Consumidores expresaron reparos a proyecto de deuda consolidada a Comisión de Economía de la Cámara

Plantearon que se debe mantener como premisa que los datos, tanto negativos como positivos, son propiedad del consumidor.

por La Tercera

Variados reparos presentaron ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados las asociaciones de consumidores respecto del proyecto que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio, al tiempo que pidieron avanzar primero en la concreción de otros cuerpos normativos relacionados, como son el de protección de los datos privados y sobre emisores de tarjetas de crédito.

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) indicó que están de acuerdo parcialmente con la consolidación de información comercial, ya que “hipotéticamente puede traer algunos beneficios para los consumidores”.  Sin embargo, acotaron, también implicará la existencia de datos sobre el nivel real de sobreendeudamiento de cada persona.

Sostuvieron que se debe mantener como premisa que los datos, tanto negativos como positivos, son propiedad del consumidor; no podrán transferirse, ni comercializarse; y sólo podrán utilizarse para fin que el consumidor autorice. Además, pidieron que se establezcan multas elevadas para inhibir cualquier utilización indebida de estos preceptos.

Asimismo, estimaron que se debe prohibir la autorización para utilizar datos personales en los contratos de todo tipo y refutaron que se incorpore la morosidad de la Tesorería General de la República o laborales, como se propone.

En ese sentido,  afirmaron que “no existe un equilibrio en los derechos de los titulares de la información respecto de lo aportantes  y distribuidores” y, aunque reconocieron que se puede impugnar los datos y exigir su corrección, recalcaron que no hay una protección efectiva mientras el proceso de impugnación se resuelve, ya que los datos siguen accesible en el sistema.

Por su parte,  la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) agregarón que el proyecto es redundante, porque la actual legislación exige el consentimiento para tratar los datos sensibles, por lo que estimaron más oportuno avanzar en crear una agencia de protección de datos que sancione el incumplimiento.

Por ello, consideraron que es una iniciativa “pro acreedor”, “porque las enormes asimetrías que existen en el mercado hacen ilusorio pensar que los consumidores van a poder ejercer realmente el control sobre sus datos personales” y porque el consentimiento se convierte en requisito para acceder al crédito, lo que elimina todo carácter de voluntariedad del mismo, ello sin considerar el inconveniente de que éste se entrega en relación a la duración del crédito (es decir, si es un crédito hipotecario a 30 años, este consentimiento será por ese periodo).