SANTA CRUZ DE TENERIFE. Las demandas de los equipos directivos han obligado a la Consejería de Educación del Gobierno canario a desarrollar la normativa que haga posible la utilización de servicios de videovigilancia en los colegios e institutos de las Islas. Esta demanda es "constante", reconoce el director general de Centros e Infraestructuras Educativas, José Regalado, quien sostiene que los responsables de los centros están "desesperados" por introducir elementos que intimiden y disuadan a los autores de los robos que, cada vez con mayor frecuencia, se cometen en el interior de estas instalaciones.
La Administración ha publicado recientemente la orden mediante la que se crea y regula el fichero de datos de carácter personal que da amparo legal a las cámaras de seguridad en colegios e institutos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos. Este instrumento es indispensable para poder poner en marcha estos dispositivos de vigilancia. Consiste, en esencia, en un protocolo de actuación que deben seguir los equipos directivos y que establece, detalla Regalado, "qué personas controlan estas grabaciones y el tiempo que debe transcurrir para destruirlas".
"Podría ocurrir que algún equipo directivo ponga a funcionar las cámaras sin autorización y nos veamos con el problema de que un padre denuncie que sus niños están siendo grabados sin ninguna garantía legal", explica el director general para dar una idea de la necesidad de contar con este instrumento.
Muchos centros cuentan ya con las instalaciones técnicas para la videovigilancia, pero la falta de desarrollo de esta normativa impide ponerlas en marcha por el momento. "En los nuevos proyectos de los centros los arquitectos están incluyendo las instalaciones de videocámaras, por lo que tenemos que ordenar el sistema de acuerdo a la ley; si no lo regulamos, la incumplimos", advierte Regalado.
Cuando en las imágenes se identifique algún delito, serán trasladadas a los juzgados. Si en las grabaciones no se registran incidencias, serán destruidas "inmediatamente", señala el director general de Centros e Infraestructura Educativa, quien confía en que el hecho de que las cámaras entren en funcionamiento en los centros actúe como un factor de disuasión hacia los autores de los robos.
La comisión de hurtos y otros actos delictivos en los institutos ha ido en aumento, admite Regalado. "Estamos detectando muchos hurtos en los colegios y los centros piden cámaras de vigilancia, algunos de forma insistente porque roban muy a menudo". El incremento de estos casos se produce, sobre todo, en la zona sur de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
Las normativas nacional y autonómica sobre el uso de videocámaras y la creación de ficheros de datos personales datan del año 2006. Preguntado sobre el porqué del retraso en desarrollarlas en el ámbito educativo del Archipiélago, José Regalado argumenta que antes "no había tanta demanda".
La orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias por la Consejería de Educación el pasado 8 de noviembre regula la captación y tratamiento de imágenes con fines de vigilancia en centros docentes públicos no universitarios, centros del profesorado, residencias escolares y otras dependencias, "siempre que la instalación o el mantenimiento de las videocámaras no sean responsabilidad de la Administración local".
FUENTE: www.eldia.es