En lo que respecta a la seguridad ciudadana, nuestra fuerza política entiende que debemos garantizar al conjunto de la sociedad uruguaya derechos tales como la libertad, la seguridad personal, la integridad física y la propiedad. Palabras del Diputado Felipe Michelini en la Asamblea General.
Señora Presidenta: hemos sido convocados a esta Asamblea General a efectos de emprender, entre todos los partidos con representación parlamentaria, la búsqueda de entendimientos y coincidencias en materia de seguridad pública.
En lo que respecta a la seguridad ciudadana, nuestra fuerza política entiende que debemos garantizar al conjunto de la sociedad uruguaya derechos tales como la libertad, la seguridad personal, la integridad física y la propiedad. Tengamos presente que las víctimas que más sufren la inexistencia de seguridad ciudadana son, precisamente, los sectores populares y más desvalidos, que no tienen capacidad de contratar servicios de seguridad privada. Esta perspectiva, señora Presidenta, tiene detrás de sí la concepción de que el Estado debe respetar derechos, pero también debe garantizarlos, sobre todo cuando son fundamentales. Pensamos –no de ahora, sino desde siempre– que temas complejos como la seguridad ciudadana, se resuelven a través de políticas públicas impulsadas por el Estado en forma duradera y sostenible en el tiempo.
Señora Presidenta: el tema de la seguridad o inseguridad no es nuevo. Recuerdo que en la segunda Administración del Partido Colorado –luego de reconquistar la democracia en el año 1985–, uno de los temas convocantes de Comisiones fue, justamente, el de la seguridad ciudadana, que se expresó, entre otras cosas, en la Ley de Seguridad Ciudadana del año 1995. Si uno revisa lo manifestado por muchos señores legisladores, va a encontrar coincidencias sobre diagnósticos y sobre la preocupación que había en la materia. En ese sentido, recuerdo una iniciativa que promovió una Comisión Especial en la Cámara de Representantes, que después tuvo como producto un informe común en materia de seguridad ciudadana. Esa fue una excelente oportunidad para escuchar a decenas de vecinos, en forma individual u organizada, que estaban muy preocupados por el tema. Esa Comisión expidió un informe, firmado por todos los partidos políticos, que manifestaba que era preciso asumir la policausalidad del problema, y expresaba la enorme preocupación que el tema generaba, además de la necesidad de implementar políticas múltiples a los efectos de atenuar el impacto de la inseguridad.
Con esa misma lógica, el Presidente de la República electo en noviembre de 2009 convocó a una Comisión interpartidaria para abordar el tema de la seguridad pública –otro tanto hizo con temas como la educación, medio ambiente y cambio climático, y la energía–, a fin de lograr consensos básicos que permitan, justamente, separarlo de la polémica pública partidista más apasionada; se trata de trabajar en temas que, naturalmente, nos tocan a todos.
Es con esa lógica de no agitar o de no tornar el tema inflamable que venimos a esta Asamblea General a aportar nuestras propuestas como fuerza política. Las responsabilidades irrenunciables, indelegables e insustituibles que nos otorgó la ciudadanía a través del voto popular en la elección del año pasado, suponen tomar a cargo, en su caso, las tareas del Ministerio del Interior. Por lo tanto, sin perjuicio de participar en forma abierta, franca y de buena fe en esta instancia, y luego en la creación de una Comisión de esta Asamblea General, decimos también que respaldamos en un todo al señor Ministro Bonomi, porque él refleja, en definitiva, las políticas que el Frente Amplio ha entendido necesario llevar adelante para garantizar la mejor calidad de seguridad ciudadana, que es la que refleja la mejor calidad de vida de un pueblo.
El abordaje de este tema se ha puesto de manifiesto en nueve medidas sustantivas, en los acuerdos celebrados y, en general, en el compromiso expresado en el documento de consenso firmado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, sin perjuicio de las aclaraciones y constancias que contiene ese documento de agosto de 2010.
Uno de esos nueve puntos es el fortalecimiento del instituto policial, para que pueda cumplir cabalmente su tarea y su cometido de prevención, información, represión, relaciones públicas y relación con la comunidad. Se prevé, en particular, una mejor gestión de las comisarías –primera trinchera de acercamiento al problema de la seguridad ciudadana– y, al mismo tiempo, se busca dar un carácter nacional a la Guardia Republicana. El fortalecimiento del instituto policial está en el marco de la profesionalización de la Policía, que implica la disminución progresiva del Servicio 222 y su racionalización, ya que entendemos que es uno de los factores que impide a la Policía cumplir cabalmente con sus cometidos.
Por otro lado, planteamos la lucha frontal, sin pausa, al narcotráfico y al crimen organizado, en virtud de que esos flagelos son también un elemento de retroalimentación de la inseguridad ciudadana.
Otra de las medidas sustantivas refiere al fortalecimiento de los asuntos internos, porque no hay una Policía ni una seguridad ciudadana que puedan estar apartadas del cumplimiento estricto del Derecho y de las garantías individuales.
Otro elemento a tener en cuenta es el control de los mecanismos de seguridad privada, que son muchos, y a lo que hay que prestar atención porque, en definitiva, la seguridad es un cometido irrenunciable del Estado de Derecho.
También se apunta a la búsqueda de la aprobación de nuevas normas en el Código Penal y en el Código del Proceso Penal.
Asimismo, tenemos que ver cómo hacemos para optimizar nuestros recursos a fin de hacer posible la creación de un Ministerio de Justicia que atienda las políticas públicas en materia de acceso a la Justicia.
En cuanto al sistema carcelario, se propone el deshacinamiento, garantía perimetral y fortalecimiento de la infraestructura.
Asimismo, hay una medida que refiere a la participación ciudadana, porque no hay políticas que sean sustentables si no cuentan con el apoyo de la ciudadanía en su conjunto.
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Por último, habría que enfrentar las situaciones de violencia endémica que muchas veces se encuentran en el seno de actitudes culturales y que tal vez sean las más difíciles de cambiar, pero hay que enfrentarlas, como la violencia de género, la violencia doméstica, el abuso infantil y la violencia social, que tanto nos preocupan.
Estamos convencidos de que el documento de Acuerdo de agosto de 2010 es una buena base para seguir trabajando. Si se nos propone una Comisión de la Asamblea General, ¡bienvenida sea! Estamos dispuestos a transitar por todos los ámbitos de trabajo necesarios porque creemos que, si quitamos los aspectos que agitan y convocan a la irracionalidad, iremos por un buen camino.
Quiero detenerme en el tema de los niños, niñas y adolescentes –pido disculpas a mi bancada por hacer un abordaje personal–, en particular, de los adolescentes en conflicto con la ley penal que, sin duda, tanta preocupación genera a la propia bancada de Gobierno. Durante años este sector ha estado fuertemente postergado en cuanto a políticas públicas y sociales. La última cifra oficial de niños, niñas y adolescentes que se dedican a la recolección, separación y clasificación de residuos me provoca, sinceramente, como uruguayo y como legislador, la más profunda indignación, ya que se sitúa en 20.000. Asumamos que este estudio de organizaciones no gubernamentales basado en otros efectuados por el Ministerio de Desarrollo Social, no es correcto; supongamos que esa cifra fuera el 10%; entonces, serían 2.000 los niños, niñas y adolescentes que estarían convocados, no solo a un punto de partida marcado por la incapacidad absoluta de cumplir y satisfacer sus necesidades básicas, sino también a un punto de llegada en el que pese a las políticas sociales desarrolladas, estas no se han podido concretar. Sin perjuicio de ello –reitero– estamos dispuestos a transitar el camino que sea, tal como expresamos en el documento de consenso, para crear un Instituto Nacional de Rehabilitación y de Reinserción que pueda dar, primero y antes que nada, contención y, además, herramientas de reinserción a los adolescentes que han cometido delitos. Creemos que el INAU, como el Instituto referente de todos los niños, niñas y adolescentes, está convocado a no mantener el estigma que tiene actualmente porque, si bien se trata de un número pequeño en su dimensión, genera sin duda un impacto público de enorme trascendencia.
Señora Presidenta: para terminar, quiero decir que tenemos la vocación de lograr acuerdos; a ello nos inspira quien fuera uno de los integrantes más venerados de esta fuerza política: el General Líber Seregni.
FUENTE: www.uypress.net