La seguridad privada
Tradicionalmente, la seguridad privada es tratada como un servicio que se expande en virtud de la incapacidad del Estado para promover seguridad pública, siendo ésta la principal forma por la cual se manifiesta el monopolio legítimo de la fuerza física. Sin embargo, cada vez más las actividades de seguridad privada se consolidan como parte del sector de servicios, insertadas en la lógica de mercado, para las cuales hay demanda suficiente para su crecimiento y fortalecimiento.
Tales servicios de seguridad han crecido vertiginosamente en el país. En muchos casos, el número de empleados de estas empresas privadas superan con creces las plazas de las fuerzas policiales. Estudios recientes ponen en evidencia el crecimiento que la oferta privada de seguridad está teniendo a nivel mundial. En América latina, el crecimiento del mercado de bienes y servicios de seguridad privada en los últimos quince años se estima en un 11 por ciento.
Los reiterados casos de inseguridad que se viven día tras día en la Argentina hacen que dentro de la lista de los gastos que una familia, una compañía o un consorcio elaboran cada mes, deba agregarse también el destinado a pagar el servicio de una de las 850 empresas de seguridad privada que trabajan en el país y que facturan unos 2.000 millones de pesos anuales.
En la provincia de San Juan, están autorizadas a funcionar una treintena de empresas de vigilancia y seguridad privada, las que no tienen ningún control del Estado, por haberse derogado en noviembre del año 2006 un decreto ley de la época de la dictadura militar (N¦1877-G-82) que regulaba la actividad, a través del dictado de la ley Nº 7775 (30-11-2006).
Esta ley de avanzada, hasta la fecha no ha sido reglamentada y por ende no se ha puesto en vigencia. Es decir, a más de cinco años de sancionada la ley de seguridad privada en la provincia, no existe ningún control sobre las personas y empresas que prestan esta actividad, falencia que por cierto no puede atribuirse a la Policía de San Juan, al ser una facultad propia del Poder Ejecutivo, según lo refiere el art.189 inc.18º de la Constitución Provincial.
De ello se deriva, que los poco más de 1.500 vigiladores, porteros, custodios y guardias privados que operan en la provincia, registrados ante los organismos tributarios, se desconozca si reúnen los mínimos requisitos para la actividad, ya sea que posean capacitación suficiente o que carezcan de antecedentes penales (incluidos Derechos Humanos) o contravencionales. Igual situación se produce con respecto a los responsables técnicos de las empresas y el servicio de alarmas domiciliarias con monitoreo electrónico.
Felizmente en la provincia y frente a la descrita situación, no se han producido hechos graves que involucren al personal de estas empresas, no obstante que en la mayoría de los casos no posean estudios de nivel medio, como se ha previsto en las modernas legislaciones y como regía según la ley Nº 7775.
Es indudable de la importancia de estos servicios, en cuanto coadyuvan a la acción estatal de brindar seguridad, pero deben estar sujetos a una estructura de reglamentación sólida y efectiva a fin de garantizar que la seguridad privada sea ejercida dentro de límites legales y con mandatos más claros, disminuyendo el riesgo de convertirse en una actividad contraria a la ley y a la seguridad pública de una forma general.
En este sentido, basta tener presente que en la actualidad nuestra provincia es la única en el país que no ha puesto en vigencia su ley de seguridad privada, lo que implica inseguridad jurídica y un factor disuasivo para la radicación de empresas nacionales lo que atenta contra la oferta del sector.
No obstante este panorama, anima enterarse que una empresa sanjuanina: "El Guardián", fue seleccionada en exclusiva para brindar seguridad en vestuarios, anfiteatro y lugares cerrados en la Fiesta de la Vendimia que finaliza ayer en la provincia de Mendoza, con la presencia de cien vigiladores durante los días que se desarrolló este mega evento
FUENTE:Diario de Cuyo