Pacto por la seguridad da primer paso
Empresa privada y Gobierno acordaron una mesa técnica. Presidente de la ANEP dijo que no despejaron todas las dudas que tienen sobre la tregua entre pandillas.
Empresarios y dirigentes de las principales gremiales empresariales del país se reunieron ayer con el presidente de la República, Mauricio Funes, y con el Gabinete de Seguridad para intentar darle forma a lo que el Ejecutivo ha dado por llamar un acuerdo nacional por la seguridad.
Los empresarios y el Gobierno acordaron la creación de una mesa técnica que, según un comunicado de Casa Presidencial, servirá para formular una propuesta de empleo para jóvenes y para pandilleros en etapa de rehabilitación.
Lo primero que hizo el presidente de la República durante la reunión sostenida ayer fue repetirle a los empresarios que el Gobierno no negoció con las pandillas beneficios carcelarios a cambio de la reducción de homicidios, sino que facilitó la logística para que la Iglesia católica mediara.
“La iniciativa vino de la Iglesia católica y quienes se sentaron a propiciar esta negociación entre los líderes de las dos principales pandillas fue la Iglesia católica”, declaró el mandatario.
El presidente también le aseguró a los empresarios que la decisión de separar a la Fuerza Armada del registro de las personas que visitan las cárceles del país no es un componente de una supuesta negociación con las pandillas.
El ingreso de televisores tipo plasma a los reclusorios tampoco es, a juicio del presidente, una concesión para los pandilleros encarcelados.
“El que algunos medios hayan publicado fotografías donde se ve a reclusos viendo programas de televisión forma parte de los programas que establece el mismo régimen penitenciario, que en ningún momento vulnera el derecho que tienen los reclusos de tener acceso a una película o a la televisión”, defendió Funes.
El presidente de la República le dijo a los empresarios que su gobierno no ha renunciado a la idea de perseguir o desarticular las pandillas. Prueba de esto, según él, es que el pasado 25 de abril el Ministerio de Seguridad desplegó en las calles a 400 agentes de la nueva Unidad Antipandillas.
El presidente pidió a los empresarios que hicieran propuestas sobre la metodología que se debe usar para la construcción del acuerdo contra la violencia. El mandatario manifestó que espera que ese esfuerzo no sea “contaminado” con intereses particulares o por intereses partidarios.
Al final de la reunión, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, dijo que no les habían satisfecho las explicaciones que dio el Ejecutivo sobre la disminución de homicidios y sobre una supuesta tregua entre las dos principales pandillas del país.
“El Gobierno insiste en que no hay negociación. Hay cosas: dos y dos no suman cuatro; sin embargo, respetamos que el Gobierno quiera mantener eso o quiera limitarse a buscar soluciones sin dar las raíces del problema, pero obviamente hay inquietudes que no son de la ANEP, son de la población en general”, declaró Daboub.
El 9 de marzo pasado, los principales cabecillas de pandillas fueron trasladados desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia reclusorios con menos controles. Desde ese día, los homicidios empezaron a disminuir. El Gobierno ha negado una negociación con las pandillas y un obispo católico ha dicho que convenció a pandilleros de que, a cambio de nada, dejaran de atacarse entre sí.
recelo por acuerdo
En el encuentro participaron los empresarios Roberto Kriete, presidente de la junta directiva de Avianca-TACA, y Roberto Murray Meza, presidente de grupo AGRISAL, quien también participa en el Consejo Nacional para el Crecimiento, instancia que, según el Ejecutivo, está alistando una propuesta de “amplio alcance” para la generación de oportunidades.
El presidente de la ANEP agregó que espera que esta vez sí prospere el acuerdo convocado por el Ejecutivo. En ocasiones anteriores, recordó Daboub, no han pasado de la instalación de las rondas de discusión: “Es tercera vez que se nos llama para un acuerdo nacional. Yo he estado en dos mesas que nunca se volvieron a reunir después. Esperamos que esta vez no sea así”, dijo el dirigente.
En febrero pasado, un mes antes de que se activara la supuesta tregua entre pandillas, los cabecillas de una de las principales pandillas del país giraron órdenes a los pandilleros libres para que dejaran de extorsionar a pequeños comerciantes y dirigieran sus extorsiones a grandes empresarios. El Gabinete de Seguridad interceptó la carta donde los pandilleros, además de ordenar especializarse, sugerían el reclutamiento de militares y exguerrilleros. Daboub dijo ayer que ese tema no fue discutido en la reunión
FUENTE:La Prensa Gráfica
Buscan regular el trabajo de la seguridad privada .
La Cámara Alta de la provincia trata la iniciativa de ley del senador colonense Oscar Arletazz. Apunta a registrar y capacitar al personal civil que se desempeña como seguridad.
La decisión de avanzar en esta propuesta se tomó durante la reunión de la comisión de Legislación General donde se analiza el texto. Gualeguaychú y Concordia, por ejemplo, cuentan con ordenanzas para regular este servicio. En tanto, empleados de seguridad privada alertan sobre los "riesgos" ante accidentes.
La iniciativa está en debate desde hace un tiempo y busca ponerle coto a la violencia injustificada en los espectáculos públicos y privados, en especial en los boliches, donde los jóvenes son víctimas del accionar de personas que, a pesar de estar encargadas de la seguridad, en la mayoría de los casos no cuentan con la preparación necesaria.
Según consignó Recinto Net, el proyecto de ley busca regular la actividad de los "patovicas" con la consecuente creación de un registro y la implementación de un curso de capacitación obligatorio para quienes trabajen o deseen trabajar como guardia de seguridad.
Los "patovicas" tendrán que presentar certificado de antecedentes penales, no ser personal activo en una fuerza de seguridad y acreditar aptitud psicológica. También se anotarán en un registro único, capacitarán en derechos humanos y estarán identificados con una credencial. Además, no podrán portar armas, deberán ser mayores de 21 años y empleados bajo relación de dependencia laboral directa de la persona o empresa titular del lugar de entretenimiento o, en su caso, de una empresa prestadora del servicio.
Asimismo, los custodios deberán contar con dos años de residencia efectiva en la provincia y haber cumplido con la educación obligatoria. Entre las prohibiciones se establece que no podrán desempeñarse en la actividad personas condenadas por delitos de lesa humanidad o exonerados de las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, los titulares de los establecimientos cuyos empleados cometan abusos tendrán que pagar multas que van de 50 a 200 pesos, según la cantidad de personas para las cuales el establecimiento tenga capacidad habilitada, mientras que por una infracción grave la multa subirá de 200 a 500 pesos. En caso de reincidencia o infracciones múltiples se incrementará hasta el 100 por ciento.
El delegado en Entre Ríos de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), Pedro Panozzo, afirmó que "los mal llamados patovicas son personal de seguridad no permanente, transitorio, porque está registrado en el convenio colectivo de trabajo de Upsra". En ese orden, señaló: "Ellos se tienen que manejar por eso nada más, porque no los tienen en cuenta cuando hacen convenio directo con los boliches o las bailantas y es un peligro que corren, tanto el que lo contrata como el personal que trabaja ahí".
Y explicó: "Si llega a tener un accidente, a favor o en contra, el responsable solidario primero es el que contrata a un personal, que no tiene seguro y no está totalmente cubierto. Eso es lo que la mayoría de las empresas no toman en cuenta: que la responsabilidad solidaria a ellos los alcanza por tener personal que no esté debidamente blanqueado; eso es lo que estamos combatiendo".
También advirtió que "hay un importante número de vigiladores que no están registrados, que los toman como serenos y están perfectamente incluido en el convenio colectivo de trabajo de Upsra".
FUENTE:El Entre Rios Digital
Empresas de seguridad privada violan Ley Laboral
Del total de las demandas interpuestas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en contra de empresas de seguridad privada, más de 60 por ciento se deben a que los hombres que trabajan en el resguardo de comercios, oficinas y zonas residenciales no cuentan con seguro de vida o gastos médicos.
En Michoacán existen alrededor de 45 corporaciones que ofrecen servicios de monitoreo, alarma y seguridad privada, y la mayoría no otorga afiliación al Seguro Social a sus trabajadores.
Expone su vida y lo regañan
El pasado 14 de marzo “Carlos”, quien se desempeña como vigilante de una importante empresa de la cual se omite su nombre, estaba en la caseta de vigilancia de la misma, cuando por la noche una empleada le pidió que la escoltara a su auto para irse a su casa, él la acompaño pues lo consideró dentro de sus funciones.
Al salir de la propiedad dos sujetos a bordo de un taxi intentaron asaltar a la mujer, momento en el que “Carlos” les exigió que la dejaran en paz.
En su frustración los asaltantes decidieron huir del lugar pero antes de partir arrollaron al velador, quien logró esquivar la unidad, sin embargo, esta le alcanzó a lastimar la pierna derecha. Al día siguiente el cuidador le reportó lo sucedido a su superior quien le contestó que él no debió dejar en ningún momento su puesto y que la empresa no se haría responsable de los gastos que generaran sus cuidados, al preguntar “Carlos” sobre su seguro, le informaron que este únicamente se tramitaría cuando acumulara tres meses de trabajo en la compañía de seguridad y al momento del percance solo llevaba dos.
Renuncian porque jefes los descansan sin sueldo
Hugo González trabajó como guardia de seguridad en un bar ubicado en la calle El Nigromante, del Centro de Morelia. Durante un altercado con un cliente que se negó a pagar este lo empujó y cayó de un escalón, lo que le causó un esguince en la pierna izquierda.
Ante ello, relató a este medio: “Me ordenaron que le cobrara la cuenta al tipo que, según, no había pedido tanto de tomar pero ya estaba bien borracho, yo llegué a la salita VIP y le pedí que por favor liquidara su consumo o llamaríamos a la Policía para que se lo llevaran; el tipo se molestó y lo tomó como una amenaza y comenzamos a forcejear, y en eso quise dar un paso hacia atrás para separarme y no vi que había un escalón, quise pisar, pero solo sentí cómo se me torció el pie”.
Esa noche un mesero del bar lo llevó a un nosocomio particular cercano a la plaza del Carmen, donde después de realizarle una radiografía se confirmó lo que temía, había sufrido una pequeña pero dolorosa fisura en un hueso.
Hugo regresó con el propietario del bar y le informó que se había lastimado a causa del altercado.
“Me dijo que me tomara unos días libres y que ya cuando me sintiera mejor regresara, me descansó dos semanas, sin sueldo, y yo tuve que pagar mis gasto médicos, la consulta, la radiografía, las muletas, los medicamentos, todo, cuando me pidió que regresara para seguir chambeando decidí renunciar”.
FUENTE:Diario Provincia
Guardias también se van a paro laboral
Los guardias asignados a los portones y otras áreas del hospital Escuela y Materno Infantil abandonaron ayer sus labores por cuatro horas consecutivas, porque la compañía de seguridad privada que los contrató les debe el salario de cuatro meses.
En reiteradas ocasiones los guardias de seguridad han abandonado sus labores, dejando abiertos los portones y sin resguardo al acceso vehicular y peatonal del centro asistencial, porque la compañía que los contrata siempre se atrasa en sus respectivos salarios.
Algunos de los guardias adujeron que el problema de sus pagos no es por parte de las autoridades del hospital Escuela o del gobierno, pues averiguaron que los fondos ya habían sido retirados por la compañía.
Los celadores en paros de labores manifestaron al unisonó que esta es una estrategia de la compañía para no cancelarles sus salarios, para luego despedirlos sin pagarles.
FUENTE:La Tribuna.hn
Buscan regular la actividad del servicio de seguridad privada
La Cámara Alta entrerriana viene posponiendo la concreción de un proyecto que ha sido abordado en comisión, el cual propone la regulación del servicio de seguridad privada -comúnmente denominado “patovicas”- sobre una iniciativa de ley que impulsó el senador Oscar Arletazz (FJpV - Colón).
El texto apunta a “regular y registrar la actividad de los patovicas, entendiendo como tales al personal civil que desempeña tareas de seguridad”, como así también a propiciar su capacitación. La decisión de avanzar en esta propuesta se tomó durante la reunión de la comisión de Legislación General donde se analiza el texto. Gualeguaychú y Concordia, por ejemplo, cuentan con ordenanzas para regular este servicio. En tanto, empleados de seguridad privada alertan sobre los “riesgos” ante accidentes.
La iniciativa está en debate desde hace un tiempo y busca ponerle coto a la violencia injustificada en los espectáculos públicos y privados, en especial en los boliches, donde los jóvenes son víctimas del accionar de personas que, a pesar de estar encargadas de la seguridad, en la mayoría de los casos no cuentan con la preparación necesaria.
Según consignó Recinto Net, el proyecto de ley busca regular la actividad de los “patovicas” con la consecuente creación de un registro y la implementación de un curso de capacitación obligatorio para quienes trabajen o deseen trabajar como guardia de seguridad.
Los “patovicas” tendrán que presentar certificado de antecedentes penales, no ser personal activo en una fuerza de seguridad y acreditar aptitud psicológica. También se anotarán en un registro único, capacitarán en derechos humanos y estarán identificados con una credencial. Además, no podrán portar armas, deberán ser mayores de 21 años y empleados bajo relación de dependencia laboral directa de la persona o empresa titular del lugar de entretenimiento o, en su caso, de una empresa prestadora del servicio.
Asimismo, los custodios deberán contar con dos años de residencia efectiva en la provincia y haber cumplido con la educación obligatoria. Entre las prohibiciones se establece que no podrán desempeñarse en la actividad personas condenadas por delitos de lesa humanidad o exonerados de las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, los titulares de los establecimientos cuyos empleados cometan abusos tendrán que pagar multas que van de 50 a 200 pesos, según la cantidad de personas para las cuales el establecimiento tenga capacidad habilitada, mientras que por una infracción grave la multa subirá de 200 a 500 pesos. En caso de reincidencia o infracciones múltiples se incrementará hasta el 100 por ciento.
El delegado en Entre Ríos de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), Pedro Panozzo, afirmó que “los mal llamados patovicas son personal de seguridad no permanente, transitorio, porque está registrado en el convenio colectivo de trabajo de Upsra”. En ese orden, señaló: “Ellos se tienen que manejar por eso nada más, porque no los tienen en cuenta cuando hacen convenio directo con los boliches o las bailantas y es un peligro que corren, tanto el que lo contrata como el personal que trabaja ahí”.
Y explicó: “Si llega a tener un accidente, a favor o en contra, el responsable solidario primero es el que contrata a un personal, que no tiene seguro y no está totalmente cubierto. Eso es lo que la mayoría de las empresas no toman en cuenta: que la responsabilidad solidaria a ellos los alcanza por tener personal que no esté debidamente blanqueado; eso es lo que estamos combatiendo”.
También advirtió que “hay un importante número de vigiladores que no están registrados, que los toman como serenos y están perfectamente incluido en el convenio colectivo de trabajo de Upsra”.
FUENTE:Diario El Argentino