MÚSICO DEMANDA A CASINO ROYAL DUTCH POR ¢100 MILLS.

La golpiza que le dio un oficial de seguridad privada del Casino Royal Dutch a un cliente podría costarle ¢100 millones, según la demanda y acción civil resarcitoria que presentará el abogado de la víctima ante los Tribunales de Justicia.

Juan de Dios Díaz Zamora, músico del Mariachi Internacional, explicó ayer los detalles de la agresión que fue objeto el lunes por la madrugada en ese centro de entretenimiento, ubicado en el corazón de San José.

Díaz aseguró que la noche del lunes el mariachi tocó en un restaurante chino cerca del mercado La Coca Cola, por lo que al terminar él y dos músicos más fueron al casino para divertirse un rato, gastar un poco de dinero y probar suerte con las maquinitas, sin embargo un rato de tranquilidad se transformó en una pesadilla por los guardas.

Comentó que eran las 2 a.m. cuando bajó la cabeza porque tenía sueño, uno de los vigilantes le llamó la atención, por eso sacó un billete de ¢2 mil y lo echó en la máquina para seguir jugando.

Sin embargo cuando se le acabó el monto llegó otro guarda y le dijo: “Si sigue así lo saco”.

“Entonces yo le dije que tranquilo, que no pasaba nada. El compañero de él le dijo: 'Déjelo tranquilo', pero comenzó a golpearme con los puños y a patadas.

Mis compañeros tuvieron que auxiliarme y llamar tanto a la Cruz Roja como a la policía. Sin embargo los otros guardas los escondieron para que no lo detuvieran. Todos se tapan con la misma cobija”, denunció.

Explicó que los paramédicos tuvieron que estabilizarlo y trasladarlo al Hospital San Juan de Dios, donde lo curaron y le cosieron la nariz porque “se la dejaron como un Cristo”.

Por esa razón apenas le dieron la salida del hospital, Díaz salió a interponer la denuncia al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y después fue atendido en el Complejo de Ciencias Forenses del Poder Judicial, donde le hicieron un peritaje de las heridas y posibles lesiones ocasionadas por la golpiza.

“Me dio y me dio, casi me mata. Si no fuera por mis compañeros no estuviera contando el cuento y me estuvieran enterrando”, agregó.

Los compañeros de Díaz y demás clientes grabaron un video y tomaron fotografías de cómo quedó el hombre después de la paliza, que fueron ofrecidos como prueba.

Además en la denuncia solicitó al OIJ que secuestre el video de las cámaras de seguridad del casino, donde la agresión quedó grabada con lujo de detalles, lo que ayudará a determinar la identidad del agresor.

Javier Vargas, abogado de la víctima, confesó que en la demanda que presentarán el lunes pedirán una indemnización de ¢100 millones por el daño causado, no solo material sino también moral.

DIARIO EXTRA intentó obtener la versión del Casino Royal Dutch, sin embargo su gerente German Camacho informó mediante una recepcionista que no quiso identificarse que no iba a atendernos. “Cero llamadas”, le dijo por radiocomunicador.

FUENTE:Diario Extra Costa Rica

Proyectos de Presidenta estancados en la Asamblea
Seguridad no convence al Congreso
Inseguridad es el principal dolor de cabeza de los ciudadanos

Pese a que al iniciar su gobierno prometió la aprobación de una serie de leyes para luchar contra el hampa y el crimen organizado, Laura Chinchilla, presidenta de la República, no ha logrado concretar sus planes.
Mientras tanto, las fechorías que cometen los antisociales día a día, como robos, bajonazos, asaltos, violaciones y asesinatos, siguen siendo el principal motivo de desvelo de la mayoría de los costarricenses, al igual que hace casi dos años, cuando Chinchilla juró como mandataria de la República.
En el tercer año de su mandato, la gobernante podría impulsar acuerdos con la oposición en el Congreso y de esta forma, avalar las reformas legales que se requieren para reducir la incidencia de la inseguridad.
Durante la campaña política que la llevó a la Presidencia de la República, Chinchilla se presentó al electorado como una experta en seguridad que vendría a resolver o al menos a paliar los problemas de delincuencia que enfrentan los costarricenses.
Bajo esa premisa, se comprometió a dar un fuerte impulso a iniciativas relacionadas con los casinos, la portación y tenencia de armas, regular los servicios de seguridad privada, reformar la ley general de policía y actualizar la ley sobre trata de personas.
La única iniciativa de peso que logró ver la luz en materia de seguridad durante estos casi dos años del actual gobierno, fue la aprobación de un gravamen de $200 para las sociedades anónimas, el cual, se usará en la lucha contra el hampa. Eso sí, logró ser aprobada el último día de trabajo del Congreso, el pasado 22 de diciembre.
El primer año de su administración, la Presidenta lo utilizó para desarrollar la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y promoción de la Paz Social (Polsepaz), un diagnóstico sobre la situación criminal del país.
Pero Polsepaz no aportó ninguna información novedosa, ni mucho menos acciones concretas para detener a los antisociales, por lo que la mandataria fue criticada.
Paralelamente, el conflicto con Nicaragua por el dragado del río San Juan, desvió la atención del Ministerio de Seguridad Pública, liderado en ese entonces por José María Tijerino, quien terminó renunciando al puesto tras un mal año de labor y diversas declaraciones desatinadas.
Con el inicio del segundo año de su administración, era de esperar que la Presidenta diera un fuerte apoyo a las iniciativas de seguridad que tanto pregonó en campaña.
Sin embargo, los temas económicos eclipsaron el accionar del Congreso durante todo 2011 y una vez más, el Gobierno relegó sus proyectos de ley relacionados con la seguridad ciudadana.

En enero anterior, el plan fiscal ingresó a la corriente legislativa y desde ese momento, se convirtió en el principal proyecto del gobierno en la Asamblea.
Al paquete tributario, se le sumó en meses pasados la discusión por el presupuesto para 2012, por lo que quedaron relegados los temas de seguridad a un tercero o cuarto plano.
Ante la posposición de la agenda de seguridad hay quienes abogan “por hacer un alto en el camino” y tomar decisiones.
“Es necesario hacer plena conciencia de que el tema de la inseguridad hay que abordarlo. Los expertos internacionales dicen que este país no aguanta cuatro años más en una situación similar y si no tomamos acciones, la paz social se verá muy comprometida.”, indica Fernando Berrocal, exministro de Seguridad.
El problema de la inseguridad ciudadana es el principal dolor de cabeza de los costarricenses.
Siete de cada diez, considera la criminalidad como su principal afección y uno de cada cuatro, ha sido víctima o un familiar cercano, del hampa en los últimos cuatro meses, de acuerdo con la última encuesta de CID Gallup para LA REPUBLICA.
Además del temor de las personas de perder su vida o sus posesiones, el clima de negocios del país también se ve afectado, por lo que las empresas extranjeras podrían invertir y generar empleos en otras naciones más seguras.
Ese panorama, podría no estar alejado de la verdad, ya que la cantidad de denuncias por delitos como robos, asaltos, violaciones y homicidios mantiene una tendencia al alza desde 1998, cuando apenas se presentaron 89 mil acusaciones, mientras que para 2010 se contabilizaron más de 235 mil.
En ese sentido, uno de los casos más graves está relacionado con los asesinatos, ya que en ese mismo periodo, pasaron de 222 a 506 anuales.
Esto implica que por cada 100 mil habitantes, se cometieron más de diez homicidios, lo cual es considerado un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud.
Una vez que el destino del plan fiscal se conozca en el Congreso, Chinchilla tiene una buena oportunidad para impulsar las iniciativas de seguridad.
Durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que se extienden entre enero y abril, el Poder Ejecutivo escoge los proyectos que los diputados deben discutir.
Asimismo, los principales partidos de oposición como el Movimiento Libertario y el Partido Acción Ciudadana ya anunciaron que están receptivos a aprobar diversas iniciativas de seguridad.
Entre los proyectos que pueden contemplar los legisladores se encuentra la reforma al código de procedimientos penales, con el objetivo de limitar la discrecionalidad que tienen los jueces, para dictar medidas cautelares cuando los antisociales son atrapados in fraganti.
“De nada nos sirve tener 10 mil policías más. La solución es muy simple, hay que reformar ciertas leyes para que los hampones que son atrapados cometiendo un delito vayan a la cárcel sin más, que no tengan posibilidad de ir a la calle nuevamente. De esta forma, se sacan decenas de delincuentes de la calle en pocos meses”, expresa Juan Diego Castro, abogado penalista.
La pena carcelaria por tenencia ilegal de armas también podría ser aplicada para quienes las porten ilegalmente, añade Castro.
Otras leyes que ayudarían a bajar la incidencia criminal, podrían estar relacionadas con enjuiciar con mucha más dureza a los antisociales reincidentes, reducir las penas alternativas, aumentar el marco de acción de las intervenciones telefónicas y dar más recursos a la policía.

FUENTE:Periódico La República (Costa Rica)

Reforzaron las medidas de seguridad en la Terminal de Ómnibus

Es por la cantidad de personas que diariamente pasan por este lugar. En la oportunidad se refieren a los controles de los choferes de líneas de larga distancia, que realiza la CNRT

Por la gran cantidad de turistas que llegan a Santiago del Estero, se reforzó la seguridad privada. También, a través de una reunión con oficiales de la policía de la Provincia, se incrementaron los recorridos en el predio de la Terminal.

“Es bastante la presencia de turistas, y todo funciona normalmente. Era lo que esperábamos. Por eso es que reforzamos las medidas de seguridad”, señalaron desde la estación terminal.

Por otra parte, también aclararon que se hacen los controles de la delegación de la CNRT a los choferes de las líneas de larga distancia

FUENTE:Diario Panorama

Padre de reo fugado fallece tras recibir golpiza

Un hombre perdió la vida tras haber sido brutalmente golpeado por un grupo de hombres fuertemente armados, a quienes tetigos señalaron como presuntos policías, sin especificar a qué corporación pertenecían; sin embargo, esos mismos hombres se llevaron privada de la libertad a una de sus hijas, a quien culparon de haber ayudado a la fuga de uno de los tres reos que la semana pasada evadieron la seguridad del complejo penitenciario de Puente Grande y huyeron.

Se trata de José de Jesús Dávila López, de 66 años de edad, quien era padre de Jesús Gerardo Dávila Cevallos, uno de los tres fugados del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puente Grande.

El comando armado ingresó a su domicilio, ubicado en la colonia Univesitaria, en Zapopan, de manera violenta. Los agresores llegaron alrededor de las 05:00 horas del pasado sábado vestidos de negro, preguntando de manera inmediata por el reo evadido, y al no obtener respuesta positiva de su parte, los hombres lo golpearon y se retiraron.

Según quedó asentado en el acta ministerial número 1825/2011 del Semefo, tras la golpiza Dávila López comenzó a quejarse de los dolores que sentía en el estómago, por lo que instantes después vomitó sangre, hasta quedarse inmóvil. Aunque arribaron a tiempo, paramédicos de la Cruz Verde solamente confirmaron el fallecimiento.

El hijo del finado estaba sentenciado a 25 años por secuestro y extorsión, y escapó en una camioneta de tres toneladas junto con Ricardo Venegas Anaya y Mario Márquez Bass, quienes tenían una condena de 26 y 38 años, respectivamente, por homicidio calificado, el primero, y este mismo delito, más robo calificado, el segundo.

Durante las pesquisas, nueve custodios fueron detenidos al ser sospechosos de haber recibido al menos 150 mil pesos de tres mujeres externas al Cereso, las cuales también fueron aprehendidas, entre ellas una de las hermanas de Dávila Cevallos, de nombre Kimberly, e hija de Dávila López.

Respecto a los señalamientos de que fueron presuntos policías los culpables de la muerte del padre de uno de los reos fugados la semana pasada del penal de Puente Grande, el director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco (SSPEJ), Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, indicó que coadyuvará en las investigaciones con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ).

“En este sentido la postura es de que se investiguen las cosas por parte de la instancia correspondiente. Nosotros no estamos cerrados a que se lleven a cabo las investigaciones, porque si bien es cierto nosotros pusimos a disposición a las femeninas, también es cierto que los elementos hablan de que en ningún momento hubo ningún tipo de agresión. Nosotros no podemos suponer nada hasta que no se lleven a cabo las investigaciones y en todo momento vamos a estar muy al pendiente de esta situación. Vamos a estar muy al pendiente y vamos a estar coadyuvando con la gente de Procuraduría las veces que sean necesarias para que se esclarezcan los hechos, somos los primeros interesados en que se lleve a cabo de esa manera”, aseveró Solorio Aréchiga.

Por último, agregó que tiene conocimiento de que solamente dos elementos son los que participaron en las puestas a disposición de las tres mujeres presuntamente involucradas en la fuga.

PARA SABER
Consignados

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco ya consignó a 12 personas con relación a la fuga de tres reos del complejo estatal penitenciario de Puente Grande.

Entre los detenidos están ocho custodios, un recluso y tres mujeres, una de ellas hermana de uno de los fugados

FUENTE:Informador.com.mx