Residencial La Itaba en Sánchez de Curridabat
Seguridad suspende empresa de vigilantes por presión vecinal
Entrar al residencial La Itaba en Sánchez de Curridabat ha sido una experiencia angustiante para sus visitantes: los vigilantes los bajan del auto para requisarlos; persiguen y golpean a quienes no se anuncian en la entrada; incluso, realizan disparos al aire sin aparente justificación
Esos hechos constan en decenas de denuncias que los vecinos y las víctimas de las agresiones interpusieron ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública contra la empresa de seguridad Diema S. A., la cual es dirigida por un sujeto que cayó preso el miércoles porque, al parecer, cometió un bajonazo en Heredia.
La presión de los vecinos obligó a la Dirección de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública a suspender el viernes la licencia de operación de la empresa y el permiso como agente de seguridad a su dueño, Diego Ruiz Jiménez, de 34 años.
La Nación tiene copias del expediente judicial en el que Ruiz acumula diversas causas por amenazas, coacción, lesiones y amenazas agravadas. Él fue sentenciado a ocho años de cárcel por robo en noviembre del 2001.
‘Aquí no protegemos’. A pesar de que la asociación de vecinos de La Itaba contrató una nueva empresa de seguridad, a inicios del 2011, tras rescindir el contrato con Diema, a la fecha, 40 vecinos siguen pagando a Ruiz ¢30.000 mensuales por sus servicios.
Precisamente, un equipo de este diario comprobó el miércoles que en el residencial (donde hay 130 casas) funcionan dos empresas de seguridad. En el caso de Diema, uno de los vigilantes a cargo es un sujeto de apellido Lambert (40 años).
Según registros judiciales, ese hombre cuenta con un amplio expediente criminal por presunta agresión con arma, venta de drogas, robo de autos y amenazas a una mujer. Descontó prisión preventiva en 2003 y 2009 por estos delitos.
Tras la contratación de la nueva empresa de seguridad, la Municipalidad de Curridabat denunció a Ruiz en mayo del 2011 por haber pintado la leyenda ‘Aquí no protegemos’ en los cordones del caño de las casas de quienes no pagaban.
Tres meses después, hubo cuatro robos en un solo día en las casas de los dueños que no pagaron la seguridad a Diema.
La asociación de vecinos pidió a Seguridad Privada investigar los hechos y cancelar la licencia a Diema. Sin embargo, el entonces director, Juan Luis Sánchez Vargas, respondió que la empresa cumplía con todos los requisitos de ley para funcionar (ver imagen adjunta).
La empresa Diema tiene 14 armas y seis empleados registrados; el propietario posee un permiso de portación de armas vigente hasta abril del 2013. La exsecretaria de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos, Magalli Márquez, fue quien realizó el examen de idoneidad mental a Ruiz para portar armas en noviembre del 2009. La profesional señaló que él llego a ella referido por otro cliente.
FUENTE:La Nación Costa Rica