Los datos fríos son claros. Más del 70% de los homicidios en El Salvador son cometidos con armas de fuego, es de-cir, si el promedio de asesinados diarios son 11, y el 7.7 de este índice, son cometidos con armas de fuego. De ahí, que, una de tantas medidas que habría que aplicarse ya, debería ser quitarle las armas y las municiones a los homicidas.

Cómo, sencillo. En primer lugar, crear una ley temporal para la prohibición total de armas de fuego, solo podrán usarlas la policía, el ejército, el personal de seguridad privada, debidamente identificado, y los miembros de la seguridad de empresarios y funcionarios, debidamente identificados, también.

Lo anterior, obligaría a cerrar las empresas que venden armas y municiones. Y es que, si bien es cierto que el crimen organizado también le apuesta al contrabando, lo será en un mínimo porcentaje, lo que indica que los principales abastecedores, sobre todo de la munición deben ser las empresas que vende estos productos bélicos y letales.

Es decir, lo primero que este gobierno debería hacer es cortarles el mecanismo logístico al crimen organizado. Esto implicaría, que el gobierno no tuviera los tropiezos con la empresa privada.

Por cierto, a mediados de esta semana, representantes del sector privado tuvieron una reunión con el Gabinete Económico, en el que le plantearon la creación de una fundación, que entre otras cosas se dedicara a la compilación de la información de los homicidios en el país, es decir, llevar las estadísticas de los muertos, como si el dato no es suficiente con la información de las autoridades competentes, y el recuento diario que hacen los periódicos matutinos.

Dicen que la fundación sería el mecanismo para la conexión entre la Fiscalía, la Policía y Fiscalía, entre otras instancias, como si esas entidades estuvieran desorientadas o en conflicto, una con otra, que necesitan de una mediación por medio de una fundación.

Para que una ley contra el desarme sea efectiva, el gran empresariado debería pagar el impuesto especial o extraordinario, para que el gobierno invierta en más personal policial y recursos tecnológicos, como por ejemplo, poner a funcionar más cámaras de videovigilancia, en puntos estratégicos del Gran San Salvador, así como otros mecanismos de seguridad tecnológicos como los detectores de armas a corta y mediana distancia.

Si los empresarios está tan preocupados por la seguridad del país, lo primero que tiene que hacer es dar el impuesto que el gobierno quiere, y apoyar el desarme nacional y prohibir, temporalmente, la venta de estas y de las municiones. Este podría ser otra gran paso, en el marco del gran esfuerzo que hace ya este gobierno, a través de su gabinete de seguridad.

FUENTE: www.diariocolatino.com