Correos trata de suavizar los efectos de la liberalización del sector postal e intenta eludir el IVA de sus servicios universales, los cuales, según dicta la Comisión Europea, están sujetos a este impuesto, y que le suponen unos ingresos de cerca de 1.700 millones de euros al año, según su Memoria. Así lo asegura su presidente, Alberto Lafuente, en la circular que ha mandado sobre las tarifas de 2011, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN. Es decir, si se aplica el 18%, se trata de casi 310 millones que el Estado dejará de recaudar y que suponen una ventaja competitiva de Correos sobre el resto de operadores.
En este documento, se asegura que, “a partir de 1 de enero de 2011, todos los servicios que preste Correos en el ámbito del servicio postal universal estarán exentos de IVA”. Sin embargo, esta exención la prohíbe la tercera Directiva postal, que entiende que es lo justo en un mercado liberalizado, en el que los operadores sólo recibirán una tasa de un fondo para garantizar el servicio universal.
Correos se escuda en la Segunda Directiva que la vigente ha derogado y que, según interpretó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no fijaba que el servicio universal esté exento en su totalidad, sino que tributa la parte que negocia el operador con sus clientes. En el caso de Correos, se trata del 80% de sus servicios, que establece con grandes empresas, comunidades autónomas o ayuntamientos. Le suponen cerca de 1.360 millones de euros de facturación al año.
Pero Correos incluso considera que esta parte del servicio, sus contratos con la Administración o con grandes empresas en concursos en los que compiten otros operadores que sí tributan en IVA, son “un servicio de interés general”, según ha dictaminado su equipo jurídico, “con el apoyo de la opinión de reputados despachos”.
Todo ello, cuando el organismo empieza el año con una nueva ley que cambia el marco del sector postal y que supone la profundización en la liberalización. Los operadores privados, la Comisión Nacional de Competencia y varios abogados lamentan que casi 20 años después de que entraran en España empresas de servicios postales y de que se asuma la liberalización que exige Europa, el Gobierno trate de mantener el monopolio de Correos.
El censo promocional
Entre los muchos aspectos que entran en juego con la Ley 43/2010, que regula el sector postal, está la Protección de Datos en lo que atañe al “censo promocional”, que previó ya la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en 1999, ante el gran número de multas derivadas del uso del censo electoral para fines de Márketing directo pese a que la Ley el Comercio Minorista lo permitía. Es una base de datos personales con los nombres, apellidos y domicilios de los ciudadanos que constan en el censo electoral.
Aún por desarrollar, se pretende que esté a disposición de quienes se dedican a la publicidad. Javier Fernández-Samaniego, socio director de Bird & Bird, explica que, “pese a que estaba regulado en la LOPD, se encontraba en vía muerta. Pues bien, la Disposición Final 2ª de la Ley Postal establece que en el 1 de enero de 2012 tiene que estar en funcionamiento, así que este año será un tema que dará que hablar”. A su juicio, “es el momento de intentar compensar el daño hecho a la industria del Márketing y la publicidad directa”.
FUENTE: www.expansion.com