Buscan convenio para regular seguridad bancaria
El Ayuntamiento de Guadalajara buscará un convenio con la Secretaría de Gobernación (Segob) para la expedición de una regulación en seguridad bancaria a nivel municipal que tenga una base jurídica firme. La falta de este acuerdo ha provocado que la autoridad municipal fracase en su par de intentos por intervenir en las medidas de seguridad que deben implementarse en los bancos.
En el primero de los intentos, en 1996, el Ayuntamiento aprobó el 29 de agosto el Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria, declarado en su invalidez por la SCJN al año siguiente, y el segundo, en 2011, cuando se aprobaron reformas normativas en el mismo sentido que se vinieron abajo cuando el máximo tribunal constitucional del país lo consideró un desacato a su primera resolución.
En 1997, año en que la SCJN a declaró la invalidez del reglamento municipal en seguridad bancaria, el máximo tribunal hizo saber al Ayuntamiento tapatío sobre la alternativa que tiene para convenir con la Segob, lo cual, sin embargo, no fue intentado por la autoridad para sus reformas del presente año, hoy sin validez. “El reglamento impugnado se expidió invadiendo la esfera competencial de la Federación, en virtud de que compete a ésta legislar en materia de seguridad bancaria”, previó la Corte.
Al respecto el presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz, declaró que revisa alternativas “con las cuales podamos tener una mejor coadyuvancia y coparticipación en la seguridad de las instalaciones bancarias. Si bien lo estamos haciendo alrededor de las mismas (el patrullaje), no nos permite el tener un elemento ahí que debe de estar vigilando más espacios.
El alcalde se comprometió a revisar las opciones y “explorar” el convenio con Gobernación y con la misma asociación bancaria a nivel nacional.
En la sesión del 14 de diciembre, el Ayuntamiento de Guadalajara tuvo que dejar sin efectos las reformas normativas que había aprobado el 2 de junio del presente año, por instrucción de la SCJN, por lo que los bancos ya no tendrán por qué contar con elementos de seguridad privada y otros requisitos que habrían de ser exigidos a partir de 2012 al momento de tramitar el refrendo de su licencia municipal.
Según expuso Sandoval Díaz, él había previsto que el sustento legal de dichas reformas durante su gestión, desde el momento de su aprobación a mitad de año, no le resultaban del todo convincentes.
“Vamos a tener que generar más argumentos. Recordarán en la sesión cuál fue mi planteamiento, dije que lo veía con algunas debilidades jurídicas, pero fue una propuesta de los regidores. Se aprobó pero esto yo lo comenté al momento de la aprobación, dije que tenía deficiencias jurídicas”.
TELÓN DE FONDO
Pendiente
Luego que la autoridad municipal repitiera en 2011 el mismo procedimiento legal de 1996 para diseñar una regulación de la seguridad bancaria, llevó a que la SCJN le notificara el 1 de diciembre pasado que estaba desacatando aquel asunto ya juzgado 15 años antes, por lo que el Ayuntamiento se vio obligado a dar marcha atrás con los recientes cambios normativos en su sesión del 15 de diciembre.
La Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia de Guadalajara intentó obligar a las sucursales bancarias a contar con medidas de seguridad como elementos armados y cámaras, integrándolos como requisitos para su licencia de giro (muy similar, dicho sea de paso, a la norma fallida de 1996), lo que adquiriría vigencia desde 2012, pero nunca emprendió el camino para convenir con la Secretaría de Gobernación una reglamentación específica bancaria para el municipio.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal denunció ante la SCJN el incumplimiento a su resolución el pasado 18 de noviembre.
Ediles del Ayuntamiento de Guadalajara estuvieron en riesgo de ser separados de su cargo y ser sujetos a un proceso penal si no daban marcha atrás a los cambios reglamentarios en un periodo máximo de 15 días luego de la notificación que les hizo la SCJN, el 1 de diciembre.
En el primero de los intentos, en 1996, el Ayuntamiento aprobó el 29 de agosto el Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria, declarado en su invalidez por la SCJN al año siguiente, y el segundo, en 2011, cuando se aprobaron reformas normativas en el mismo sentido que se vinieron abajo cuando el máximo tribunal constitucional del país lo consideró un desacato a su primera resolución.
En 1997, año en que la SCJN a declaró la invalidez del reglamento municipal en seguridad bancaria, el máximo tribunal hizo saber al Ayuntamiento tapatío sobre la alternativa que tiene para convenir con la Segob, lo cual, sin embargo, no fue intentado por la autoridad para sus reformas del presente año, hoy sin validez. “El reglamento impugnado se expidió invadiendo la esfera competencial de la Federación, en virtud de que compete a ésta legislar en materia de seguridad bancaria”, previó la Corte.
Al respecto el presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz, declaró que revisa alternativas “con las cuales podamos tener una mejor coadyuvancia y coparticipación en la seguridad de las instalaciones bancarias. Si bien lo estamos haciendo alrededor de las mismas (el patrullaje), no nos permite el tener un elemento ahí que debe de estar vigilando más espacios.
El alcalde se comprometió a revisar las opciones y “explorar” el convenio con Gobernación y con la misma asociación bancaria a nivel nacional.
En la sesión del 14 de diciembre, el Ayuntamiento de Guadalajara tuvo que dejar sin efectos las reformas normativas que había aprobado el 2 de junio del presente año, por instrucción de la SCJN, por lo que los bancos ya no tendrán por qué contar con elementos de seguridad privada y otros requisitos que habrían de ser exigidos a partir de 2012 al momento de tramitar el refrendo de su licencia municipal.
Según expuso Sandoval Díaz, él había previsto que el sustento legal de dichas reformas durante su gestión, desde el momento de su aprobación a mitad de año, no le resultaban del todo convincentes.
“Vamos a tener que generar más argumentos. Recordarán en la sesión cuál fue mi planteamiento, dije que lo veía con algunas debilidades jurídicas, pero fue una propuesta de los regidores. Se aprobó pero esto yo lo comenté al momento de la aprobación, dije que tenía deficiencias jurídicas”.
TELÓN DE FONDO
Pendiente
Luego que la autoridad municipal repitiera en 2011 el mismo procedimiento legal de 1996 para diseñar una regulación de la seguridad bancaria, llevó a que la SCJN le notificara el 1 de diciembre pasado que estaba desacatando aquel asunto ya juzgado 15 años antes, por lo que el Ayuntamiento se vio obligado a dar marcha atrás con los recientes cambios normativos en su sesión del 15 de diciembre.
La Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia de Guadalajara intentó obligar a las sucursales bancarias a contar con medidas de seguridad como elementos armados y cámaras, integrándolos como requisitos para su licencia de giro (muy similar, dicho sea de paso, a la norma fallida de 1996), lo que adquiriría vigencia desde 2012, pero nunca emprendió el camino para convenir con la Secretaría de Gobernación una reglamentación específica bancaria para el municipio.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal denunció ante la SCJN el incumplimiento a su resolución el pasado 18 de noviembre.
Ediles del Ayuntamiento de Guadalajara estuvieron en riesgo de ser separados de su cargo y ser sujetos a un proceso penal si no daban marcha atrás a los cambios reglamentarios en un periodo máximo de 15 días luego de la notificación que les hizo la SCJN, el 1 de diciembre.