Efectivos de la Policía Nacional intensificaron los operativos en los municipios de Colón. Dentro de los buses urbanos e interurbanos también realizaron inspecciones.
Trabajar en las fincas que han sido tomadas por campesinos en el Bajo Aguán es vivir el día a día con el alma en un hilo.
LA PRENSA se adentró a las plantaciones y conoció el sentir de los trabajadores que, pese al medio, se arriesgan por la necesidad de trabajar.
“Ésta es una guerra sin cuartel, estamos en zozobra. Si el Gobierno de verdad no toma en serio el problema, aquí será el comienzo de lucha entre grupos armados”.
Con esas palabras “Francisco” un humilde campesino resume la realidad que acontece en las fincas de palma africana y arroz en el valle del Aguán.
Especial: Terror en el Bajo Aguán
Los enviados a la zona en conflicto penetraron ayer a las fincas. La zona es peligrosa, pero se adentraron hasta la finca San Isidro que tiene una extensión de 715 hectáreas y que había sido tomada a mediados del año.
El paso por la zona no es fácil. Cerca de la finca La Aurora, grupos de campesinos armados tienen invadida esa propiedad de Agropalma, una de las diez fincas tomadas.
Como esta finca, 16 más han sido ocupadas por los campesinos, quienes el miércoles invadieron otra instalación conocida como finca El Panteón en la zona de Orica, municipio de Sabá.
En el Ministerio Público no se pudieron conocer en detalle las denuncias por invasión de tierras que se registran en esta zona productiva de Colón. La fiscal Kenia Lagos, coordinadora interina, no quiso atender al equipo que recorría la zona. La situación preocupa, porque los pobladores, organizaciones y fuerzas vivas temen que si el “Operativo Tumbador” no logra tomar el control de las tierras que han sido usurpadas, continuará el derramamiento de sangre y la situación podría complicarse más, advirtieron varios ciudadanos consultados.
Ayer el desplazamiento de efectivos policiales y militares continuó. Se espera que para el fin de semana el cuerpo de seguridad que se ha establecido en la Fuerza Tarea Conjunta Tumbador esté en su totalidad para que de manera indefinida controle la zona del Aguán.
Temor generalizado
En el recorrido realizado en dos fincas logramos conocer las opiniones de algunos campesinos y constatar hasta qué nivel impera la inseguridad en la zona.
Llegamos a la finca San Isidro que en días pasados estuvo tomada. Algunos guardias de seguridad privada custodiaban el área y en ella había cortadores y tractoristas que estaban a la espera de acarrear la fruta.
Las indicaciones que nos habían dado eran no penetrar y evitar que fuéramos atacados por los invasores. Sin embargo, con las precauciones del caso llegamos al lugar e ingresamos a la finca. El administrador y varios cortadores nos recibieron.
Tratamos de conocer un poco el día a día de los empleados de las empresas y campesinos que invaden algunos predios. Uno de ellos que se identificó como “Francisco” manifestó que la situación en los alrededores es de completa inseguridad.
“Día de por medio somos atacados, de la nada salen los disparos para los guardias que custodian las propiedades. No hay motivo, es como una muestra de fuerza de quien tiene el control en la zona. No entendemos qué pasa, hay mucho odio. Aquí es normal encontrar a la gente con AK 47, fusiles Galil y otras armas prohibidas.
Los fines de semana ya es normal escuchar los disparos, aquí mandan los grupos armados, no hay autoridad. La Policía no se atreve a llegar”, manifestó el campesino.
Después de recorrer y observar cómo se realiza el corte, a lo lejos observamos la actividad en la finca La Aurora que colinda con la finca San Isidro. El movimiento de campesinos subiendo fruta a un chapulín nos llamó la atención. Allí nos contaron que las fincas tomadas son aprovechadas por los invasores, quienes toman la fruta y la venden entre 40 y 60 lempiras cada una.
“Ellos tienen ya sus topes donde venden la cosecha y con eso generan ingresos y una parte la dejan como fondo del grupo que les sirve para gastos colectivos. Nadie de los que forman parte de la comunidad sabe cómo llegaron las armas, o al menos no lo dicen”, narró.
Recorrido a La Concepción
Avanzamos por el área y llegamos a la zona de El Barracón donde apenas las paredes quedaron como testigos del fuego cruzado que se dio días atrás. La zona estaba invadida y en el afán de recuperar la tierras, guardias se enfrentaron con los invasores dejando como resultado la muerte de un guardia de la empresa privada y tres heridos.
Como represalia, los invasores quemaron la zona y se llevaron el ganado que había en el lugar.
Queriendo ir más a fondo también fuimos hasta la aldea La Concepción, una comunidad netamente campesina.
Allí se encuentra una sede del Instituto Nacional Agrario, INA, que sirve de albergue a los campesinos antes y después de una invasión. Una bandera Nacional en las afueras indica dónde se ubica el edificio estatal.
En las afueras hay varios campesinos. Cuando LA PRENSA transitó por la zona, de inmediato algunos de los que se encontraban en las afueras portando sus escopetas se mantuvieron atentos a los movimientos que hacía el equipo.
Primeros resultados
Los operativos continuaron en los municipios de Colón. El registro a personas que viajaban en unidades de transporte y vehículos continuó.
Se espera que el fin de semana las acciones se realicen en puntos estratégicos para lograr el desarme en la zona y de esta manera evitar nuevas confrontaciones.
Como resultado del primer día de operaciones fueron detenidas 32 personas por diversos delitos. Además decomisaron 8 vehículos y 4 armas cortas.
“Estamos siguiendo las líneas del plan de trabajo diseñado para esta zona. Confiamos que la paz y tranquilidad se le devolverá a este sector. Hay voluntad del Gobierno en resolver los conflictos y nosotros apoyamos para que se mantenga la calma”, manifestó el comisionado Héctor Alfredo Villatoro, coordinador de la “Operación Tumbador”.
Álvarez urge al INA definir situación en el Bajo Aguán
Tegucigalpa. El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, solicitó a las autoridades del Instituto Nacional Agrario, INA, actuar rápidamente en el conflicto de tierras que ocurre en el Bajo Aguán para evitar más derramamiento de sangre.
Según publicó en su portal Proceso Digital, Álvarez aseguró que se está trabajando en ver la forma de bajar los niveles de violencia y de crisis que ha generado enfrentamientos por tierras en ese sector del país.
“Nosotros como Policía Nacional les estamos solicitando a otras instituciones que trabajan en el tema, como el INA, que rápidamente defina cómo está la situación de esas tierras”, indicó.
Agregó que si a los campesinos se les da alas y se les dice que pueden entrar a tierras consideradas privadas es grave. “Es como que le digan a usted que se le metió alguien a su casa, uno va a defender su casa como puede, hay que definir esto en los juzgados y de la manera que manda la ley evitar que siga el derramamiento de sangre inocente”, señaló.
El funcionario sostuvo que las investigaciones están avanzando para dar con los responsables de la muerte de cinco agricultores que el lunes fueron encontrados masacrados en la finca El Tumbador.
El funcionario informó que los operativos de desarme y de seguridad en la zona iniciaron donde la población ha “visto con buenos ojos” la labor que está haciendo la Policía Nacional y el Ejército hondureño.
Sandra Ponce, Fiscal Especial de Derechos Humanos en el Ministerio Público, expresó que después de la muerte de cinco personas en la finca El Tumbador, en el Bajo Aguán, el Estado está obligado a esclarecer los móviles y deducir responsabilidades a los ejecutores.
Dan informe a Lobo sobre choque entre Ham y Facussé
Tegucigalpa. Un informe sobre lo ocurrido en la finca El Tumbador fue entregado ayer al presidente Porfirio Lobo, a su llegada de Taiwán, afirmó el designado presidencial Samuel Reyes.
El documento contiene detalles sobre el sangriento enfrentamiento entre varios campesinos y guardias de seguridad, que dejó el lunes cinco labriegos fallecidos, y además incluye elementos sobre la nueva disputa de tierras entre el Instituto Nacional Agrario y el empresario Miguel Facussé.
“Ya se ha avanzado en cuanto a la revisión legal y el Presidente recibirá un informe, ahora estos análisis le permiten al Gobierno tomar decisiones”, manifestó el designado presidencial.
El documento fue elaborado tras la polémica suscitada entre el titular del INA, César Ham y el empresario Miguel Facussé, luego de la muerte de los cinco campesinos que pretendían invadir la finca El Tumbador donde funciona la empresa Sociedad Exportadora del Atlántico.
Ham alega que las tierras que ocupa dicha empresa pertenecen al Estado, pero Facussé sostiene que el derecho le asiste sobre los predios.
“Quien tiene facultades de anular, verificar o ratificar una cuestión como ésta son los tribunales. Si hay un empresario que según las mediciones no tiene autorizaciones existen las acciones legales y para los que consideran que si tienen autorizaciones está abierta la puerta para cualquier proceso legal”, apuntó el funcionario.
Reyes indicó que en el Poder Ejecutivo se está analizando el planteamiento de cada una de las partes; pero advirtió que si al final alguna queda inconforme, el caso se tendría que dilucidar por la vía judicial.
Muca atribuye al INA problema en El Aguán; Facussé optimista
El nuevo escenario de violencia que se ha desatado en el Bajo Aguán es culpa del Instituto Nacional Agrario, INA, precisó en un comunicado oficial el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, Muca.
La organización acusó al INA que encabeza César Ham por la lentitud en dar respuesta al problema en el Bajo Aguán, situación que “ha generado espacios a la violencia”.
En un pronunciamiento, los miembros del Muca hicieron referencia a la crisis en el Bajo Aguán donde explicaron que desde agosto de 2008 a septiembre de 2009 se cuentan 19 muertos resultantes del conflicto entre campesinos y terratenientes de la comunidad Guadalupe Carney.
“Desafortunadamente, el conflicto no terminó ahí. Hace algunos años Miguel Facussé cultivó palma africana en 700 manzanas que pertenecen a esa comunidad”, apuntan.
Facussé optimista
El empresario Miguel Facussé se mostró ayer optimista de que en las próximas horas podría haber un acuerdo en torno a la nueva disputa de tierras con el INA, en el sector de El Tumbador, Trujillo, Colón.
“Yo creo que ya estamos en la recta final, se le va a buscar una solución a esto, va a ser quizás en unas semanas”, expresó el representante de la empresa Sociedad Exportadora del Atlántico, que ha venido funcionando en una parte del predio donde anteriormente estaba el Centro Regional de Entrenamiento Militar y que el INA alega le pertenecen al Estado.
Al ser consultado sobre su estado de ánimo en torno al arreglo, el empresario señaló que “no estoy contento, me están quitando tierras”.
Facussé sostiene que las tierras donde funciona la empresa Sociedad Exportadora del Atlántico son de su propiedad, pues las adquirió en 1988.
FUENTE: m.laprensa.hn