El Congreso aprobó el Decreto 52-2010, el cual contiene la ley que regulará los servicios de seguridad privada. Oliverio García Rodas, presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia, afirmó que la normativa es producto de “un trabajo arduo de consenso con todos los sectores”.
García agregó: “Después de varios años de lucha se logró avanzar en regular a más de 100 mil agentes de seguridad, de los cuales la mitad no está registrada”.
“Es una herramienta más para la lucha contra la inseguridad en el país; ahora sí se podrá tener control sobre los agentes privados y las armas que manejan”, declaró Gudy Rivera, diputado del Partido Patriota (PP).
Roberto Villate, jefe de la bancada Líder, expuso: “Al fin los agentes tendrán derechos laborales y no se les explotará pagándoles una miseria por medio de una factura”.
La ley crea la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, la cual estará a cargo del Ministerio de Gobernación y será la encargada de controlar las empresas del sector (lea: La normativa).
La única objeción al citado decreto la hizo el diputado Mariano Rayo, quien advierte que la ley podría ser impugnada “porque riñe con el TLC”, al impedir que se contraten extranjeros como agentes y escoltas privados.
“Quiero dejar constancia de que se había consensuado que se podría contratar agentes extranjeros que hayan obtenido permiso de trabajo y hayan sido capacitados”, señaló Rayo, al indicar que la enmienda incluida “a última hora” en el artículo 15 de la norma viola la libertad de contratación establecida en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y la región.
La primera iniciativa de ley para regular los servicios de seguridad privada fue conocida en el pleno el 24 de abril del año 2003.
FUENTE: www.sigloxxi.com