La entrada en vigor de esta línea telefónica el pasado enero ha sido una de las decisiones más polémicas del Departamento de Interior en el mandato de Rodolfo Ares. Surgida a rebufo de los recortes a los funcionarios aprobados por el Gobierno vasco, esta medida, específica de la Ertzaintza, contempla reducciones del sueldo de los agentes que no comuniquen a un equipo médico todos los datos que se les exijan a la hora de coger una baja.
La resolución de la Agencia Vasca de Protección de Datos se ha producido a requerimiento de Sipe. Fuentes de la central explicaron ayer a DEIA que han informado de la misma a los máximos responsables de Interior, así como a los facultativos de la Línea 900, con el fin de advertirles de que pueden incurrir en una ilegalidad si mantienen este servicio activo.
Otro fallo en contra Tras la reciente anulación judicial del traslado forzoso de un subjefe de la Er-tzaintza, otra sentencia acaba de declarar ilegal la convocatoria de una treintena de plazas -como en el caso anterior, a través de comisiones de servicio- de agentes primeros, suboficiales y oficiales para la Brigada de Refuerzo, creada por Ares. El fallo denuncia "graves defectos de procedimiento" por la "inobservancia del carácter excepcional del proceso" y por la "falta de configuración legal de las plazas". Por ello, anula la resolución del 20 de octubre de 2010 por la que se ofertaron los puestos, toda vez que se tenía que haber llevado a cabo una convocatoria abierta y creado las plazas en propiedad.