Sin embargo, también es un sector que en gran parte carece de una normativa legal.
La seguridad privada es un negocio atractivo pero complejo. En el país existen 8,000 empresas, de las cuales 75% opera de manera irregular al contratar personal fuera de la ley, darse de alta como un giro comercial diferente, evadir impuestos o evitar el pago de derechos y certificados.
De acuerdo con el INEGI, México tiene apenas un policía de seguridad pública por cada 996 habitantes para combatir el crimen. Y Alejandro Hope, titular del proyecto Menos Crimen, Menos Castigo, y exdirectivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), estima que se cometen 43 delitos por minuto.
Frente a este escenario, la demanda de seguridad privada crece y las empresas aprovechan para alimentar su fuerza laboral entre desempleados, expolicías y personas con escasa instrucción escolar que encuentran en esta industria una oportunidad de empleo con pocas exigencias.
“Basta abrir la sección de clasificados de cualquier periódico para comprobar que lo único que piden estas empresas son acta de nacimiento, identificación oficial y, si acaso, alguna carta de recomendación”, acusa Gabriel Regino, consultor en seguridad y exsubsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal.
En 2010 y 2011, el Congreso reformó la Ley de Seguridad Privada con el fin de evitar la operación de empresas irregulares en el sector.
Según la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (AMSIRIA) la ilegalidad continuó y la reforma solo entorpeció la operación de las empresas establecidas con sanciones de hasta 5,000 salarios mínimos y una exagerada cantidad de trámites por hacer.
Los empresarios quieren incidir más en las decisiones de gobierno que involucran a su ramo.
Los diferentes organismos tratan de organizarse en una cámara de la industria de la seguridad privada que les abra espacios de decisión, explica Alberto Rivera de AMSIRIA. Hasta ahora, no hay muchos avances. Hay diferencias entre las organizaciones respecto al camino que deben seguir. También deben ponerse de acuerdo sobre los métodos que les permitan elegir a quien se desempeñaría como representante de la industria.
Gabriel Regino apunta que sería una mala señal fortalecer este sector con poder político. Apunta que la seguridad no debe ser un bien de élite, al que solo pueden acceder unos cuantos. “La obligación es del Estado y su responsabilidad es con todos los ciudadanos”.