Organismos públicos contratan a empresa de seguridad privada
Entes públicos de la provincia contratan a una empresa de seguridad privada, para “el proyecto de montaje, instalación y monitoreo de sistemas de seguridad en todos los locales y áreas comunes”, se confirmó; La tercerización de la seguridad pública devela la desconfianza en el monitoreo y acción de la Policía de Entre Ríos por parte de funcionarios públicos.
Así, el Estado fomenta los “condotieros” en el capitalismo.
El Estado ya no confía en su propio personal ni en los profesionales con los que cuenta, ya que contrata un servicio de “seguridad privada” para proteger sus biene
La Dirección General de Rentas (DGR), la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), son organismos públicos “custodiados” por la empresa de seguridad privada Phoenix.
Según constató esta Agencia, la empresa se define como “líder a nivel provincial”, ya que desarrollan la custodia “armada con provisión de chalecos anti-bala y armas de guerra”, a la vez cuentan con autorización nacional, “para la tarea de custodias armada, mediante autorización de ministerio del Interior”.
La tercerización de la seguridad de organismos públicos de fiscalización devela que el Estado de clase no confía en su personal, es decir, en la Policía de Entre Ríos para que genere las herramientas para proteger los bienes del Estado.
Los “condotieros” en el capitalismo
Los condotieros eran las tropas mercenarias al servicio de las ciudades-estado italianas desde finales de la Edad Media hasta mediados del siglo XVI. La palabra condottiero deriva de condotta, término que designaba al contrato entre el capitán de mercenarios y el gobierno que alquilaba sus servicios.
La Dirección General de Rentas (DGR) es cliente de Phoenix.
Actualmente, los Estados de clase modernos se caracterizan por tener sus propias fuerzas de seguridad para establecer el orden, sin embargo aquello que en el Renacimiento desapareció hoy se replantea con la tercerización del monopolio de la violencia; en os barrios privados quienes poseen mayores recursos pagan a sicarios para que “garanticen” su seguridad y lo que ocurre con el Estado entrerriano de Sergio Urribarri es un pequeño e insignificante síntoma, ya que Entre Ríos es una provincia que lejos está de las grandes metrópolis que ya han puesto en manos de terceros la violencia para garantizar la reproducción del orden burgués.
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FUENTE:La Voz 901 Digital