Europa vive la fiebre del derecho al olvido en Internet desde hace semanas. El pasado 16 de marzo, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, anunció que antes del verano presentará una propuesta legislativa para protegerlo en las redes sociales.
El objetivo es que los usuarios puedan exigir a empresas como Facebook que borren completamente sus datos personales o fotos cuando se den de baja en el servicio. Además, el próximo 25 de mayo vence el plazo para que España se adapte a la Directiva de tratamiento de datos personales. La postura de la Agencia Española de Protección de Datos sobre estos asuntos es más conservadora que la de la UE, según muestra en sus resoluciones.
Ante este panorama, los equipos jurídicos de Google, Facebook, Microsoft y el resto de empresas afectadas preparan sus estrategias legales de cara a los pleitos pendientes que responden a sanciones de la Agencia y ante las demandas futuras que la entrada del derecho al olvido online en la agenda legislativa europea y española va a causar.
Los expertos consultados consideran que este derecho no está definido con claridad. Además del borrado de información que el propio ciudadano decidió colgar en una red social, también se está utilizando el concepto para demandar el control de los datos de terceros que aparecen en boletines oficiales o en hemerotecas online de periódicos.
En cualquier caso, Javier Fernández-Samaniego, socio director de Bird & Bird, recuerda que el actual marco normativo europeo ofrece mecanismos suficientes para concretar este derecho como el carácter revocable de todo consentimiento, el principio que garantiza la necesidad de suprimir o rectificar datos inexactos, los derechos a obtener del responsable del tratamiento, “la rectificación, supresión o bloqueo de los datos” y el derecho de oposición.
Javier Aparicio, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, apunta que su origen está en EEUU, donde un reducido número de sentencias han intentando sin éxito limitar la libertad de prensa que garantiza de forma absoluta la Constitución.
Sobre el gasto que supondrá para las empresas, Aparicio cree que “dependerá de a qué empresas afecte las modificaciones de los sistemas y en qué consistirán éstos; para Facebook probablemente suponga una inversión millonaria”. Además, añade que habría que plantear los gastos públicos en litigiosidaad, de la Agencia y de tribunales, que pueden ser muy cuantiosos.
La UE y España
El próximo 25 de mayo concluye el plazo de transposición de la Directiva 2009/136/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la intimidad.
La transposición en España es a través de modificaciones en la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones.
La Agencia de Protección de Datos constata que crece por momento el número de ciudadanos que solicita que tutele sus derechos. Hay unas 90 resoluciones sobre derecho al olvido, 5 de ellas, alguna sobre Google, están en la Audiencia Nacional.
FUENTE: www.expansion.com