Se controlarán las condiciones de los trabajadores en base al convenio colectivo de trabajo de la ley 26.370.

La delegación Salta del Sindicato Unico de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra) habilitó el Registro Provincial de Personal de Control de Admisión y Permanencia en la provincia para reglamentar la actividad, controlar la situación de los trabajadores y certificar las competencias de los patovicas.

Para a analizar la nueva reglamentación, el personal de control de admisión y permanencia de público (CAP), conocidos como “patovicas”, se reunió en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio.

En la oportunidad se dieron a conocer a los trabajadores los puntos del Registro Público Provincial de los CAP; entre ellos, los requisitos y la articulación con la ley nacional que regula la actividad de los trabajadores de control.

A partir de la creación del registro, quienes lleven a cabo espectáculos musicales o de entretenimiento que se realicen en estadios, clubes, pubs, discotecas, bares, restaurantes u otros lugares, no sólo deberán contar con personal de control de admisión, sino que éstos deben estar matriculados.

Leer más: Entró en vigencia el registro de patovicas

Luego del sepelio de las cuatro personas que fallecieron tras la represión en Libertador General San Martín, la Corriente Clasista Combativa (CCC) local acusó a vigiladores del ingenio azucarero Ledesma de haber usado armas contra la multitud. "Las balas que mataron a estas personas, incluido al policía, salió del lado de la empresa", denunció el dirigente Enrique Mosquera. La abogada de la agrupación afirmó que "se están juntando pruebas porque nos vamos a presentar como querellantes adhesivo en la causa". En tanto, varias familias continúan con la toma del predio propiedad de la empresa y el juez que ordenó el desalojo pidió retomar la causa.

Según el dirigente, tienen "denuncias y testimonios de la gente que vio a gente de seguridad de Ledesma con arma de fuego". En el mismo sentido, la abogada de la CCC, Mariana Vargas, sostuvo que "los guardias de seguridad emplearon armas de fuego" aparentemente durante el desalojo del jueves que, además de los cuatro muertos, dejó 60 heridos.

Dijo que desde la agrupación "somos los más interesados en aclarar esto y no queremos que haya impunidad para ninguno, especialmente para Ledesma". No obstante, acotó que "todos son responsables, desde el Gobierno, el juez (Jorge Samman) que firmó la orden de desalojo".

Por otra parte, los familiares de las víctimas pudieron retirar anoche los cuerpos, tras las autopsias. Mientras, Mosquera dijo que "la gente sigue asentada en el predio y en la jornada de ayer, vimos que se acercó más gente con pocas pertenencias para asentarse".

"De acá no nos vamos y creemos que en la semana que viene, vamos a poder lotear y empezar a trabajar la tierra para construir", concluyó en diálogo con DyN.

En tanto, el dirigente Carlos "Perro" Santillán, uno de los fundadores en la década de 1990 de la CCC, cuestionó al gobierno de Jujuy por la represión y sostuvo que hay "votos cautivos" y "políticas sociales" para los "adscriptos al gobierno".

Por otra parte, luego de las vacaciones por feria judicial que se tomó luego de ordenar el desalojo de un predio de la empresa Ledesma en Libertador General San Martín que derivó en el asesinato de cuatro personas, Jorge Samman pidió hacer cargo nuevamente de la causa. También lo hará el fiscal original Carlos Cattan.

La información fue confirmada a DyN desde el departamento de prensa del Poder Judicial de Jujuy. Tras las vacaciones de Samman, quien se hizo cargo transitoriamente de la investigación fue la magistrada Carolina Pérez Rojas.

FUENTE: www.pagina12.com.ar

Múltiples robos se han registrado en el sector comercio de la ciudad donde los afectados han sido principalmente los centros comerciales, donde en algunos casos personal de seguridad privada logra retener y entregar a la policía a los delincuentes.

Según informes oficiales uno de los hechos más recientes es el robo al interior de una tienda Coppel, ubicada sobre el periférico Luis Donaldo Colosio, donde quedó detenido el de nombre Javier Pacheco Cota. Lo anterior después de que el señalado intentara robarse de la tienda comercial un par de tenis los cuales se puso y se echó a correr dejando los que traía puestos en el estante, pero fue alcanzado por empleados y guardias de Seguridad, por lo que fue entregado a la  policía. De la misma forma fue entregado a la autoridades Jorge Israel Vargas Duarte, quien había intentado sacar mercancía variada de la tienda Santa Fe, por lo que fue retenido y entregado a las  autoridades competentes. También fue frustrado el intento de robo de Jesús Sotelo Moreno,alias ´El Puma´, de 29 años de edad, vecino de la colonia Héroes, luego de que intentara sacar sin pagar seis botellas de shampoo del comercio denominado Súper del Norte. Otro asunto es el robo a la tienda de ropa Chica Boutique, ubicada en pleno centro de la ciudad donde fue detenido  Alberto Rodríguez Padilla de 31 años de edad, mismo que intentó robar un pantalón para dama el  cual arrebató de un aparador, siendo detenido por agentes municipales cuando intentaba huir. Las personas antes señaladas fueron puestas a disposición del Ministerio Público quien se encargara del deslinde de responsabilidades.

FUENTE: www.eldiariodesonora.com.mx

Peligro. Jueces, fiscales y abogados deben soportar todo tipo de amenazas. Sus familias son parte de esta situación que los ha obligado a tomar medidas de seguridad. El Estado no les brinda protección.

La aplicación de la justicia tiene un precio que el Estado no ha asumido hasta ahora. Y es que jueces yfiscales hacen su trabajo sin ningún tipo de seguridad personal, aun cuando muchos casos que llevan están relacionados con el narcotráfico.

Ni siquiera el presidente de la Corte Superior de Distrito, William Tórrez, cuenta con custodia policial. Su preocupación es tal que decidió portar un arma, tener un vehículo con vidrios polarizados y hasta ha pensado en instalar cámaras de vigilancia en su casa.

Su familia sabe del riesgo. Tórrez tuvo que contratar seguridad privada para su esposa y sus hijas. No están solas ni cuando van al colegio.

“No se puede tapar el sol con un dedo, hay ajustes de cuentas y autoridades jurisdiccionales que han sido amenazadas. No creo que solo yo me sienta inseguro, sino todos quienes administramos justicia”, admite.

Fernando Orellana, juez tercero de Instrucción en lo Penal, desde hace seis meses vive alejado de su familia por seguridad. “El bochi es conmigo, no con ellos”, dice con tono de nostalgia al explicar que solo de esa forma logró que su familia siga teniendo una vida normal y no como él, que debe entrar y salir de su casa y su trabajo, en el séptimo piso del Palacio de Justicia, acompañado de cuatro policías pagados por el Estado. Su caso es una excepción.

Según Orellana, andar así genera incomodidad incluso entre sus colegas de trabajo, pero lo debe hacer por seguridad. “Es algo que me ofrecieron y lo acepté, no fue porque lo haya pedido”, justifica.

Al ser consultado sobre si porta arma, Orellana solo responde: “No me pida desnudar mi seguridad”. Sin embargo, admite que desde que es juez, hace cuatro años y medio, se priva de reuniones con amigos y de hacer muy públicas algunas relaciones familiares. No faltan las llamadas que le llegan con mensajes anónimos. “Me dicen que tenga cuidado”, confiesa.

En la oficina de al lado, el juez sexto de Instrucción en lo Penal, Alberto Zeballos, optó por portar arma. Aún recuerda que en enero de 2009 un desconocido se aproximó a su domicilio y disparó; una bala impactó en la verja y otra a un metro de la puerta de ingreso a su casa. Zeballos denunció el hecho a la Policía, pero nunca se esclareció. Solo se supo que fue desde un auto negro con vidrios oscuros, que un vecino logró ver por casualidad. Sin embargo, decidió trasladarse a otra casa donde hay guardias  y cámaras de vigilancia.

Más de una vez recibió amenazas y llamadas de Palmasola, según dice. “No uso guardaespaldas, porque creo que sería una forma de provocar a la delincuencia”, asegura. Sus dos vehículos tienen vidrios polarizados.

Su hijo, Alberto Zeballos (23), que trabaja como abogado, recuerda que desde sus 18 años, cuando tuvo licencia de conducir, su padre siempre lo conminó a no llegar tarde, no salir en ciertas ocasiones o no juntarse con personas de dudoso accionar. “Como en Santa Cruz la delincuencia está por encima de la Policía, con robos y asesinatos, mi padre está más expuesto porque en el cumplimiento de la ley, siempre hay una parte que pierde y no está conforme”, explica el joven, que decidió seguir los pasos de su progenitor.

En los juzgados de sentencia la situación no es tan tensa, pero también hay preocupación. Gladys Alba, jueza técnica del tribunal primero de Sentencia, reconoce que el trabajo de sus colegas del área penal es complicada, porque “allí la gente llega con los ánimos caldeados”, por ser la primera etapa del proceso.

El día en que balearon al abogado penalista Denver Pedraza, Gladys escuchó los disparos y pudo ver desde su oficina, cómo se llevaron al jurista herido. Considera que debería haber mayor seguridad policial en el Palacio y, si es posible, cerrar el perímetro como se había pensado hace algún tiempo.

Roberto Achá, fiscal de sustancias controladas, se encomienda a Dios. “Mi familia y yo tenemos confianza en el Creador. Sé que es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo para resguardar a la sociedad”, enfatiza.

Como parte de su seguridad el fiscal usa un vehículo con vidrios oscuros, él y su esposa acompañan a sus hijos al colegio y toda su familia sabe que debe estar atenta cuando llega o sale de casa, es decir verificar si hay gente, vehículos o movimientos extraños, sin llegar a la sicosis.

El fiscal decidió no tener armas por protección a sus hijos y admite que el Estado tampoco le dio custodia policial. “Hace varios años, con el atentado a la extinta fiscal Mónica Von Borries, se vio conveniente que contemos con escoltas, pero por la escasez de efectivos policiales, las autoridades del Poder Judicial y la Fiscalía no contamos con ningún tipo de seguridad”, dice.

El presidente de la Corte Superior también coincide en este aspecto. “Dirán por qué (los jueces) no piden custodia policial, pero la Policía siempre se ha quejado de que no tiene el personal suficiente”, enfatiza.

En el Palacio de Justicia hay cerca de 30 efectivos que trabajan en dos turnos. “No es suficiente para una instalación tan grande como esta, hay que reforzar la seguridad”, asegura Tórrez atribuyendo esta tarea al Consejo de la Judicatura.

El Palacio cuenta con 17 pisos, allí trabajan al menos 73 jueces, sin contar el resto del personal. Los policías están apostados en las puertas de ingreso y salida, además de algunos pisos, sobre todo donde están los juzgados de materia penal. El control es básico. Las personas muestran su carné de identidad a la rápida, uno de los uniformados revisa un poco cada bolso o cartera y luego pasan por un detector de metales. A más de eso no hay nada.

Capacitación en defensa

Freddy Pérez | Fiscal de sust. controladas

El fiscal antidrogas Freddy Pérez, como pocos, ha tenido la oportunidad de haber hecho el curso Garras, en cuarteles de Umopar (en el Chapare). Junto a otros colegas aprendió a usar armas, a detectar si es perseguido, a salir de una situación de riesgo y otras medidas que le permitieron sentirse más seguro en operativos antidrogas, cuando a veces debe internarse en el monte para detectar fábricas de droga.

Lamenta que no les asignen custodia como en otros países, y aún está a la espera que se apruebe una solicitud de licencia para portar armas, además de que le proporcionen una.

“Contratar un guardia personal y comprarse un arma es caro, no da el sueldo”, justifica. Los fiscales ganan entre Bs 7.000 y 10.000 al mes, según la categoría. Los jueces, alrededor de Bs 8.500, según la antigüedad.

Ojalá que no sea como en Colombia

Beatriz Sandoval | Pdta. Corte Suprema

Existe mucha incertidumbre e inseguridad en todo lo que es la administración de justicia, tanto para los juzgadores como para los que vienen a buscar justicia.

Se debe reforzar la seguridad para los jueces, pero el tema de la inseguridad está en todo el país. En Santa Cruz ha habido un aumento de asaltos y atracos, esto ha rebasado gran parte de la labor de la Policía, porque no tiene el refuerzo necesario.

Dios quiera que no lleguemos a una situación como la de Colombia, pero vemos con mucha preocupación que el narcotráfico se incrementó, así como los ajustes de cuenta.

Solo el 1% del presupuesto del Tesoro General de la Nación se destina al Poder Judicial, lo cual es totalmente insuficiente para la asignación de mayor cantidad de jueces y personal, más para el tema de seguridad. También debería asignarse mayor presupuesto a la Policía.

Creo que es importante lograr mayor coordinación entre el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial para dar mayor seguridad a los administradores de justicia y a toda la sociedad.

Posiciones

Isabelino Gómez

Fiscal de Distrito

Después de la reunión con la Policía, en La Paz, hay una respuesta positiva: se están evaluando casos específicos de fiscales y es la Policía la que va a dar la seguridad, sobre todo a los que están llevando adelante casos delicados. El Estado tiene la obligación de proporcionar seguridad. El pedido de portar armas es algo que será evaluado y, si es necesario, se lo tiene que hacer.

Osvaldo Martirillo

1er Vicep. del Colegio de Abogados

En los años 80 se desarrolló el narcotráfico y tuvimos los mismos problemas de hoy. La economía del narcotráfico de alguna manera nos involucró a todos. Esto acabó con el asesinato del profesor Noel Kempff. El Gobierno debería atacar el fondo del problema tomando el control de la producción de coca y no dejar esto en manos de los cocaleros. Solo así se podrá frenar la violencia.

FUENTE: eju.tv