Diputados y senadores coincidieron en que es legítimo el llamado de la Iniciativa Privada (IP) al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad, pero no justificable, pues desde las empresas se podrían impulsar empleos e inversión que contribuyan a reducir el problema.
Legisladores de las tres principales fuerzas políticas solicitaron a la IP pedirle explicaciones al presidente Felipe Calderón, pues aseguran que ellos han cumplido con la tarea de legislar sobre seguridad, pero es el Ejecutivo quien no aplica las leyes en tiempo y forma.
Este martes, EL UNIVERSAL informó que al menos 50 organizaciones sociales y empresariales exigieron al Congreso, mediante un desplegado, anteponer las necesidades de seguridad y justicia a los intereses partidistas y dar cauce a los “pendientes legislativos”.
El registro de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado indica que se crearon las figuras de arraigo, testigos protegidos, intervención de comunicaciones en casos de delincuencia organizada o narcotráfico, entre otras.
En la Cámara de Diputados, aprobaron cadena perpetua para secuestradores y las leyes de Derechos Humanos y de seguridad privada. El senador priísta Jesús Murillo Karam ofreció a las organizaciones que publicaron el desplegado reunirse la próxima semana.
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