La seguridad público privada.

Uno de los grandes retos para el próximo cuatrienio, es el tema de la seguridad, pues en las encuestas de percepción ciudadana, este flagelo es el que más angustia a los Cartageneros.

Hoy los hechos que afectan la integridad física y/o el patrimonio económico arrojan indicadores alarmantes en materia de atracos y fleteo, en tanto que la peligrosidad e intensidad del accionar pandillero castigan la tranquilidad barrial, dejando día tras día una estela de luto y sangre.

Puedo afirmar que a septiembre de 2015, la probabilidad de morir en forma violente es de lejos superior a la de ganarse una lotería. No se puede desconocer que la Policía ha descentralizado su accionar operativo, implantando CAI y cuadrantes, como una estrategia para descentralizarse y hacer presencia oportuna en puntos estratégicos de Cartagena, hoy estos son cuestionados porque su capacidad  de respuesta no es oportuna frente a los enfrentamientos callejeros, atracos y fleteo; por su parte Distriseguridad, como instancia que ventila a nivel del Distrito las acciones que garanticen la tranquilidad ciudadana, adolece de todo y si desaparece por causa de una reestructuración administrativa, con excepción de sus empleados, nadie lo lamentaría, pues nunca ha podido mantener un operación más de 200 cámaras, en una ciudad que rebasa el millón de habitantes y cuenta con más de 180 barrios, lo que arroja un promedio de una cámara por barrio.

Para reducir este problema, considero que se deben aplicar acciones público privadas que eleven los indicadores a niveles tranquilizantes y propicien el rescate de la ciudad de las garras de la violencia; se precisa de la instalación de cámaras de video vigilancia, pero para que estas sean eficaces, no son 200 ni  300 las que se requieren,  sino por lo menos 15.000,  mediante un esquema publico privado, en el que el Estado y  los comerciantes inviertan en equipos que propicien la custodia de sus bienes por parte de los organismos de seguridad, es decir, las cámaras son útiles si y solo si la transmisión de los datos que captura son vistos en tiempo real por los organismos de seguridad del Estado.

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