Diputados investigarán hechos que involucran agentes de seguridad privada
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados anunció hoy que abrió una investigación con relación a los últimos hechos delictivos en que se han visto envueltos agentes de seguridad privada.
El presidente de la Comisión, Elpidio Báez, señaló que es función de los diputados realizar una labor de fiscalización, por lo que procederán el próximo jueves a escuchar la opinión en ese sentido de las Fuerzas Armadas y de la Asociación de Compañía de Guardianes Privados.
Indicó que es preciso determinar cuáles de las compañías de vigilantes están reguladas y cuáles están actuando al margen de la ley.
"Yo tengo entendido que hay una cantidad de compañías de guardianes que sí están reguladas, pero otra cantidad de compañías que canalizaron sus solicitud y sin ser autorizadas están operando", dijo Báez.
Indicó que hechos como el asalto a un camión de valores en la avenida Rómulo Betancourt, donde el conductor fue muerto, y el otro ocurrido en Santiago, donde un pareja de esposos fue atada, demuestran la participación de guardianes privados en actos delictivos.
El diputado dijo que en los atracos que comúnmente se hacen en el país siempre están involucrados miembros de la Policía Nacional o miembros de compañías de vigilantes.
Consideró que la Comisión está en el deber de investigar sobre el control que se tiene de las compañías de vigilantes, sobre la regulación del gobierno para la evaluación y selección del personal que se utiliza como vigilante.
En ese sentido, dijo que la Comisión determinará si las compañías de vigilantes están evaluando a su personal antes de emplearlos como seguridad.
Todos los comisionados mostraron su preocupación con lo que está pasando con los agentes de seguridad privada, los cuales se involucran en numerosos hechos delictivos, debido a la poca o casi ninguna regulación que hay para ese sector.
FUENTE:7dias.com.do
Aeródromos del Estado carecen de vigilancia policial
La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) admite que las pistas de aterrizaje públicas, al igual que las privadas, carecen de vigilancia.
De los 28 aeródromos del Estado, solo en siete hay seguridad.
Según la DGAC, en las pistas de Nosara, Golfito, Palmar Sur y Pérez Zeledón, hay oficiales de seguridad privada contratados por la DGAC. Entre tanto, en los campos de Nicoya, Los Chiles y Murciélago, hay efectivos de la Fuerza Pública.
Nils Ching, subdirector de la Fuerza Pública, aseguró que mantienen reuniones desde hace dos meses con Aviación Civil para aumentar la presencia policial en los aeródromos estatales.
“Eso es competencia, en primera instancia, de Aviación Civil. No obstante, ante cualquier requerimiento que ellos nos hagan, nosotros vamos a estar muy atentos”, comentó Ching.
La pista de La Managua, en Quepos, no tiene vigilancia privada ni de Fuerza Pública. Un rótulo la identifica como propiedad estatal. | MARCELA BERTOZZI
La pista de La Managua, en Quepos, no tiene vigilancia privada ni de Fuerza Pública. Un rótulo la identifica como propiedad estatal. | MARCELA BERTOZZI ampliar
El funcionario agregó que desde hace algunas semanas están realizando –junto a Aviación Civil– visitas a los aeropuertos para hacer un inventario de los sitios.
“La necesidad surge de estas situaciones que se vienen presentando. Hay un trabajo interinstitucional que realizar”, dijo
FUENTE:www.nacion.com
Contratan seguridad privada y siguen en carrera política
Varios personajes que actualmente son candidatos en Áncash denunciaron en un momento ser víctimas de amenazas.
A pesar de los amedrentamientos, nunca recibieron protección policial por parte del Ministerio del Interior. Es más, algunos contrataron seguridad personal para defenderse de posibles ataques.
Tras varios meses, continúan en carrera política en miras a las próximas elecciones regionales y municipales 2014.
Pese a la captura de los principales líderes de la supuesta organización criminal que operó en Áncash, la sensación de inseguridad aún vive, según los postulantes.
INFORMACIÓN. La cuestionada exalcaldesa de la provincia del Santa, Victoria Espinoza García, aseguró públicamente ser víctima de llamadas extorsivas.
Desde el hilo telefónico, un desconocido le exigía 50 mil dólares a cambio de no atentar contra su vida.
Luego de este hecho, Espinoza se vio en la obligación de contratar seguridad particular. Incluso, en la actualidad sigue con resguardo las 24 horas del día. "Dentro de las normas del Estado no existe protección a los candidatos ... Conocemos que aún solicitando garantías para nuestra vida, no hay personal para nuestra seguridad.... Debería haber una mayor preocupación para resolver el tema de seguridad en nuestro país", respondió.
¿DEBERÍAN tener SEGURIDAD?. Otra exautoridad que dijo ser blanco de los "comandos' es el candidato por "Renovación Ancashina" a la Alcaldía de la Provincia del Santa, doctor Sabino Ponce Rosso.
En el 2012, Ponce, quien en ese entonces dirigía el Colegio de Abogados del Santa, mostró los mensajes de textos que le llegaron a su celular, luego de manifestar su público respaldo a los fiscales anticorrupción que también fueron amenazados.
Al poco tiempo, Ponce caminaba por Chimbote con resguardo particular. Aunque en su caso, solo por unos meses. "Definitivamente (en la actualidad) estamos en peligro porque hay muchos intereses de algunos políticos que están desesperados por llegar al poder, por eso uno tiene que tomar sus precauciones", precisó.
El año pasado, el exalcalde Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, se retiró de "Alianza para el Progreso" porque supuestamente unos desconocidos dejaron dos perros muertos en la casa de los padres de Fernández, en Trujillo. "Creo que podría haber seguridad de manera paliativa para los candidatos. No hay muchas muertas porque estamos en un tiempo de transición... Aunque yo mantengo todavía mi seguridad personal", explicó.
ÚLTIMOS. Uno de los principales opositores de César Álvarez consideró que los postulantes no deberían contar con seguridad del Estado porque caerían en la "gollería".
Se trata del economista Luis Luna Villarreal, candidato por el Partido Humanista, a la Presidencia del Gobierno Regional de Áncash. "Los candidatos no son extraterrestres que vienen con muchos millones...
Algunos cuando llegan al poder se endiosan y se creen intocables", sostuvo.
Diferente fue la opinión de Estuardo Díaz Delgado, aspirante a la Alcaldía de la Provincia del Santa, por el "Partido Popular Cristiano", quien dejó al criterio del Estado sobre la protección los candidatos. "Somos tantos candidatos que no creo que haya suficiente personal para todos", finalizó el exfuncionario.
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FUENTE:diariocorreo.pe
Crea una red de seguridad privada con esta aplicación
SecApp permite crear una red de seguridad privada y personalizada desde un smartphone
iudad de México.- Gracias a la preocupación de un grupo de emprendedores por los temas de seguridad en las grandes ciudades, se ha desarrollado SecApp, una aplicación que permite crear una nueva red de seguridad privada y personalizada por medio de la tecnología de los smartphones.
Esta aplicación utiliza la geolocalización para ubicar a los contactos de los usuarios, y que en caso de necesitar ayuda, mediante un botón de pánico, permite enviar una alerta en tiempo real en caso de presentarse alguna situación de peligro.
Además, se desbloquea el teléfono para que con la cámara se pueda grabar un video de lo que ocurre. El video y el audio se almacenan directamente en la nube.
La aplicación también permite configurar zonas de seguridad, las cuales estarán determinadas por el usuario, en caso de salir de ellas, se enviará una notificación para avisar de este movimiento.
Modelo de negocios
Actualmente la aplicación tuvo mejoras en cuanto a diseño y funcionalidad. La plataforma se puede descargar de manera gratuita y permite crear un grupo de hasta dos contactos para notificar en caso de peligro.
La aplicación obtiene ingresos por medio del modelo “in app parchase”, es decir, es posible crecer la cuenta al pagar 13 pesos al año, u obtener una cuenta “PRO”, que por 130 pesos al año, permiten tener acceso a otras funciones especiales.
El equipo
Javier Buenrostro y Francisco Flores son los cofundadores y parte del equipo que integra esta empresa, la cual se ubica en Zapopan, Jalisco, y que se encuentra en colaboración con Jaguar Labs.
El lanzamiento de la aplicación se hizo el 13 de diciembre del 2013, en los primeros tres meses se lograron 60 mil descargas, de esta manera, la plataforma logró colocarse dentro del Top Ten de iTunes.
Actualmente, se cuenta con 32 mil usuarios activos, la mayoría se concentran en México, pero también han logrado llegar a Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina y España.
El proyecto ha requerido una inversión de 1.7 millones de pesos, de los que se han recuperado el 7.7 por ciento.
SecApp de hoy
Durante estos días, la aplicación lanzó algunas mejorías para los usuarios, por ejemplo, es posible consultar la ubicación de amigos y familiares en tiempo real. Los contactos se pueden agregar a SecApp directamente desde la agenda del teléfono.
Las zonas seguras se crean de manera automática, sin embargo, es posible editarlas según los gustos y lugares que frecuenta el usuario. Además, el estado de alerta funciona normalmente sin afectar la activación de la cámara o micrófono.
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FUENTE:dineroenimagen.com
La jefa de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), del Ministerio de Gobernación, Patricia Monge, reconoce que solo 400 agentes de 48 mil 240 guardias tienen actualmente certificado para trabajar como custodios.
Los 47 mil 840 guardias sin certificado se encuentran en empresas registradas antes de la aprobación de la normativa vigente, llamada Ley que regula los servicios de seguridad privada, pero que a la fecha operan al margen de la legalidad, pues no han llenado todos los requisitos establecidos.
Ese decreto, con número 52-2010, fue emitido por el Congreso el 23 de noviembre del 2010, en sustitución de la Ley de los cuerpos de las entidades bancarias, estatales y privadas, de 1979.
El artículo 66 de la citada ley, ordena prisión para quienes prestan el servicio sin autorización, y para el contratante, si este sabe que es una empresa no autorizada. La normativa dicta penas de seis a 12 años y multa de Q100 mil.
Al incumplimiento de la ley por parte de la mayoría de empresas de seguridad se agrega un subregistro de empresas que operan de manera ilegal, cuya cantidad, según Monge, es difícil de calcular.
Sin embargo, el Informe de Desarrollo Humano estima que hay de 30 mil a 40 mil guardias privados clandestinos.
PLAZO FINAL
El 29 de agosto del 2012 concluyó el período establecido por la ley 52-2010 para que las empresas se readecuaran, presentaran su papelería y enviaran a sus agentes a recibir cursos de capacitación.
A la fecha, de acuerdo con Monge, son muy pocas las empresas que tienen concluidas las fases que regula la normativa, además de que solo 400 custodios han recibido la certificación extendida por Digessp, un número en extremo bajo, en relación con los 48 mil 240 guardias registrados en la Dirección.
Consultado al respecto, el diputado Mario Guzmán, integrante de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia del Congreso, afirma que al concluir el plazo el 29 de agosto del 2012 para que las empresas entregaran papelería, técnicamente serían ilegales.
“Están fuera de la ley, deshabilitadas, pues no cumplen con los requerimientos legales y una interpretación es que no están correctamente constituidas”, menciona.
Explica que en el Congreso se ha analizado una prórroga, pero aún no se propone formalmente.
Rodolfo Muñoz, capitán retirado y presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada, que aglutina a 42 compañías, justifica que algunos no hayan cumplido con todos los requisitos, debido al oneroso pago de licencias que exige el reglamento de la citada ley.
“El problema es que no hay una definición y se sacaron de la manga que hay que comprar 10 licencias de Q40 mil para tres años, y hemos estado en una disyuntiva”, menciona.
Afirma que la mayoría de empresas sí cumplió con lo establecido por la normativa 52-2010, por lo cual no debieran hacer ningún otro pago.
“Nosotros estamos en ley. Quienes no están en ley son las autoridades”, explica.
A esto se une que la Digessp no ha puesto plazo para que las empresas concluyan con la entrega de papelería, a lo cual Monge llama proceso de “readecuación”.
PELIGRO
La Dirección General de Control de Armas y Municiones refiere que hay 49 mil armas registradas a nombre de empresas de seguridad privada.
A ese número le corresponden 24 mil escopetas, 18 mil revólveres y siete mil pistolas tipo escuadra.
Según han denunciado organizaciones de derechos humanos, empresas no autorizadas exponen a la ciudadanía, pues su personal no está calificado para el uso de armas, no tienen estudio de su perfil psicológico y están sometidos a horarios extensos, en condiciones a menudo deplorables.
Una prueba de ello es el crimen contra la historiadora Patricia Samayoa Méndez, de 59 años, coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer en Ciudad y Género, quien el 3 de julio pasado fue ultimada por el guardia privado Mynor David Guevara, 35.
El hecho desató de nuevo cuestionamientos hacia la capacidad de Gobernación para regir a las empresas de seguridad privada.
Luego del hecho, la Digessp hizo público que la empresa Shield Security, para la cual labora el custodio, tiene sanciones, y aun así opera.
Además, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que la empresa, constituida en el 2007, ha tenido denuncias del robo de 280 armas de fuego.
Pero no solo esa compañía ha perdido armamento, las autoridades reportan que en el primer semestre de este año fueron robadas 215 escopetas, la mayoría a empresas de seguridad privada, en algunos casos tras haber matado al guardia.
DIVERSOS CRITERIOS
Édgar Trujillo, general retirado y presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad, al referirse al caso de Guevara, comenta: “Fue un hecho lamentable; es un caso aislado, porque no es la norma ni la doctrina. Somos proveedores de seguridad”.
La gremial tiene 91 empresas afiliadas, de acuerdo con Trujillo, y aunque Shield Security es una de las integrantes, refiere que cada compañía es “responsable” del entrenamiento de su personal.
“A los guardias siempre se les dice que no mantengan cartucho en recámara, y cuando no siguen los protocolos, ocurren accidentes como este”, dice Muñoz al respecto.
Lorena Escobar, analista en temas de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señala que no todas las empresas invierten en capacitación o entrenamiento.
“En el caso del guardia —Guevara—, entró en pánico, y parece que no fue bien entrenado y tuvo una capacitación débil. En este caso, la ley hace responsable de manera penal a la empresa”, afirma Escobar.
Recalca que no todas las empresas tienen criterios de selección de personal, pues solo les preocupa que sepan usar el arma y tengan la licencia de portación, con lo que dan por sentado que el agente tiene habilidades y capacidades”.
Fuente: Prensa Libre