Cataluña tiene 300 cámaras de seguridad instaladas en calles de 80 municipios

 

Cataluña tiene instaladas cerca de 300 cámaras de seguridad en las calles y plazas de un total de 81 municipios, según ha revelado en una entrevista el director general de la Administración de Seguridad, Andreu Joan Martínez.

Barcelona es la ciudad que más cámaras de seguridad tiene instaladas, hasta 35, seguida de otros municipios del área metropolitana como Sabadell (10) y Mataró (10).

También tienen cámaras otras ciudades del área metropolitana como L'Hospitalet, Badalona, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Terrassa, Sant Boi, Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí y Sant Just Desvern, entre otros.

Por provincias, hay un total de 59 municipios barceloneses con cámaras, en Girona hay 13, en Tarragona siete y en Lleida dos -Lleida ciudad y Tàrrega-.

Para Martínez, estos dispositivos "son buenos y contribuyen a mejorar la seguridad" siempre que se instalen bajo un estricto control de la proporcionalidad entre la seguridad pública y el uso del espacio y el derecho a la intimidad.

La decisión de instalar este tipo de cámaras parte de los ayuntamientos, que son quienes las solicitan ante la Conselleria de Interior por motivos de seguridad cuando detectan que una zona es conflictiva.

"Cuando un ayuntamiento se plantea una decisión de este tipo es porque hay una necesidad de seguridad" en puntos vulnerables, donde se detectan repuntes de los índices delincuenciales o por la presencia de establecimientos comerciales y ocio, ha indicado.

La Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, y en la que están presentes el fiscal jefe, representantes de Interior y de las entidades municipalistas, es quien hace el informe preceptivo para autorizar la instalación, y sin que ellos den el visto bueno, Interior no puede permitirla.

Su uso está regulado por un decreto de 1999 que contempla que las cámaras deben instalarse siguiendo criterios de "proporcionalidad" y siempre que haya un riesgo razonable para la seguridad pública.

Según Martínez, se han dado casos en que la comisión --"que hace un trabajo importantísimo"-- ha rechazado una propuesta, ya que en su examen debe garantizar el equilibrio entre garantizar la seguridad pública y respetar el derecho a la intimidad de los ciudadanos. CRECE SU USO

Las primeras cámaras se instalaron en el año 2000 y desde entonces ha ido creciendo su uso y cada vez hay más tendencia desde los ayuntamientos a reclamarlas, aunque no es "una tendencia masiva".

Según el director de la Administración de Seguridad, instalar estos dispositivos "está en la agenda de los ayuntamientos", que deben tirar adelante el proyecto cuando cuentan con un acuerdo del pleno, y que los ven como un elemento más para garantizar la seguridad.

En general, los vecinos valoran positivamente que se instalen cámaras en lugares conflictivos porque les da una percepción de más seguridad, aunque Martínez ha admitido que se han dado algunas quejas, que siempre se trasladan a la Agencia catalana de protección de datos

FUENTE:El Mundo.es