Violencia y urbes latinoamericanas
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., de México, elabora una clasificación de las 50 ciudades más violentas del mundo entendiendo como tales, aquellas con altas tasas de homicidios no imputables a conflictos bélicos.
Al cierre al 2014 el informe situaba a San Pedro de Sula (Honduras), Caracas (Venezuela), Acapulco (México), Joao Pessoa (Brasil) y Distrito Central (Honduras), como las que ocupaban los cinco primeros lugares.
Llama la atención que en esas posiciones se encuentren ciudades latinoamericanas, pero más llamativo y preocupante es que de las 50 solo 7 estén fuera de la región.
En lo que respecta a Venezuela "su aporte" estuvo representado por Caracas (puesto 2), Valencia (puesto 7), Ciudad Guayana (puesto 12) y Barquisimeto (puesto 21).
¿Qué tienen en común las urbes latinoamericanas para que sean terreno fértil de la violencia? Una de las numerosas teorías que da explicación a este fenómeno, parte del crecimiento desordenado y sin planificación de las ciudades, lo que trae como consecuencia un déficit de servicios básicos entre los que se menciona la seguridad pública en todos sus aspectos.
En oportunidades esa necesidad busca ser cubierta por iniciativas privadas que son calificadas como "inmaduras". Generalmente en Latinoamérica los servicios de seguridad privada funcionan con mínimos controles por parte del Estado en aspectos elementales tales como la movilidad y resguardo de las armas de fuego, la calidad de la actualización profesional y los beneficios laborales del recurso humano que en la mayoría de los casos es de altísima rotación. En conclusión, lo que es considerada la región más peligrosa del mundo, dispone de un ejército de casi 4 millones de agentes privados en una industria que crece a un estimado del 9% anual y que para el 2016 podría estar facturando aproximadamente 30.000 millones de dólares. Salvo contadas excepciones, no existe un trabajo coordinado con los organismos de seguridad de cada Estado que garantice una eficiente gestión mancomunada.
Si enfocamos la mirada hacia la fuerza de seguridad pública, también podemos evidenciar factores comunes que nos hacen una región vulnerable. Cuando se analizan la cantidad de efectivos policiales que debería tener Latinoamérica en su conjunto, no son suficientes los actuales. Y es que la carrera policial no ha sido ni sigue siendo honestamente hablando, una de las más llamativas. Los recursos activos, en repetidas oportunidades han manifestado públicamente por mejoras de seguridad social básicas. Un funcionario policial estará más motivado si dispone de facilidades para adquisición de vivienda, becas de estudio para sus hijos, robustas pólizas de seguros en caso de incapacidad o muerte y un plan de carrera a largo plazo inmune a los cambios de actores políticos de turno, que realmente estén involucrados con la seguridad ciudadana de quienes los eligieron. Por otra parte debe contar con una fuerte y coherente institucionalidad y legislación, que le sirvan de respaldo a su gestión y que lo haga un elemento de respeto ante la sociedad. Los delincuentes han demostrado una vez tras otra que gracias a los recursos obtenidos de sus actividades ilícitas, disponen de los medios necesarios para enfrentar a la autoridad. La actividad del día a día exige de armamento y municiones en cantidad acorde a las operaciones, vehículos aéreos, acuáticos y terrestres diseñados específicamente para la gestión policial, sistemas de comunicaciones con tecnología de última generación y no menos importante, interacción con sus pares regionales para analizar las mejores prácticas y casos de éxito.
La entramada burocracia, lentitud extrema y una marcada corrupción a diferentes niveles ha hecho que el sistema judicial penal latinoamericano sea uno de los más deficientes del mundo. Los retardos procesales afectan a toda la población que como "clientes internos" esperan de decisiones que marcarán el resto de su existencia. ¿Tenemos un sistema conformado por abogados, fiscales, jueces e infraestructura que permita una aplicación confiable de la justicia?
El hacinado sistema carcelario latinoamericano se caracteriza por no disponer de suficientes funcionarios de carrera profesionales y una vez más, motivados al cumplimiento de su labor. La recuperación de quien debe pagar una deuda con la sociedad está condicionada, por las reglas de sobrevivencia que establecen los líderes delincuentes de cada centro penitenciario, quienes cuentan con el beneplácito de corruptos representantes de la ley. Las cárceles son un centro de negocios donde la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos, la venta de drogas y la prostitución son controladas generando importantes ganancias.
La realidad es que la recuperación de la seguridad de los espacios urbanos latinoamericanos es compleja, pero su abordaje eficiente solo será posible con la sincera voluntad política de los Estados, la participación del entorno privado y el compromiso de la ciudadanía.
Fuente: eluniversal.com