Demandan mayor seguridad comerciantes de plazas del Edomex

Ciudad de México.- Comerciantes de plazas demandaron ayer más seguridad en esos centros ubicados en el Estado de México, pues consideraron que es alarmante la incidencia delictiva en ellos y son víctimas de grupos criminales de asaltantes y expolicías.

Apuntaron que los robos que más se cometen en sus pasillos el hurto violento de joyerías; a clientes; atracos de vehículos en estacionamientos; y el clásico cristalazo a carros para que los "amigos de lo ajeno" se lleven equipos de cómputo, aparatos de sonido, autopartes, radios y celulares.

En cambio, es buena la seguridad en plazas como Paseo Interlomas, Mundo "E", Galerías Atizapán, Multiplaza Aragón y el recientemente inaugurado centro comercial del Toreo de Cuatro Caminos.

La delincuencia se ha contenido por medio de equipos de seguridad pública interna, a su tecnología de punta con circuitos internos de videovigilancia, controles de acceso, así como el apoyo que algunos reciben de las corporaciones policíacas municipales y estatales. Por lo que toca a los centros comerciales con mayor riesgo, esto se debe a una deficiente seguridad interna y una rotación constante de empresas de seguridad privada, así como la falta de apoyo en tecnología y una falta de coordinación con las autoridades municipales y estatales.

Finalmente, todo esto aunado a una administración deficiente y descuidada del centro comercial hace que el riesgo se incremente y como siempre la clientela es la que paga.

Fuente: oem.com.mx

Confirman procesamientos por explotación laboral en taller que hacía uniformes policiales

La cámara Federal confirmó los procesamientos con prisión preventiva para los dueños de dos talleres clandestinos en donde personas eran explotadas para confeccionar uniformes policiales y empresas de seguridad privada.

Lo hizo la Sala II del Tribunal que ratificó los procesamientos por los presuntos delitos de "trata de personas agravado por haber sido cometido mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad, por la cantidad de víctimas, por la cantidad de autores y por haberse consumado la explotación".

Según consta en la causa, los tres acusados regenteaban talleres textiles en las calles Daract y Mom, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, y en donde una familia con dos hijos menores de edad y otras dos personas, todos de nacionalidad boliviana, trabajaban en la confección de prendas de vestir, entre ellas "uniformes policiales y de empresas de seguridad privada".

La denuncia la hizo uno de las personas explotadas en el taller que pudo escapar del lugar ante la Policía Metropolitana, y a partir del cual el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso un allanamiento en los que se "secuestró gran cantidad de telas, máquinas de coser y distintos elementos de costura".

Uno de los imputados "se encuentra inscripto en los registros de la AFIP como fabricador de productos textiles desempeñándose en dicha actividad desde el año 1993", según consta en la causa.

Los acusados "han desplegado mecanismos de captación, traslado y acogimiento o recepción que consistieron en haber ofrecido y brindado trabajo y alojamiento a los damnificados aprovechándose del contexto económico altamente desfavorable en el que se hallaban, para consumar la finalidad de explotación laboral en los talleres textiles de los cuales eran sus titulares responsables", tal cual señalaron los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

La Cámara Federal tuvo en cuenta que los ciudadanos extranjeros eran engañados con "un aviso de un periódico local para desempeñar la tarea de ayudante de costurero bajo la promesa de un sueldo mensual de 500 dólares".

Pues una vez en el lugar, se les imponía "jornadas muy extensas de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía, con escaso tiempo de descanso durante el transcurso de la misma".

"Todos desempeñaban sus tareas sin contar con un contrato que regule su actividad y, en consecuencia, sin contar con los beneficios que les corresponden tales como aportes jubilatorios, obra social. Los lugares allanados contaban con infraestructura deficiente, falta de calefacción e higiene, falta de mantenimiento y seguridad, como asimismo instalaciones eléctricas precarias; siendo destacar que allí era donde tanto trabajaban como vivían, pese a lo cual no contaban con llaves, siendo necesario solicitar permiso a los encargados para retirarse, cada vez, aún por escaso tiempo", según los jueces.

Fuente: noticias.terra.com.ar

Violencia y urbes latinoamericanas

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., de México, elabora una clasificación de las 50 ciudades más violentas del mundo entendiendo como tales, aquellas con altas tasas de homicidios no imputables a conflictos bélicos.

Al cierre al 2014 el informe situaba a San Pedro de Sula (Honduras), Caracas (Venezuela), Acapulco (México), Joao Pessoa (Brasil) y Distrito Central (Honduras), como las que ocupaban los cinco primeros lugares.

Llama la atención que en esas posiciones se encuentren ciudades latinoamericanas, pero más llamativo y preocupante es que de las 50 solo 7 estén fuera de la región.

En lo que respecta a Venezuela "su aporte" estuvo representado por Caracas (puesto 2), Valencia (puesto 7), Ciudad Guayana (puesto 12) y Barquisimeto (puesto 21).

¿Qué tienen en común las urbes latinoamericanas para que sean terreno fértil de la violencia? Una de las numerosas teorías que da explicación a este fenómeno, parte del crecimiento desordenado y sin planificación de las ciudades, lo que trae como consecuencia un déficit de servicios básicos entre los que se menciona la seguridad pública en todos sus aspectos.

En oportunidades esa necesidad busca ser cubierta por iniciativas privadas que son calificadas como "inmaduras". Generalmente en Latinoamérica los servicios de seguridad privada funcionan con mínimos controles por parte del Estado en aspectos elementales tales como la movilidad y resguardo de las armas de fuego, la calidad de la actualización profesional y los beneficios laborales del recurso humano que en la mayoría de los casos es de altísima rotación. En conclusión, lo que es considerada la región más peligrosa del mundo, dispone de un ejército de casi 4 millones de agentes privados en una industria que crece a un estimado del 9% anual y que para el 2016 podría estar facturando aproximadamente 30.000 millones de dólares. Salvo contadas excepciones, no existe un trabajo coordinado con los organismos de seguridad de cada Estado que garantice una eficiente gestión mancomunada.

Si enfocamos la mirada hacia la fuerza de seguridad pública, también podemos evidenciar factores comunes que nos hacen una región vulnerable. Cuando se analizan la cantidad de efectivos policiales que debería tener Latinoamérica en su conjunto, no son suficientes los actuales. Y es que la carrera policial no ha sido ni sigue siendo honestamente hablando, una de las más llamativas. Los recursos activos, en repetidas oportunidades han manifestado públicamente por mejoras de seguridad social básicas. Un funcionario policial estará más motivado si dispone de facilidades para adquisición de vivienda, becas de estudio para sus hijos, robustas pólizas de seguros en caso de incapacidad o muerte y un plan de carrera a largo plazo inmune a los cambios de actores políticos de turno, que realmente estén involucrados con la seguridad ciudadana de quienes los eligieron. Por otra parte debe contar con una fuerte y coherente institucionalidad y legislación, que le sirvan de respaldo a su gestión y que lo haga un elemento de respeto ante la sociedad. Los delincuentes han demostrado una vez tras otra que gracias a los recursos obtenidos de sus actividades ilícitas, disponen de los medios necesarios para enfrentar a la autoridad. La actividad del día a día exige de armamento y municiones en cantidad acorde a las operaciones, vehículos aéreos, acuáticos y terrestres diseñados específicamente para la gestión policial, sistemas de comunicaciones con tecnología de última generación y no menos importante, interacción con sus pares regionales para analizar las mejores prácticas y casos de éxito.

La entramada burocracia, lentitud extrema y una marcada corrupción a diferentes niveles ha hecho que el sistema judicial penal latinoamericano sea uno de los más deficientes del mundo. Los retardos procesales afectan a toda la población que como "clientes internos" esperan de decisiones que marcarán el resto de su existencia. ¿Tenemos un sistema conformado por abogados, fiscales, jueces e infraestructura que permita una aplicación confiable de la justicia?

El hacinado sistema carcelario latinoamericano se caracteriza por no disponer de suficientes funcionarios de carrera profesionales y una vez más, motivados al cumplimiento de su labor. La recuperación de quien debe pagar una deuda con la sociedad está condicionada, por las reglas de sobrevivencia que establecen los líderes delincuentes de cada centro penitenciario, quienes cuentan con el beneplácito de corruptos representantes de la ley. Las cárceles son un centro de negocios donde la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos, la venta de drogas y la prostitución son controladas generando importantes ganancias.

La realidad es que la recuperación de la seguridad de los espacios urbanos latinoamericanos es compleja, pero su abordaje eficiente solo será posible con la sincera voluntad política de los Estados, la participación del entorno privado y el compromiso de la ciudadanía.

Fuente: eluniversal.com

Policía frustra robo a camión blindado en San Martín

Cuatro agentes de seguridad privada resultaron heridos al no atender una señal de alto que la PNC les hizo al tener conocimiento que se había cometido asalto a un camión blindado, como en el que se conducían.

Cuatro miembros de una agencia privada de seguridad son investigados por la Policía Nacional Civil (PNC) por supuestamente intentar robar el dinero que transportaban en un vehículo blindado fingiendo que habían sido víctimas de un atraco.

El sábado por la madrugada la PNC recibió una llamada telefónica, sobre el robo de un camión blindado, por lo que montaron un dispositivo de seguridad en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de San Martín, de San Salvador.

Según indagaciones policiales, los guardias de seguridad transportaban una cantidad no determinada de dinero desde la ciudad de Cojutepeque, y al llegar al referido lugar, los custodios de valores no atendieron la señal de alto, por lo que los efectivos policiales dispararon contra las llantas a fin de que el conductor detuviera la marcha.

El hecho sucedió en las primeras horas del sábado y por la oportuna intervención del Sistema de Emergencia del 911, el robo no se logró concretizar.

Los cuatro ocupantes del automóvil blindado resultaron heridos y llevados al Seguro Social de Ilopango, aseguró Comandos de Salvamentos, aunque se desconoce cómo es que obtuvieron las heridas, ya que el camión es blindado.

La situación se maneja con total hermetismo por la empresa que transporta valores y por la PNC y esperan dar mayor información conforme avanzan las investigaciones.

Fuente: lapagina.com.sv