• Un error en la Cámara de Google permitía que hackers espiaran a través de los dispositivos Android

    Un error en la Cámara de Google permitía que hackers espiaran a través de los dispositivos Android

     

    Un error de software en la Cámara de Google podía permitir que hackers controlasen las cámaras de los smartphones Android, así como tomar fotos y grabar vídeos incluso estando bloqueados, según un estudio de la compañía de seguridad Checkmarx.

    El equipo de Investigación de Seguridad de la compañía halló varias vulnerabilidades de la Cámara de Google al analizar un Google Pixel 2 XL y Pixel 3, derivadas de "problemas de omisión de permisos", como explican en el comunicado.

    Entre otras cosas, Checkmarx descubrió que un hacker podía controlar la aplicación para tomar fotos y grabar vídeos sin necesidad de exigir permisos concretos, incluso si el teléfono está bloqueado, la pantalla apagada o cuando el usuario está en medio de una llamada.

    La compañía ha explicado además que durante la investigación descubrió que estas vulnerabilidades de la Cámara de Google también afectan a otros proveedores de 'smartphones' con el sistema operativo Android, como Samsung, lo que "implica a cientos de millones de usuarios de smartphones".

    Asimismo, Checkmarx creó un escenario de ataque para eludir la política de permisos y descubrió que los hackers podrían tener acceso a vídeos y fotos almacenadas en los dispositivos, así como los metadatos de GPS asociados a ellos.

    Tras descubrir estos 'bugs', la empresa de seguridad notificó a Google, que confirmó que las vulnerabilidades no eran específicas de productos Pixel.

    "Google informó a nuestro equipo de investigación que el impacto fue mucho mayor y que se extendió a una parte de Android más amplia, con otros proveedores como Samsung que han reconocido que estos defectos también afectan a sus aplicaciones de cámara y han comenzado a tomar medidas", explica Checkmarx.

    Por su parte, Google agradeció a la compañía de seguridad por informarle sobre estas vulnerabilidades y afirmó que el problema se solucionó en sus dispositivos afectados mediante una actualización en Play Store de la Cámara de Google en julio de 2019. También distribuyó entre los fabricantes afectados.

    Checkmarx ha recomendado a los usuarios que se aseguren de que todas las aplicaciones de sus 'smartphones' estén actualizadas para una "mitigación adecuada y como práctica recomendada".

     

    TTCS Android google

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    Fuente: Lavanguardia

     

  • Un estudio revela vigilancia masiva por móvil con aplicaciones preinstaladas

    Una investigación dirigida por científicos españoles ha revelado que los móviles Android (de Google) monitorizan al usuario sin que él lo sepa y acceden a sus datos personales de forma masiva a través de un gran número de aplicaciones preinstaladas que apenas pueden retirarse del terminal.

    Las conclusiones de la investigación realizada por el Instituto IMDEA Networks con sede en Leganes y la Universidad Carlos III de Madrid se recogen en el artículo “An Analysis of Pre-installed Android Software”, que difunde hoy la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) debido al “impacto masivo” de sus resultados sobre la privacidad y la protección de los datos personales de los ciudadanos, explica la entidad en una nota.

    De hecho, la AEPD presentará este estudio y sus conclusiones en los subgrupos de trabajo del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), organismo de la Unión Europea del que forma parte la entidad junto a otras autoridades europeas de protección de datos y el supervisor europeo. La investigación incluye más de 82.000 aplicaciones preinstaladas en más de 1.700 dispositivos con sistema operativo Android fabricados por 214 marcas.


    Prácticamente en todos los fabricantes se ha detectado algún tipo de software preinstalado que utiliza acceso privilegiado sin conocimiento del usuario a recursos del sistema para la obtención de datos personales, según sus responsables.

    La conclusión es que existe un complejo sistema de desarrolladores y acuerdos comerciales con aplicaciones preinstaladas que disponen de permisos que no se corresponden con los originarios de Android para dar acceso a sus servicios sin posibilidad de que un usuario medio pueda desinstalarlas.

     

    Falta transparencia


    El problema es que “no hay transparencia” en torno a la actividad de esas aplicaciones que el usuario no tiene capacidad para desinstalar y que vienen predeterminadas con el terminal, ha explicado uno de los autores de la investigación, Narseo Vallina-Rodríguez, de IMDEA Networks.

    En ocasiones, puede que este haya dado el consentimiento para el acceso a un servicio pero en otros, puede ser totalmente inconsciente de qué está pasando con su información personal, añade el experto.

    Según el estudio, el modelo de permisos para el acceso a las aplicaciones preinstaladas en Android que son distintos a los que incluye por defecto el sistema operativo de Google, permite monitorizar y obtener información personal a nivel operativo sin conocimiento del afectado, por parte de “un gran número de actores”.

    Entre estos hay multitud de compañías que van desde fabricantes, hasta operadores, redes sociales, empresas multimedia, de videojuegos, de antivirus, y un sinfin más, que podrían obtener directamente beneficios por el acceso a esos datos de los usuarios para alguna actividad comercial o venderlos a otros agentes a cambio de dinero.

    De hecho, el informe pretendía revelar acuerdos comerciales entre vendedores de dispositivos Android y terceros, incluyendo organizaciones especializadas en la monitorización y rastreo de usuarios y en proporcionar publicidad en internet, así como detectar y analizar vulnerabilidades y otras prácticas opacas y analizar la transparencia en la información proporcionada al usuario.

    Se han identificado más de 1.200 compañías relacionadas con las aplicaciones preinstaladas, y más de 11.000 librerías (software incluido en las apps para proporcionar servicios añadidos) de las cuales muchas están relacionadas con actividades de publicidad y monitorización “on line” con fines comerciales.

    Un análisis exhaustivo del comportamiento del 50 % de las aplicaciones identificadas revela que una fracción importante de las mismas presenta comportamientos potencialmente maliciosos o no deseados, como muestras de malware, troyanos genéricos o software preinstalado que facilitaría prácticas fraudulentas. 

     

    TTCS proteccion de datos

     

    #agenciaespañoladeprotecciondedatos #protecciondedatos #usofraudulentodedatos 

     

    Fuente: Efefuturo

  • Videovigilancia, una de las reclamaciones planteadas con mayor frecuencia ante la AEPD

    Videovigilancia, una de las reclamaciones planteadas con mayor frecuencia ante la AEPD

     

    La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado su Memoria 2021, que recoge de forma exhaustiva las actividades realizadas, las cifras de gestión, los informes y procedimientos más relevantes del año, y un análisis de los retos presentes y futuros. La actividad de organismo en 2021 ha estado centrada de forma prioritaria en una doble vertiente: dar respuesta a los desafíos de protección de datos relacionados con la pandemia y seguir impulsando que aquellos que tratan datos se comprometan con la protección de la privacidad.

    En el primer bloque, la Agencia ha continuado participando en articular garantías para proteger los datos personales en los tratamientos relacionados con las medidas contra la COVID-19, tanto en un plano nacional como en el europeo a través del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD). En el segundo, en 2021 se puso en marcha el Pacto Digital para la Protección de las Personas, una iniciativa que ya cuenta con casi 400 entidades adheridas y que promueve la privacidad y la ética digital como un activo que las organizaciones deben tener en cuenta a la hora de diseñar sus políticas y sus estrategias.

    13.905 reclamaciones se presentaron ante AEPD en 2021

    En cuanto a las cifras de gestión, en 2021 se han presentado ante la AEPD 13.905 reclamaciones, un aumento de un 35% respecto a 2020. Esta cifra asciende a las 14.571 incluyendo los casos transfronterizos, los casos en los que la Agencia actúa por iniciativa propia y las quiebras de seguridad trasladadas a inspección.

    En 2021 las reclamaciones resueltas han aumentado un 35% (14.098) respecto al año anterior (10.443), una cifra muy destacable que ha permitido resolver reclamaciones pendientes de ejercicios anteriores sin que hayan aumentado significativamente los tiempos medios de resolución.

    En esos tiempos de tramitación de las reclamaciones hay que hacer una referencia a los traslados, una previsión recogida por la LOPDGDD para facilitar la resolución rápida de las reclamaciones y que ha permitido que estas se resuelvan en menos de dos meses.

    Durante el año 2021 se ha seguido trabajando en el Canal Prioritario para solicitar la retirada urgente de contenido sexual o violento publicado en internet sin el permiso de las personas que aparecen en ellos. Así, se han recibido 377 peticiones a través del Canal Prioritario, de las cuales 215 han entrado a través del canal de menores.

    En cuanto a las reclamaciones ordinarias, las planteadas con mayor frecuencia por los ciudadanos en 2021 corresponden a servicios de internet (16%), videovigilancia (12%), recepción de publicidad (excepto spam) (11%) e inserción indebida en ficheros de morosidad (9%). En cuanto a los procedimientos sancionadores, se finalizaron 585, un 49% más que en 2021. Las áreas más frecuentes en los procedimientos sancionadores son videovigilancia (25%), servicios de internet (22%), y publicidad a través de correo electrónico o teléfono móvil (9%).

    Se han realizado 264 resoluciones que han finalizado con la imposición de multa. Las seis áreas de actividad con mayor importe global de multas han sido la publicidad (8.659.200 euros), telecomunicaciones (6.500.000 euros), entidades financieras/ acreedoras (6.243.000 euros), ficheros de morosidad (4.209.000 euros), contratación fraudulenta (3.674.000 euros) y asuntos laborales (2.625.900 euros). Estas seis áreas suponen más del 90% del importe global de sanciones, que en 2021 ascendió a 35.074.800 euros.

    En cuanto a los casos transfronterizos, la AEPD ha iniciado 16 en 2021 y se ha declarado autoridad interesada en más de 300. Asimismo, se han recibido 1.070 peticiones de otras autoridades europeas, solicitudes de asistencia y consulta, y proyectos de decisión.

    En lo referente a las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la Agencia, de las 66 dictadas en 2021, 56 (el 85%) fueron desestimatorias o inadmitidas. Por su parte, el Tribunal Supremo ha dictado 4 sentencias, todas ellas favorables a la Agencia.

    Ciberincidentes, filtrado de datos…

    En cuanto a las notificaciones de brechas de datos personales realizadas ante la AEPD, estas son inicialmente recibidas por la División de Innovación Tecnológica (DIT), que realiza un primer análisis. La DIT ha recibido y analizado 1.647 notificaciones en 2021, de las que poco más del 4% (76) se han remitido a la Subdirección de Inspección por requerir de una investigación en profundidad. Las brechas de datos personales más frecuentes son las causadas por ciberincidentes de origen externo/malintencionado y, dentro de este tipo de incidentes, el ransomware es el más repetido. En paralelo, siguen en aumento los casos en los que el cifrado de los datos y/o los sistemas van precedidos de una filtración de información y su puesta a la venta en internet/darkweb.

    En lo relativo a las cifras de delegados de protección de datos (DPD) notificados ante la Agencia, 2021 se cerró con 82.249 DPD frente a los 65.040 DPD de 2020. De la cifra del año pasado, 74.033 corresponden al sector privado y 8.396 al sector público. Por lo que respecta a los servicios de ayuda que presta la Agencia para la adaptación al Reglamento, se han recibido casi 670 consultas a través del Canal del DPD, que da respuesta a las consultas que plantean los Delegados de Protección de Datos previamente notificados a la Agencia.

     

    AEPD memoria 2021 videovigilancia

     

    Fuente: Cuadernosdeseguridad