El gobierno de la República, emulando a sus homólogos de El Salvador, Costa Rica y Colombia, pretende implantar otro impuesto denominado: Tasa de seguridad, el cual tendría que pagarlo, en primer lugar, la empresa privada, y luego se corre el riesgo que lo haga la población, tal como ha ocurrido en otros países.

De acuerdo a informes investigativos, el impuesto de seguridad es una idea que surgió en Colombia en el 2002, durante la administración de Álvaro Uribe, luego surgió en Costa Rica y El Salvador. En ese país sudamericano se llamó: Impuesto permanente para la “seguridad democrática” y en el 2006 –cuatro años después– se extendió a todos los contribuyentes.

En Honduras, algunos sectores como la empresa privada, ya lo califican como un impuesto disfrazado, porque consideran que la Secretaría de Seguridad recibe recursos tanto del gobierno como de países amigos, y lo único que tiene que hacer es mejorar la administración de esos dineros, eliminando los programas que no funcionan y trasladando esos fondos a la profesionalización de la Policía.

El Presidente Porfirio Lobo Sosa ha estado consensuando la idea de la tasa de seguridad con diversos sectores del país. El anteproyecto de ley todavía no ha sido presentado ante el Congreso Nacional, indicó el diputado Mario Pérez, de la Comisión de Seguridad.

De acuerdo a los informes investigativos, el tema de la tasa de seguridad se incluyó durante una reunión de empresarios en el evento “Honduras is Open for Business”, realizado en días anteriores en San Pedro Sula.

En ese entonces, Álvaro Uribe, como participante de la reunión, dijo:”El tema de la inversión debe ser una política pública prioritaria. En mi país era muy difícil financiar la seguridad, el país se encontraba en un inmenso riesgo. Se hablaba de que Colombia estaba a punto de ser un Estado fallido”.

“Entonces en conversación con los empresarios colombianos aceptaron en pagar un impuesto al patrimonio para financiar la seguridad y formaron una junta de empresarios para vigilar la aplicación de recursos”, reveló Uribe.

Luego se conoció que el pasado 12 de mayo el mandatario de El Salvador, Mauricio Funes esperaba que en este año se aprobara un impuesto a los grandes patrimonios para financiar un presupuesto extraordinario de 380 millones de dólares que su gobierno requiere en el área de seguridad para 2011 y 2012.

Funes explicó durante una entrevista concedida a la agencia de prensa AP, que los países centroamericanos necesitan realizar esfuerzos fiscales parecidos para estar en condiciones de financiar una estrategia regional de seguridad, ya que probablemente la conferencia de donantes prevista para junio no arrojará los 900 millones de dólares necesarios para su implementación.

“Estoy convencido de que no podemos esperar de que ese dinero venga de la comunidad internacional”, dijo el mandatario, tras pronunciar un discurso ante empresarios y académicos.

“Veo con optimismo la reunión de cooperantes, pero insisto en que tenemos que hacer nuestra propia tarea. Nadie más va a poner más recursos si no somos los propios centroamericanos los que invertimos en nuestra propia seguridad”.

Colombia impuso en 2007 un impuesto especial de 1.2 por ciento anual entre 7,000 y 9,000 contribuyentes naturales y jurídicos, cuyo patrimonio es equivalente a 1.6 millones de dólares. Ya recaudaron unos 4,400 millones de dólares para el Ministerio de la Defensa, y planea recabar otros 6,000 millones de dólares hasta el 2014 con la extensión reciente ordenada por el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Funes señaló que es necesario revisar la alta inversión en seguridad privada que ocurre en la región, y puso a su país como ejemplo, donde el Ejército cuenta con 19,000 efectivos y la Policía con 22,000, mientras que las empresas privadas de seguridad gozan de 25,000 hombres.

“Se drenan recursos que podrían ser para el Estado, para que sea este el que proporcione seguridad, no los privados que a veces no tienen controles adecuados”, agregó el mandatario durante una breve visita a la capital estadounidense. “Esos recursos, que ya los incluyen los empresarios en sus gastos de operación, en lugar de dárselos a empresas de seguridad podrían dárselos al Estado”.

Los países que han expresado más interés en apoyar la estrategia de seguridad son España, Alemania, Canadá y Estados Unidos, cuyo presidente Barack Obama anunció en marzo, al visitar El Salvador, una contribución de 200 millones de dólares, que se suma a otros 100 millones solicitados al Senado estadounidense para el ejercicio fiscal del 2012.

FUENTE: www.latribuna.hn