero por los cobros realizados en los barrios, cada uno con 400 ó 500 residencias y donde por cada casa cobran 15 mil o 20 mil pesos mensuales. El dinero que recaudan estas empresas no se ha podido establecer para dónde se está yendo ni quién se está lucrando con él. 

“Nosotros tenemos identificadas nueve empresas que tienen permiso y razón social para la prestación de servicios generales pero están ofreciendo vigilancia privada en los barrios sin estar autorizadas para ello. Estas empresas creen que por registrarse en la Cámara de Comercio bajo la figura de ‘servicios generales’ ya pueden ofrecer el servicio sin autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, sostuvo el coronel López Ortiz. 

Sin la autorización de la Supervigilancia es imposible que una empresa de estas pueda operar y mucho menos, que sus empleados manejen armas, como sucede con varias de las cooperativas que ya tienen identificadas las autoridades en la ciudad. 

“En estos momentos hemos iniciado unas labores de investigación con la Policía Judicial que consiste en la identificación plena de las personas que prestan este servicio ilegal; también hemos solicitado a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada una revisión de las empresas que operan en la ciudad para que nos ayuden a corroborar el estado de legalidad en el que se encuentran actualmente”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana.

Vigilantes permisivos

La vigilancia privada legalmente constituida es un soporte para la Policía puesto que ayuda a proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos, ofreciendo una sensación de seguridad en su entorno. 

Ahora bien, según el coronel López Ortiz, las empresas ilegales, por lo que han podido investigar, son permisivas con ciertas prácticas en los barrios, como el consumo y venta de estupefacientes, ya que algunos de los celadores informales también se convierten en expendedores y auspiciadores de estos delitos, pues operan bajo una fachada que algunas veces los habitantes confunden y toleran porque creen que no pueden denunciar o no lo hacen por temor. 

“Nosotros no estamos detrás de los celadores que han prestado su servicio de vigilancia por muchos años en algunos barrios, que la gente conoce e incluso ya hacen parte de la comunidad; ellos están prestando un buen servicio y son aliados de nosotros en la medida en que nos ayudan a garantizar la seguridad en las zonas donde laboran. Nosotros estamos es detrás de esas personas que, amparados en un uniforme que sólo consiste en un chaleco que tiene rotulado ‘seguridad’ en la espalda, llegan incluso a usar armamento sin estar autorizados para ello”. 

Finalmente, el coronel señaló que “las estadísticas nos muestran que estas personas que prestan el servicio de vigilancia informal no están capacitadas para ello, incluso, algunas de ellas tienen antecedentes penales y están involucradas en la comisión de delitos”. 

“Los tienen amenazados”

El coronel Óscar López Ortiz confirmó a La Opinión que la noche del viernes recibieron en el comando central una llamada que alertaba a la Policía de un plan para atentar contra un grupo de vigilantes informales en un sector de Atalaya.

“La llamada anónima nos alertó de una orden impartida desde la cárcel para atentar contra un grupo de vigilantes informales que presta sus servicios en la ciudadela Juan Atalaya. Al parecer, la orden de asesinarlos le fue dada a alias ‘Escopeta’, de quien tenemos información y sabemos que ha participado en la comisión de algunos delitos. Desde el viernes nos tocó movilizar uniformados y ofrecerles seguridad  durante toda la noche a estos vigilantes”, señaló el oficial.

FUENTE:www.laopinion.com.co