La red del transporte urbano desarrollada por la ciudad de París es un "modelo importante" para el futuro alcalde de Bogotá, el ex guerrillero de izquierda Gustavo Petro, que aspira a implementar un sistema integrado para que los ciudadanos puedan "moverse más humanamente".

"Estoy muy interesado en hermanar a la ciudad de París con la ciudad de Bogotá" pues "aunque tenemos presupuestos diferentes, la ciudad de Bogotá tiene nueve millones de personas y nos parece importante cierta experiencia parisina sobre la integración en el transporte", afirmó Petro el miércoles poco antes de reunirse con Anne Hidalgo, número dos de la Alcaldía de París.

Petro, elegido regidor de Bogotá el 30 de octubre pasado con más del 32% de los votos en nombre del movimiento político de izquierda Progresistas, defendió el transporte y la movilidad regional como "estructurantes" de la gestión que pondrá en marcha a partir del 1 de enero de 2012.

"Hay que desestimular el transporte particular y estimular el transporte público, masivo, más simple y eficiente", afirmó el futuro alcalde bogotano que impulsa la construcción de la primera línea de metro de la ciudad.

Petro se declaró favorable a desarrollar el BRT (Bus Rapid Transit) --implementado en varias ciudades de América Latina-- a partir de un concepto nacido en Francia en la década del 70 para facilitar el desplazamiento urbano y se manifestó "muy interesado" en una línea de tranvía como los llamados "tramway" que funcionan en el cordón urbano de París.

Claro que los presupuestos de ambas capitales son completamente diferentes.

"Un año del costo del funcionamiento del transporte de París equivale a la totalidad del presupuesto de la ciudad de Bogotá", dijo Petro, que no obstante apuesta por un modelo de transporte que responda a las "demandas de la ciudadanía que hoy quiere moverse más cómodamente y más humanamente".

A la hora de hablar de nuevos ingresos para financiar esos proyectos dijo que podrían provenir de una tasa nacional a la gasolina o de una contribución por entrar en zonas de alta congestión vehicular.

Petro indicó que mantuvo dos reuniones con el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos "centradas en el transporte" y dijo que el ejecutivo le brindó un "fuerte apoyo" en relación con sus propuestas.

Junto con una transporte integrado, el futuro alcalde consideró "imperativo" el desarrollo de un "urbanismo adecuado al cambio climático".

"Hay que densificar la ciudad y los municipios vecinos. En lugar de expandirlos urbanísticamente, hay que aumentar su edificabilidad hacia arriba, en altura, de tal manera que respetemos el territorio de tierra fértil y de agua", afirmó Petro que en materia de seguridad se propone "cambiar el modelo" actual y "colectivizar la seguridad privada".

Con 7,3 millones de habitantes, en su perímetro jurídico, Bogotá cuenta con 18.000 agentes de policía y con una seguridad privada que tiene "90.000 hombres y mujeres armados", explicó.

"La seguridad privada la pagan quienes pueden pagarla" por eso Bogotá se ha convertido "en una ciudad altamente segregada, socialmente, económicamente" donde sólo hay seguridad privada en áreas pequeñas, puntualizó.

Su propuesta es que los contratos de la ciudad con los operadores de transporte de pasajeros -que son todos privados y que diariamente utilizan tres millones de personas-- incluyan un "contrato de seguridad privada"

"La alcaldía va a profundizar la seguridad preventiva como parte de la seguridad ciudadana", sostuvo Petro

Tras felicitar a Petro por su elección, Anne Hidalgo, que aspira a ser la candidata socialista a las elecciones municipales de 2014, subrayó que el alcalde electo de Bogotá es un "político con ideas nuevas" y con "una manera de hacer política que nos interesa mucho".

"Entre grandes ciudades, somos ciudades amigas", manifestó Hidalgo durante su primer encuentro personal con Petro y afirmar que la ciudad de París "estará a su lado" para defender un "modelo de desarrollo urbano" que tenga en cuenta lo climático, lo social y el transporte.

Incontrolables las violaciones laborales en las compañías de seguridad.

Eran las cuatro con cuarenta minutos de la madrugada del viernes 18 de noviembre y sobre Tegucigalpa caía un pertinaz aguacero.   En el supermercado La Colonia del bulevar  La Hacienda, un guardia de seguridad,  obligado por su patrono a permanecer en la intemperie durante las 24 horas de su jornada laboral, sintió su cuerpo agobiado y decidió sentarse a descansar. No se imaginó, que esa sería la causa de su despido

Se trata de Santiago David Gonzales, un hombre sencillo, que por falta de oportunidades educativas, no tuvo más instrucción, que en el uso de las armas, prestó su servicio militar y luego se incorporó a trabajar en la empresa de seguridad  privada del Aguan (ESPA), de donde fue despedido, el pasado 23 de noviembre, sin el correspondiente pago de prestaciones laborales.

Para hacer prevalecer su derecho,  el guardia acudió a la Secretaría del Trabajo y el departamento de conciliación citó al propietario de la  compañía.  La audiencia se realizaría a las once de la mañana del martes 28 de noviembre, pero el empresario no se presentó.

La empresa de seguridad es propiedad de Luis Armando Zúñiga Elvir,  ex comisionado de la policía nacional, quien nuevamente fue citado para el miércoles siete de diciembre.

Vigilante asegura que su patrono le niega sus derechos

“Ahorita vengo saliendo de la oficina y el gerente me dijo que el calculo que me hicieron en el Ministerio es una hoja falsa, ahí sacaron una hoja que hicieron ellos y dicen que solo tengo derecho a 10 mil lempiras”,  expresó el pasado 24 de noviembre, el guardia de seguridad.

De acuerdo al cálculo de prestaciones  realizado en la Secretaría del Trabajo, al vigilante le corresponden 70 mil lempiras de prestaciones, que incluye el reajuste al salario mínimo, pues la compañía de seguridad solo le pagaba 5,500 lempiras. Cabe mencionar, que  al hacer el cálculo, el inspector del trabajo no incluyó  el pago de horas extras.

Aunque el Código del Trabajo en su artículo 322 establece un máximo de ocho horas como jornada laboral, las empresas de seguridad hicieron costumbre los turnos de 24 horas continuas, situación que además de violentar la legislación nacional y los convenios internacionales, atenta contra la vida de los trabajadores.A pesar que la Secretaría del Trabajo registra innumerables denuncias por violación a los derechos laborales de parte de las compañías de seguridad, hasta hoy no se vislumbra voluntad  en los funcionarios del Estado para la aplicación de políticas públicas que permitan  la protección de los trabajadores.

Es importante decir que muchas de las empresas de seguridad acusadas de  violentar los derechos laborales, mantienen millonarios contratos por la prestación de servicios con las instituciones del gobierno. De esta forma el Estado se vuelve cómplice de los atropellos cometidos.

Audiencia de descargo y despido

“El 18, yo puse unos cartones donde había una poza de agua porque andaba mojados los pies, mi compañero se sentó en una cajilla y yo puse un cartoncito encima del sanitario  y me senté. Cuando llegó el jefe de operaciones que se llama Alexis, yo extendí el paraguas y salí a encontrarlo, entonces me dijo: ¿están dormidos? –No señor le dije- ¿estás murmurando me dijo?  -no señor solo le estoy dando una explicación”, expresó el guardia afectado.

Informó que debido a la inseguridad de la zona y a la falta de protección,  acostumbraba protegerse en el pasillo, situación que no era del agrado de su jefe inmediato.

“Yo le dije a él: me escondo porque enfrentando el pecho en la calle arriesgo la vida. Una, porque la colonia no tiene ni una cadena ni muro  y la gente me aconseja que no permanezca en la calle porque no porto ningún chaleco antibalas ni un arma que realmente me responda. Esta 38 me la llevan y por eso yo me escondo, por eso me meto a este pasillo”, dijo el vigilante, en relató de la conversación sostenida con su jefe inmediato.

Aseguró que  el despido se originó cuando el supervisor se negó a firmarle el libro de novedades. “Sierra fírmeme el libro por favor porque  si usted no me firma yo le voy a poner  la hora en que usted pasó - no, que te firme el otro supervisor. – Y como yo le dije: usted es el encargado de los demás supervisores y yo le voy a poner la hora, por eso me llamó a una audiencia de descargo”, afirmó el vigilante afectado.

El guardia de seguridad fue despedido un día después de haberse realizado la audiencia de descargo y  luego de haber entregado los utensilios que la compañía le asignó.

Munguía pide inversión privada para cárceles

Los planes del ministro de Justicia y Seguridad Pública incluyen la participación del sector privado para ampliar el sistema penitenciario. Empresarios ya se reunieron con él para conversar la propuesta.

La solución del ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, para la saturación del sistema carcelario —24,867 reos encerrados en 19 prisiones con capacidad para 7,500 internos— pasa por la construcción de más cárceles. Aunque la propuesta tiene un extra: la construcción de más cárceles con la participación de la empresa privada.

“Estamos viendo cómo podemos hacer coordinaciones con la empresa privada para ver si a alguien le interesa construir centros penales”, dijo el ministro al admitir que, por ahora, esta es solo una posibilidad que se está explorando. “Esta es una idea que en su momento no la consideramos, pero habría que ver si ahora puede funcionar”, agregó.

En el pasado, la posibilidad de incluir a la empresa privada para invertir en el sistema penitenciario no pasó de ser una propuesta que venía de las mismas gremiales. Incluso fue parte de las propuestas que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) planteó al presidente de la República, Mauricio Funes.

La ANEP lo hizo en el marco de la discusión que arrancó ante la posibilidad de la imposición de un impuesto o contribución especial para financiar la seguridad pública.

Ahora, Munguía Payés pone el tema en la discusión pública después de haberse reunido con las gremiales empresariales, tal como lo confirmaron los empresarios.

“En vez que el Estado gaste unos $30 millones en construir una cárcel, lo pueden hacer los privados”, planteó el funcionario. “Si necesitamos seis (cárceles) es mejor que la empresa privada pueda construirlas y nosotros pagar un arrendamiento”, agregó al aclarar que esta opción no incluiría entregar la administración de la seguridad a los privados, una responsabilidad exclusiva del Estado.

El jefe del gabinete de Seguridad admite que hay anticuerpos a esta medida, pero considera que puede “cuajar” siempre y cuando se discutan con los entes involucrados y se llegue a acuerdos firmes sobre lo que todavía califica como “ideas”.

El sector privado recibió este anuncio con entusiasmo. Las gremiales consideran que el planteamiento de Munguía Payés sobre este tema, y la apertura que ha mostrado sobre otras propuestas que nacieron desde este sector, permiten discutir mejor las soluciones. Según fuentes de las gremiales, el ministro se reunió con representantes de la empresa privada poco después de asumir el cargo en Seguridad Pública.

Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, dijo que los privados han solicitado al gobierno del presidente Funes ser más creativos en la búsqueda de alternativas que resuelvan la crisis carcelaria de una manera eficiente. “Señalamos que debería hacerse un análisis para distribuir mejor a los privados de libertad”, comentó el líder gremial.

“Se puede hacer una mejor asignación y división de reos en cárceles más adecuadas, utilizando edificios del Estado o construyendo otros a través de licitaciones a la empresa privada”, agregó al anunciar que en el primer encuentro con el ministro de Justicia y Seguridad se comprometieron a presentar una propuesta sobre este y otros temas antes del 15 de diciembre.

“No decimos que se haga, sino que se analice. Porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a seguir teniendo los mismos resultados”, opinó Cardenal.

cuarteles como prisiones

El alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz, fue uno de los nombres mencionados como opción para tomar el ministerio de Justicia y Seguridad Pública antes de que el presidente anunciara a Munguía Payés en el cargo.

Ayer, durante una entrevista en UFG Radio, admitió que sí le ofrecieron tomar las riendas de la seguridad del país. No aceptó porque dijo estar comprometido con su labor como alcalde, pero planteó una serie de propuestas sobre el tema, entre ellas la necesidad de más centros de detención para privados de libertad.

“Se pueden utilizar los cuarteles para las personas en régimen de confianza. No solo las granjas que ya están planificadas. Se puede hablar con el Ministerio de Defensa para que preste instalaciones como Caballería”, dijo.