No todo el personal que labora en empresas de seguridad cuenta con el equipamiento necesario para enfrentar a la delincuencia

"Al escuchar el tiroteo, corrimos a cerrar las puertas del supermercado. Llevamos a la gente hasta un lugar seguro, y nos quedamos ahí esperando a que llegara la Policía", dijo Jorge Quinga. Él es guardia de seguridad de un local comercial ubicado en el barrio La Villaflora, en el sur de Quito, en el que se produjo el 25 de junio una balacera entre el personal que custodiaba el dinero de las ganancias del día y 10 antisociales. Como resultado, hubo tres heridos y un fallecido.

Los cuatro guardias del establecimiento no intentaron enfrentarse a los supuestos delincuentes; en lugar de ello, se pusieron a buen recaudo. La razón, según Quinga: los asaltantes cargaban armas automáticas y ellos, en lugar de pistolas y toletes, llevaban palos de escoba pintados de negro y chalecos antibalas en mal estado.

"¿Cómo enfrentamos a criminales que están mejor equipados que nosotros?", se preguntó Quinga.

Según Mariana Villacrés, propietaria de esta cadena de supermercados, la prohibición de portar armas es un grave error del Gobierno, porque esto ha incentivado los robos a locales comerciales.

Se refiere al acuerdo ministerial entre Policía y Ministerio de Gobierno (ahora del Interior) firmado el 26 de junio de 2009, que regula la tenencia de armas de fuego en el país, con el objetivo de frenar la criminalidad. En ese entonces, Gustavo Jalkh era el ministro del Interior e impulsó la reforma, los delincuentes se valían de permisos verdaderos y falsos para portar armas y cometer fechorías.

Villacrés contó que, en los primeros seis meses de este año, su cadena de locales ha recibido seis intentos de robo por parte de bandas organizadas y hubo tiroteo en tres ocasiones. Recordó, además, que se dio en noviembre de 2009 un asalto en uno de los supermercados que dejó un muerto, dos heridos y casi $20 mil robados.

Carlos Castillo, director de la Cámara de Seguridad Privada del Ecuador y representante del gremio, dijo que tal prohibición no es cierta y que las empresas de seguridad sí tienen permiso para el uso de armas, pues el trabajo de brindar seguridad solo se garantiza con el equipo y el entrenamiento pertinente.

Contó que lo que existe es una mala interpretación de la medida tomada por el Ministerio del Interior, que permitió durante 2009 una acción abusiva de los policías al decomisar las armas de guardias y personal de seguridad móvil (guardaespaldas).

Sin embargo, el gremio de la seguridad privada reaccionó y, tres meses después, hizo el reclamo correspondiente al ministro. Jahlk ordenó entonces a la Policía frenar el decomiso de armas a personal de seguridad, ya que, en el acuerdo ministerial, se restringía el uso únicamente a personas naturales.

Las empresas de seguridad cuentan actualmente con el permiso y el aval para portar armas de fuego. Sin embargo, como Jorge Quinga, existe personal de seguridad que trabaja desarmado o dotado de palos y perros con los que resguarda casas, edificios o centros comerciales.

Esto sucede, según el dirigente gremial, porque se trata de empresas no constituidas legalmente, las cuales no cuentan con los permisos para portar armas, que se otorgan en el departamento de Control y Supervisión de Organizaciones de Seguridad Privada de la Policía (COSP).

El jefe de la unidad, Santiago Quesada, afirmó que el personal de seguridad que no es parte de las empresas con los permisos en regla, está desamparado de varios de sus derechos legales. Uno de ellos es la cobertura de pólizas de seguro de vida y accidentes, el uso de chalecos antibalas y armas de fuego que, de acuerdo al nivel de riesgo, pueden ser revólver, pistolas, escopetas y submetralladoras. La situación jurídica de tales compañías sería la razón de su desprotección.

Están además violando la ley de Vigilancia y Seguridad Privada, en la que se expresa que "las personas que laboran en estas compañías deben poseer armamento y equipo, el cual garantice su seguridad personal y la del resto de ciudadanos". (SO)

Golpes a Seguridad

El 6 de marzo de 2009, desconocidos vestidos con trajes de policías y militares cerraron el tránsito en la avenida Colón y Reina Victoria, frente al Banco de Guayaquil, y asaltaron a un blindado que movilizaba a esa hora dinero de la entidad.

El 22 de noviembre de 2009, un grupo de seis antisociales asaltaron un supermercado ubicado en el centro-norte de Quito con metralletas en pleno mediodía. Una persona resultó muerta producto del asalto.

El 5 de mayo de 2010, una banda de delincuentes asaltaron a dos vehículos blindados que transportaban oro desde Zaruma a Guayaquil. Tres guardias de seguridad fueron heridos y uno de los criminales, muerto.

FUENTE: www.hoy.com.ec