La seguridad se ha convertido en el último motivo de disputa entre las dos capitales canarias, enfrascadas desde hace tres semanas en un debate pleitista acerca de los supuestos tratos de favor y marginaciones que sufren. 
Si el primero en quejarse fue el alcalde de Las Palmas, Juan José Cardona (PP), ahora le toca el turno a Santa Cruz, cuyos responsables municipales, de CC y el PSC, se sienten discriminados por la Delegación del Gobierno. La queja parte de la negativa de este organismo estatal a activar cámaras de seguridad en lugares como el Parque García Sanabria. Por el contrario, en la capital grancanaria acaba de autorizarse la grabación de estos dispositivos en las zonas de Triana y Santa Catalina.
Si Cardona denuncia que el Gobierno de Canarias discrimina a Las Palmas, Santa Cruz considera que es el Gobierno de la Nación el que margina los intereses de la capital chicharrera.
Ayer, solo un día después de la puesta en funcionamiento de nuevas dos cámaras de videovigilancia en Las Palmas, el alcalde, José Manuel Bermúdez, aseguró que "espera y desea que a Santa Cruz se le trate igual que a Las Palmas" en relación a la activación de estos dispositivos en el Parque García Sanabria. 
La administración chicharrera aguarda desde hace más de cinco años el visto bueno por parte de la comisión de videovigilancia de Canarias para encender los 24 aparatos colocados en el mayor espacio verde del casco capitalino con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y visitantes. 
"Hemos pedido y volveremos a pedir la autorización para poner en marcha estas cámaras", informó el regidor, quien además subrayó la importancia de estos instrumentos como medida disuasoria y para evitar fenómenos como el botellón y los actos de vandalismo en el interior del recinto. 
Derecho a la intimidad
Hasta la fecha, la comisión de videovigilancia ha rechazado de manera sistemática todas y cada una de las peticiones por parte del Consistorio santacrucero y de la Gestora de usuarios del Parque García Sanabria. En su opinión, el índice de delitos que se producen en el interior de este espacio verde no justifica la activación de las cámaras de videovigilancia. En virtud de estos datos, la comisión ha optado por hacer prevalecer el derecho de intimidad de los usuarios del recinto sobre la seguridad de los mismos. 
Esta postura, no obstante, evidencia la diferente barra de medir que emplea hasta el momento la comisión de videovigilancia de Canarias ala hora de autorizar o denegar la instalación y puesta en marcha de estas herramientas. 
Y es que las cámaras recién estrenadas en la capital grancanaria se encuentran en zonas "muy seguras", según afirmó el pasado lunes Claudio Rivero, el director de Gobierno y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas. En su opinión, los nuevos aparatos de videovigilancia están más dedicados a garantizar el descanso de los vecinos ante posibles escándalos que a detectar posibles delitos en sus aledaños.
Según José Manuel Bermúdez, es "sorprendente" el criterio empleado para autorizar la instalación y posterior puesta en funcionamiento de estas cámaras. "Es sorprendente que a Las Palmas les concedieran no solo las que pidieron, sino más", apuntó. El alcalde también cuestionó la colocación de dichos instrumentos en unas zonas con un nivel "muy bajo de delincuencia" mientras a Santa Cruz se le niega la activación de sus cámaras. 
Las palabras de Bermúdez van en las misma línea que las de la responsable de Seguridad Ciudadana de la administración chicharrera, Carmen Delia González. El pasado mes de marzo, y después de conocerse la autorización de la Comisión al Ayuntamiento de Las Palmas para instalar estas nuevas cámaras de videovigilancia, la edil ya hizo hincapié en el diferente criterio empleado para aprobar o denegar estos instrumentos.
Según afirmó, "no sería lógico" que la Comisión volviese a rechazar la solicitud por parte del Ayuntamiento santacrucero para poner en funcionamiento las cámaras existentes en el García Sanabria. Carmen Delia González emitió entonces un mensaje de confianza hacia los integrantes de la Comisión de cara a una nueva petición por parte del Ejecutivo local. 
"Confiamos en que los nuevos responsables policiales y políticos entiendan la demanda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero sobre todo, de los vecinos de esta ciudad, que llevan esperando varios años a que se proceda a la puesta en macha de este sistema", comentó la responsable de Seguridad Ciudadana y Movilidad.
La intención del Gobierno local no es solo que el organismo dependiente de la Delegación del Gobierno dé su visto bueno al uso de las cámaras del Parque García Sanabria, sino también incluir en la petición un nuevo sistema de videovigilancia en el Parque de La Granja y la reactivación de otras tres cámaras presentes en otros puntos del municipio como la Calle Castillo, la Avenida de los Príncipes y el barrio de Añaza. 
Estos últimos instrumentos de vigilancia permanecen fuera de servicio desde la primavera del pasado 2011, cuando caducó el permiso expedido durante el año 2006 por la comisión de seguridad de Canarias.

Fuente: http://www.laopinion.es